La estrategia de seguridad del Gobierno federal ha dejado más de 60 mil detenidos, pero al mismo tiempo ha colocado sobre la mesa un desafío para las autoridades: contar con capacidad penitenciaria suficiente para recibirlos.
La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que existen centros de detención sobresaturados y adelantó que su Administración trabaja con los gobiernos estatales para ampliar los espacios disponibles.
«Hay muchos lugares de detención que están sobresaturados y nosotros tenemos que cuidar también los derechos humanos de todas y de todos. Estamos buscando el esquema con distintas entidades de la República para que puedan ampliarse en un esquema humanista», afirmó esta semana.
De acuerdo con los últimos datos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, los centros penitenciarios del País tienen capacidad conjunta para alrededor de 228 mil personas, pero albergan a más de 270 mil. La sobrepoblación nacional se ubica así en 18.37 por ciento.
México cuenta con 14 centros penitenciarios federales, 248 estatales y 13 administrados por la Ciudad de México. Es precisamente en los sistemas locales donde se concentra buena parte de la presión y donde persisten problemas asociados con seguridad, autogobierno y control de grupos criminales.
Veracruz es uno de los casos más críticos. Hasta junio de 2026, sus centros penitenciarios registraban una sobrepoblación de 50.95 por ciento, la tercera más alta del País.
Ante ese escenario, una de las alternativas es el Centro Federal de Readaptación Social de Papantla, Veracruz, un complejo de máxima seguridad que permanece sin operar pese a contar con infraestructura para recibir a más de 2 mil personas privadas de la libertad.
Su puesta en operación permitiría sumar capacidad sin esperar la construcción de un nuevo penal y abriría la posibilidad de trasladar a internos de alta peligrosidad que actualmente permanecen en centros estatales.
El movimiento tendría un segundo efecto: liberar espacios en las cárceles locales y facilitar una mejor clasificación de los internos, al concentrar a los de mayor peligrosidad en instalaciones diseñadas para condiciones de alta seguridad.
La alternativa también coincide con el modelo penitenciario que plantea el Gobierno federal. Claudia Sheinbaum ha señalado que la estrategia que prepara el Gabinete de Seguridad no se limitará a ampliar la infraestructura, sino que contempla fortalecer la reinserción social y establecer esquemas diferenciados para primodelincuentes.
La eventual apertura de Papantla permanece bajo análisis y no resolvería por sí sola la saturación del sistema. Sin embargo, permitiría aprovechar la infraestructura ya construida para comenzar a liberar presión sobre los centros estatales, mientras el Gobierno federal y las entidades definen cómo ampliar la capacidad penitenciaria.
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La estrategia de seguridad del Gobierno federal ha dejado más de 60 mil detenidos, pero al mismo tiempo ha colocado sobre la mesa un desafío para las autoridades: contar con capacidad penitenciaria suficiente para recibirlos.
La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que existen centros de detención sobresaturados y adelantó que su Administración trabaja con los gobiernos estatales para ampliar los espacios disponibles.
«Hay muchos lugares de detención que están sobresaturados y nosotros tenemos que cuidar también los derechos humanos de todas y de todos. Estamos buscando el esquema con distintas entidades de la República para que puedan ampliarse en un esquema humanista», afirmó esta semana.
De acuerdo con los últimos datos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, los centros penitenciarios del País tienen capacidad conjunta para alrededor de 228 mil personas, pero albergan a más de 270 mil. La sobrepoblación nacional se ubica así en 18.37 por ciento.
México cuenta con 14 centros penitenciarios federales, 248 estatales y 13 administrados por la Ciudad de México. Es precisamente en los sistemas locales donde se concentra buena parte de la presión y donde persisten problemas asociados con seguridad, autogobierno y control de grupos criminales.
Veracruz es uno de los casos más críticos. Hasta junio de 2026, sus centros penitenciarios registraban una sobrepoblación de 50.95 por ciento, la tercera más alta del País.
Ante ese escenario, una de las alternativas es el Centro Federal de Readaptación Social de Papantla, Veracruz, un complejo de máxima seguridad que permanece sin operar pese a contar con infraestructura para recibir a más de 2 mil personas privadas de la libertad.
Su puesta en operación permitiría sumar capacidad sin esperar la construcción de un nuevo penal y abriría la posibilidad de trasladar a internos de alta peligrosidad que actualmente permanecen en centros estatales.
El movimiento tendría un segundo efecto: liberar espacios en las cárceles locales y facilitar una mejor clasificación de los internos, al concentrar a los de mayor peligrosidad en instalaciones diseñadas para condiciones de alta seguridad.
La alternativa también coincide con el modelo penitenciario que plantea el Gobierno federal. Claudia Sheinbaum ha señalado que la estrategia que prepara el Gabinete de Seguridad no se limitará a ampliar la infraestructura, sino que contempla fortalecer la reinserción social y establecer esquemas diferenciados para primodelincuentes.
La eventual apertura de Papantla permanece bajo análisis y no resolvería por sí sola la saturación del sistema. Sin embargo, permitiría aprovechar la infraestructura ya construida para comenzar a liberar presión sobre los centros estatales, mientras el Gobierno federal y las entidades definen cómo ampliar la capacidad penitenciaria.
Diario MX
