Washington— El representante Joaquin Castro ha realizado siete visitas al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley —una localidad tranquila al suroeste de su distrito de San Antonio— desde que la administración Trump lo reabrió el año pasado. Allí ha conocido a inmigrantes que han captado la atención y generado indignación a nivel nacional: desde unos hermanos adolescentes que tocaban mariachi hasta Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años detenido mientras llevaba puesto un gorro de conejo y una mochila de Spider-Man.
Sin embargo, en sus visitas al centro de detención migratoria, Castro ha conocido a muchos otros detenidos cuyas historias le dejaron huella, a pesar de haber recibido poca o ninguna atención mediática. Entre ellos, cuatro mujeres embarazadas a las que conoció a principios de año y que ya no estaban en su siguiente visita, pues habían sido deportadas o puestas en libertad. Migrantes venezolanos en quienes pensó tras los recientes y mortales terremotos que devastaron Caracas, preguntándose cómo habrían salido librados sus familiares mientras ellos permanecían tras las rejas. Un bebé de dos meses que había pasado casi la mitad de su vida en Dilley, la única instalación del país que mantiene recluidos a padres inmigrantes junto con sus hijos.
Al caminar entre el complejo de remolques donde se aloja a los inmigrantes, cuenta Castro, “la gente se acerca y nos cuenta sus historias. Hay niños que muestran un rostro impasible; es su forma de afrontar la situación. Y otros que se muestran muy emocionales y lloran. A menudo, las personas se derrumban durante las conversaciones con nosotros”.
El remoto centro de detención del sur de Texas reabrió sus puertas semanas después de que el presidente Donald Trump emitiera una orden ejecutiva –el mismo día de su regreso a la Casa Blanca– instruyendo al gobierno a utilizar todos los “recursos legalmente disponibles” para habilitar más centros de detención de inmigrantes. En el año y medio transcurrido desde entonces, la campaña de deportaciones masivas de Trump ha llevado a la cárcel a un número creciente de inmigrantes indocumentados. El mes pasado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EU informó que mantenía bajo custodia a un promedio diario de 65,000 personas en sus instalaciones, una cifra superior a las aproximadamente 37,000 registradas hace dos años bajo la administración Biden.
A medida que ha aumentado la población detenida, también se han incrementado las muertes bajo custodia y las denuncias de negligencia, malos tratos y condiciones inhumanas dentro de los centros.
Acceso restringido
La lista de personas autorizadas para ingresar a los centros de detención del ICE es restringida; aparte de los funcionarios y el personal de la agencia, solo pueden entrar empleados de las empresas penitenciarias privadas contratadas para operar la mayoría de los centros. Los miembros del Congreso y su personal forman parte de una lista selecta que, por lo demás, incluye a profesionales de la salud, representantes legales de los detenidos, amigos y familiares (en horarios limitados), funcionarios consulares y miembros del clero.
La mayoría de los demócratas de la delegación congresional de Texas han visitado al menos un centro y algunos, incluido Castro, han llevado consigo a colegas de otros estados. En el año fiscal 2025, los miembros del Congreso realizaron más de 160 visitas de supervisión –según Axios–, ejerciendo esta facultad con mucha mayor frecuencia que durante el primer mandato de Trump.
Para estos legisladores, el acceso restringido a las instalaciones confiere un peso adicional a sus visitas de supervisión. La información que transmiten a partir de sus observaciones personales, las conversaciones con los detenidos y los interrogatorios a los funcionarios constituye una de las pocas ventanas que tiene el público para conocer lo que sucede dentro de los centros de detención federales. Asimismo, algunos detenidos ven en estos legisladores visitantes una vía crucial para lograr que sus casos sean escuchados.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han sostenido que los inmigrantes reciben una atención de calidad mientras permanecen bajo custodia del ICE.
“Cualquier afirmación de que existen condiciones deficientes en los centros de detención del ICE es FALSA”, declaró el DHS en respuesta a consultas para este reportaje, citando a un portavoz no identificado. “Todos los detenidos reciben comidas adecuadas, agua de calidad, mantas y atención médica, además de tener oportunidades para comunicarse con sus familiares y abogados. El ICE aplica estándares de detención más elevados que la mayoría de las prisiones estadounidenses que albergan a ciudadanos de EU”.
