La Presidenta Claudia