Sin embargo, los miembros demócratas del Congreso por Texas que han visitado las instalaciones afirmaron que lo que vieron en su interior les resulta inquietante. Tanto Castro como la otra representante que visita con mayor frecuencia los centros de detención del ICE —la congresista de El Paso, Verónica Escobar— han relatado casos de negligencia médica y testimonios de inmigrantes que afirmaban recibir alimentos de mala calidad. Ambos describieron sus interacciones con funcionarios federales que, según ellos, se han mostrado opacos respecto al funcionamiento de los centros de detención y reacios a exigir responsabilidades a los operadores privados contratados para gestionarlos.
Escobar ha visitado Camp East Montana —un extenso complejo de tiendas de campaña situado en la base de Fort Bliss, dentro de su distrito— en diez ocasiones desde su apertura hace un año. Actualmente, este centro alberga a más inmigrantes diariamente que cualquier otro en el país y ha incumplido decenas de normas federales de detención, según los hallazgos de una inspección federal publicados a principios de este año. Otro informe federal de junio reveló que las instalaciones presentaban “graves deficiencias en los servicios médicos”, una realidad que Escobar dijo haber presenciado de primera mano, observando el deterioro físico y mental de los detenidos.
En un caso concreto, recordó haber hablado con un detenido que describía un dolor constante en el antebrazo tras haber sufrido una lesión durante su arresto en la zona de Minneapolis. Escobar relató que conoció al hombre cuando este ya llevaba semanas bajo custodia; él le contó que, a pesar de haber suplicado atención médica, solo le habían dado aspirinas y una férula para el brazo.
“Le pregunté si podía verle el brazo”, contó ella. “Se quitó la férula. Se podía ver la fractura: el brazo nunca había sido reducido ni enyesado”.
Al consultarle sobre el relato de Escobar, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el detenido en cuestión había sido arrestado en Minnesota poco después de la Navidad.
El hombre “afirmaba tener una fractura de muñeca derivada de un incidente anterior”, señaló el DHS en un correo electrónico enviado al *Tribune*; en dicho mensaje, la agencia confirmó que se le “recetó medicación para el dolor mientras estaba bajo custodia del ICE”, pero no mencionó ninguna otra atención médica.
“Un juez de inmigración emitió una orden definitiva de expulsión el 10 de febrero”, continuaba el correo del DHS. “El 21 de febrero, el ICE se vio obligado a liberar a este inmigrante ilegal después de que un juez activista nombrado por Biden ordenara su puesta en libertad. El ICE seguirá luchando por su detención y expulsión de los Estados Unidos”.
Condiciones de las instalaciones
Funcionarios del ICE también han refutado otras acusaciones sobre las malas condiciones, sosteniendo que los detenidos reciben tres comidas diarias evaluadas por nutricionistas, además de agua limpia, ropa y ropa de cama. En su respuesta por correo electrónico para este reportaje, la agencia también afirmó que es una “práctica establecida desde hace mucho tiempo brindar atención médica integral desde el momento en que un extranjero entra bajo custodia del ICE”, argumentando que las instalaciones ofrecen una mejor atención médica que la que muchos inmigrantes habían recibido fuera de los centros de detención.
Tanto Castro como Escobar han pasado meses transmitiendo relatos de detenidos, así como otra información recopilada, que —según dicen— presentan una realidad opuesta. Ambos afirmaron haber escuchado a inmigrantes bajo custodia que fueron tratados únicamente con aspirina para problemas médicos que requerían una atención más seria.
“La atención médica es probablemente la mayor queja y preocupación, porque cada vez que vamos de visita, hay personas que se acercan y dicen: ‘Se supone que debo tomar [cierta] medicación y no la he recibido a tiempo’ o ‘No he podido tomarla cuando correspondía’”, dijo Castro. “En Dilley, hubo una adolescente que sufrió apendicitis y no fue atendida durante horas. Por lo tanto, la atención médica a menudo se retrasa o se niega”.
En su respuesta por correo electrónico, el DHS calificó las acusaciones sobre las condiciones deficientes en Dilley como un “engaño” y criticó duramente al Tribune por difundirlas.
“Los medios de comunicación están claramente desesperados por que estas acusaciones de condiciones inhumanas en esta instalación sean ciertas”, escribió la agencia. “Estos son los hechos: Dilley cumple con las normas federales de detención y, de hecho, se somete a auditorías e inspecciones periódicas”.
Castro ha pedido el cierre de Dilley, mientras que Escobar ha exigido lo mismo para Camp East Montana; estas son las instalaciones que cada uno ha visitado con mayor frecuencia.
“Considero que mi función es asegurar que cumplamos con nuestra obligación, que tratemos a las personas con humanidad y que el dinero de los contribuyentes no se desperdicie, sino que se utilice de manera eficiente”, dijo Escobar. “Pero, por lo que he visto, a las personas que están allí sobre el terreno realmente no les importa, y la situación ha empeorado con el tiempo”.
El puesto de Escobar en el comité de la Cámara de Representantes encargado del gasto gubernamental le otorga voz y voto sobre cómo el ICE utiliza sus fondos, mientras que Castro es el demócrata de mayor rango en el subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, el cual tiene jurisdicción sobre la política de EU hacia América Latina. Ambos representan comunidades con una gran población inmigrante y han sido críticos abiertos de la política migratoria de Trump desde su primer mandato.
Ambos demócratas señalaron que ha sido más difícil obtener información durante el segundo periodo de Trump, ya que algunos centros facilitan el acceso y la información más que otros. Además, al ser minoría en la Cámara, no pueden obligar a que se presenten testimonios ni iniciar investigaciones especiales.
“Ahora todo es mucho más reservado”, afirmó Castro. “El ICE y la administración no sienten la obligación de dar explicaciones, a menudo ni siquiera a los miembros del Congreso que tienen facultades de supervisión”.
El ICE mantiene detenidos a inmigrantes en más de 150 instalaciones en todo el país, que van desde cárceles del condado y centros de procesamiento hasta extensos complejos de detención.
Texas alberga 26 de estos centros, la cifra más alta con diferencia entre todos los estados. Su población de detenidos —16,450 a principios de julio, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)— es también la mayor. Alrededor del 24 por ciento cuenta con al menos una condena penal.
Nuevos líderes, nuevas reglas
Tanto Castro como Escobar explicaron que deben decidir cuándo actuar entre bastidores y cuándo utilizar sus plataformas para ejercer presión pública, dependiendo de la información o del cambio de política que busquen.
Castro comentó que ha trabajado en casos que nunca llegaron a sus redes sociales, a veces tras consultar con los abogados de los detenidos y funcionarios del ICE, quienes le indicaron que su intervención sería más útil si se mantenía al margen.
Escobar señaló que su estrategia se centra en dar a conocer las condiciones que enfrentan los detenidos, tanto ante la opinión pública como a puerta cerrada.
“He intentado influir en quienes trabajan sobre el terreno señalándoles —tanto a los contratistas como al personal del ICE— lo que está ocurriendo”, afirmó. “Esta persona lleva semanas sin recibir su insulina. Miren estos sobres de champú: los usan para lavar su ropa porque nadie se encarga de lavársela. O miren a este grupo de mujeres que llevan tres semanas detenidas sin haber podido llamar a sus abogados”.
Castro también señaló que las autoridades federales se han vuelto más herméticas en los últimos meses, tras la destitución de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y la confirmación de Markwayne Mullin como nuevo titular de la agencia. El congresista afirmó que su acceso a los detenidos también se ha visto restringido bajo la nueva dirección.
Anteriormente, cuando un miembro del Congreso programaba una visita, el personal del centro colocaba una lista para que los detenidos interesados pudieran inscribirse y reunirse con él. En las visitas de Castro, a veces llegaba a haber hasta 300 personas inscritas para hablar con él. Ahora, según explicó, debe presentar un formulario con antelación para hablar con detenidos específicos.
El ICE detalló estos cambios en un memorando de mayo, argumentando que eran necesarios porque las visitas de los legisladores se habían vuelto cada vez más disruptivas y exigentes en cuanto a recursos.
El portavoz del DHS subrayó que la alta frecuencia de visitas de legisladores había pasado factura, aunque señaló que cualquier miembro del Congreso todavía puede solicitar hablar con un detenido bajo custodia del ICE. Los funcionarios de la agencia facilitan dichas reuniones cuando ambas partes están de acuerdo, indicó el portavoz.
“En el año fiscal 2025, facilitamos más visitas de congresistas a los centros que en cualquier otro año de la administración Biden-Harris”, añadió el portavoz. “Estas solicitudes deben formar parte de actividades legítimas de supervisión parlamentaria y, con demasiada frecuencia, se trata simplemente de actos mediáticos. Sin el apoyo adecuado, tales visitas ponen en peligro la seguridad del personal del ICE, de los detenidos y de los propios miembros del Congreso”.
Los legisladores demócratas podrían obtener mayores facultades de supervisión si su partido logra la mayoría en las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Obtener el control de la cámara implicaría presidir las comisiones, con la potestad de convocar audiencias, fijar la agenda y obligar a los funcionarios de la administración a testificar. Esto también podría dar lugar a investigaciones formales sobre el trato que reciben los detenidos bajo custodia y sobre cómo se adjudicaron los contratos para la gestión de los centros de detención.
Castro afirmó que, si su partido logra hacerse con el control de la Cámara, quiere que se cree una comisión especial para investigar al ICE, incluidas las muertes bajo custodia y las ocurridas a manos de sus agentes. También desea impulsar una reforma integral de la agencia, aunque es probable que cualquier cambio de este tipo se tope con el veto de Trump, en caso de que llegara a prosperar.
“No creo que, por el bien del país, el ICE pueda seguir existiendo tal como está hoy durante los próximos años”, declaró Castro. “Simplemente se ha vuelto demasiado abusivo, opera al margen de la ley y ha crecido de forma desmesurada”.
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Washington— El representante Joaquin Castro ha realizado siete visitas al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley —una localidad tranquila al suroeste de su distrito de San Antonio— desde que la administración Trump lo reabrió el año pasado. Allí ha conocido a inmigrantes que han captado la atención y generado indignación a nivel nacional: desde unos hermanos adolescentes que tocaban mariachi hasta Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años detenido mientras llevaba puesto un gorro de conejo y una mochila de Spider-Man.
Sin embargo, en sus visitas al centro de detención migratoria, Castro ha conocido a muchos otros detenidos cuyas historias le dejaron huella, a pesar de haber recibido poca o ninguna atención mediática. Entre ellos, cuatro mujeres embarazadas a las que conoció a principios de año y que ya no estaban en su siguiente visita, pues habían sido deportadas o puestas en libertad. Migrantes venezolanos en quienes pensó tras los recientes y mortales terremotos que devastaron Caracas, preguntándose cómo habrían salido librados sus familiares mientras ellos permanecían tras las rejas. Un bebé de dos meses que había pasado casi la mitad de su vida en Dilley, la única instalación del país que mantiene recluidos a padres inmigrantes junto con sus hijos.
Al caminar entre el complejo de remolques donde se aloja a los inmigrantes, cuenta Castro, “la gente se acerca y nos cuenta sus historias. Hay niños que muestran un rostro impasible; es su forma de afrontar la situación. Y otros que se muestran muy emocionales y lloran. A menudo, las personas se derrumban durante las conversaciones con nosotros”.
El remoto centro de detención del sur de Texas reabrió sus puertas semanas después de que el presidente Donald Trump emitiera una orden ejecutiva –el mismo día de su regreso a la Casa Blanca– instruyendo al gobierno a utilizar todos los “recursos legalmente disponibles” para habilitar más centros de detención de inmigrantes. En el año y medio transcurrido desde entonces, la campaña de deportaciones masivas de Trump ha llevado a la cárcel a un número creciente de inmigrantes indocumentados. El mes pasado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EU informó que mantenía bajo custodia a un promedio diario de 65,000 personas en sus instalaciones, una cifra superior a las aproximadamente 37,000 registradas hace dos años bajo la administración Biden.
A medida que ha aumentado la población detenida, también se han incrementado las muertes bajo custodia y las denuncias de negligencia, malos tratos y condiciones inhumanas dentro de los centros.
Acceso restringido
La lista de personas autorizadas para ingresar a los centros de detención del ICE es restringida; aparte de los funcionarios y el personal de la agencia, solo pueden entrar empleados de las empresas penitenciarias privadas contratadas para operar la mayoría de los centros. Los miembros del Congreso y su personal forman parte de una lista selecta que, por lo demás, incluye a profesionales de la salud, representantes legales de los detenidos, amigos y familiares (en horarios limitados), funcionarios consulares y miembros del clero.
La mayoría de los demócratas de la delegación congresional de Texas han visitado al menos un centro y algunos, incluido Castro, han llevado consigo a colegas de otros estados. En el año fiscal 2025, los miembros del Congreso realizaron más de 160 visitas de supervisión –según Axios–, ejerciendo esta facultad con mucha mayor frecuencia que durante el primer mandato de Trump.
Para estos legisladores, el acceso restringido a las instalaciones confiere un peso adicional a sus visitas de supervisión. La información que transmiten a partir de sus observaciones personales, las conversaciones con los detenidos y los interrogatorios a los funcionarios constituye una de las pocas ventanas que tiene el público para conocer lo que sucede dentro de los centros de detención federales. Asimismo, algunos detenidos ven en estos legisladores visitantes una vía crucial para lograr que sus casos sean escuchados.
Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han sostenido que los inmigrantes reciben una atención de calidad mientras permanecen bajo custodia del ICE.
“Cualquier afirmación de que existen condiciones deficientes en los centros de detención del ICE es FALSA”, declaró el DHS en respuesta a consultas para este reportaje, citando a un portavoz no identificado. “Todos los detenidos reciben comidas adecuadas, agua de calidad, mantas y atención médica, además de tener oportunidades para comunicarse con sus familiares y abogados. El ICE aplica estándares de detención más elevados que la mayoría de las prisiones estadounidenses que albergan a ciudadanos de EU”.
Sin embargo, los miembros demócratas del Congreso por Texas que han visitado las instalaciones afirmaron que lo que vieron en su interior les resulta inquietante. Tanto Castro como la otra representante que visita con mayor frecuencia los centros de detención del ICE —la congresista de El Paso, Verónica Escobar— han relatado casos de negligencia médica y testimonios de inmigrantes que afirmaban recibir alimentos de mala calidad. Ambos describieron sus interacciones con funcionarios federales que, según ellos, se han mostrado opacos respecto al funcionamiento de los centros de detención y reacios a exigir responsabilidades a los operadores privados contratados para gestionarlos.
Escobar ha visitado Camp East Montana —un extenso complejo de tiendas de campaña situado en la base de Fort Bliss, dentro de su distrito— en diez ocasiones desde su apertura hace un año. Actualmente, este centro alberga a más inmigrantes diariamente que cualquier otro en el país y ha incumplido decenas de normas federales de detención, según los hallazgos de una inspección federal publicados a principios de este año. Otro informe federal de junio reveló que las instalaciones presentaban “graves deficiencias en los servicios médicos”, una realidad que Escobar dijo haber presenciado de primera mano, observando el deterioro físico y mental de los detenidos.
En un caso concreto, recordó haber hablado con un detenido que describía un dolor constante en el antebrazo tras haber sufrido una lesión durante su arresto en la zona de Minneapolis. Escobar relató que conoció al hombre cuando este ya llevaba semanas bajo custodia; él le contó que, a pesar de haber suplicado atención médica, solo le habían dado aspirinas y una férula para el brazo.
“Le pregunté si podía verle el brazo”, contó ella. “Se quitó la férula. Se podía ver la fractura: el brazo nunca había sido reducido ni enyesado”.
Al consultarle sobre el relato de Escobar, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que el detenido en cuestión había sido arrestado en Minnesota poco después de la Navidad.
El hombre “afirmaba tener una fractura de muñeca derivada de un incidente anterior”, señaló el DHS en un correo electrónico enviado al *Tribune*; en dicho mensaje, la agencia confirmó que se le “recetó medicación para el dolor mientras estaba bajo custodia del ICE”, pero no mencionó ninguna otra atención médica.
“Un juez de inmigración emitió una orden definitiva de expulsión el 10 de febrero”, continuaba el correo del DHS. “El 21 de febrero, el ICE se vio obligado a liberar a este inmigrante ilegal después de que un juez activista nombrado por Biden ordenara su puesta en libertad. El ICE seguirá luchando por su detención y expulsión de los Estados Unidos”.
Condiciones de las instalaciones
Funcionarios del ICE también han refutado otras acusaciones sobre las malas condiciones, sosteniendo que los detenidos reciben tres comidas diarias evaluadas por nutricionistas, además de agua limpia, ropa y ropa de cama. En su respuesta por correo electrónico para este reportaje, la agencia también afirmó que es una “práctica establecida desde hace mucho tiempo brindar atención médica integral desde el momento en que un extranjero entra bajo custodia del ICE”, argumentando que las instalaciones ofrecen una mejor atención médica que la que muchos inmigrantes habían recibido fuera de los centros de detención.
Tanto Castro como Escobar han pasado meses transmitiendo relatos de detenidos, así como otra información recopilada, que —según dicen— presentan una realidad opuesta. Ambos afirmaron haber escuchado a inmigrantes bajo custodia que fueron tratados únicamente con aspirina para problemas médicos que requerían una atención más seria.
“La atención médica es probablemente la mayor queja y preocupación, porque cada vez que vamos de visita, hay personas que se acercan y dicen: ‘Se supone que debo tomar [cierta] medicación y no la he recibido a tiempo’ o ‘No he podido tomarla cuando correspondía’”, dijo Castro. “En Dilley, hubo una adolescente que sufrió apendicitis y no fue atendida durante horas. Por lo tanto, la atención médica a menudo se retrasa o se niega”.
En su respuesta por correo electrónico, el DHS calificó las acusaciones sobre las condiciones deficientes en Dilley como un “engaño” y criticó duramente al Tribune por difundirlas.
“Los medios de comunicación están claramente desesperados por que estas acusaciones de condiciones inhumanas en esta instalación sean ciertas”, escribió la agencia. “Estos son los hechos: Dilley cumple con las normas federales de detención y, de hecho, se somete a auditorías e inspecciones periódicas”.
Castro ha pedido el cierre de Dilley, mientras que Escobar ha exigido lo mismo para Camp East Montana; estas son las instalaciones que cada uno ha visitado con mayor frecuencia.
“Considero que mi función es asegurar que cumplamos con nuestra obligación, que tratemos a las personas con humanidad y que el dinero de los contribuyentes no se desperdicie, sino que se utilice de manera eficiente”, dijo Escobar. “Pero, por lo que he visto, a las personas que están allí sobre el terreno realmente no les importa, y la situación ha empeorado con el tiempo”.
El puesto de Escobar en el comité de la Cámara de Representantes encargado del gasto gubernamental le otorga voz y voto sobre cómo el ICE utiliza sus fondos, mientras que Castro es el demócrata de mayor rango en el subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, el cual tiene jurisdicción sobre la política de EU hacia América Latina. Ambos representan comunidades con una gran población inmigrante y han sido críticos abiertos de la política migratoria de Trump desde su primer mandato.
Ambos demócratas señalaron que ha sido más difícil obtener información durante el segundo periodo de Trump, ya que algunos centros facilitan el acceso y la información más que otros. Además, al ser minoría en la Cámara, no pueden obligar a que se presenten testimonios ni iniciar investigaciones especiales.
“Ahora todo es mucho más reservado”, afirmó Castro. “El ICE y la administración no sienten la obligación de dar explicaciones, a menudo ni siquiera a los miembros del Congreso que tienen facultades de supervisión”.
El ICE mantiene detenidos a inmigrantes en más de 150 instalaciones en todo el país, que van desde cárceles del condado y centros de procesamiento hasta extensos complejos de detención.
Texas alberga 26 de estos centros, la cifra más alta con diferencia entre todos los estados. Su población de detenidos —16,450 a principios de julio, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)— es también la mayor. Alrededor del 24 por ciento cuenta con al menos una condena penal.
Nuevos líderes, nuevas reglas
Tanto Castro como Escobar explicaron que deben decidir cuándo actuar entre bastidores y cuándo utilizar sus plataformas para ejercer presión pública, dependiendo de la información o del cambio de política que busquen.
Castro comentó que ha trabajado en casos que nunca llegaron a sus redes sociales, a veces tras consultar con los abogados de los detenidos y funcionarios del ICE, quienes le indicaron que su intervención sería más útil si se mantenía al margen.
Escobar señaló que su estrategia se centra en dar a conocer las condiciones que enfrentan los detenidos, tanto ante la opinión pública como a puerta cerrada.
“He intentado influir en quienes trabajan sobre el terreno señalándoles —tanto a los contratistas como al personal del ICE— lo que está ocurriendo”, afirmó. “Esta persona lleva semanas sin recibir su insulina. Miren estos sobres de champú: los usan para lavar su ropa porque nadie se encarga de lavársela. O miren a este grupo de mujeres que llevan tres semanas detenidas sin haber podido llamar a sus abogados”.
Castro también señaló que las autoridades federales se han vuelto más herméticas en los últimos meses, tras la destitución de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y la confirmación de Markwayne Mullin como nuevo titular de la agencia. El congresista afirmó que su acceso a los detenidos también se ha visto restringido bajo la nueva dirección.
Anteriormente, cuando un miembro del Congreso programaba una visita, el personal del centro colocaba una lista para que los detenidos interesados pudieran inscribirse y reunirse con él. En las visitas de Castro, a veces llegaba a haber hasta 300 personas inscritas para hablar con él. Ahora, según explicó, debe presentar un formulario con antelación para hablar con detenidos específicos.
El ICE detalló estos cambios en un memorando de mayo, argumentando que eran necesarios porque las visitas de los legisladores se habían vuelto cada vez más disruptivas y exigentes en cuanto a recursos.
El portavoz del DHS subrayó que la alta frecuencia de visitas de legisladores había pasado factura, aunque señaló que cualquier miembro del Congreso todavía puede solicitar hablar con un detenido bajo custodia del ICE. Los funcionarios de la agencia facilitan dichas reuniones cuando ambas partes están de acuerdo, indicó el portavoz.
“En el año fiscal 2025, facilitamos más visitas de congresistas a los centros que en cualquier otro año de la administración Biden-Harris”, añadió el portavoz. “Estas solicitudes deben formar parte de actividades legítimas de supervisión parlamentaria y, con demasiada frecuencia, se trata simplemente de actos mediáticos. Sin el apoyo adecuado, tales visitas ponen en peligro la seguridad del personal del ICE, de los detenidos y de los propios miembros del Congreso”.
Los legisladores demócratas podrían obtener mayores facultades de supervisión si su partido logra la mayoría en las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Obtener el control de la cámara implicaría presidir las comisiones, con la potestad de convocar audiencias, fijar la agenda y obligar a los funcionarios de la administración a testificar. Esto también podría dar lugar a investigaciones formales sobre el trato que reciben los detenidos bajo custodia y sobre cómo se adjudicaron los contratos para la gestión de los centros de detención.
Castro afirmó que, si su partido logra hacerse con el control de la Cámara, quiere que se cree una comisión especial para investigar al ICE, incluidas las muertes bajo custodia y las ocurridas a manos de sus agentes. También desea impulsar una reforma integral de la agencia, aunque es probable que cualquier cambio de este tipo se tope con el veto de Trump, en caso de que llegara a prosperar.
“No creo que, por el bien del país, el ICE pueda seguir existiendo tal como está hoy durante los próximos años”, declaró Castro. “Simplemente se ha vuelto demasiado abusivo, opera al margen de la ley y ha crecido de forma desmesurada”.
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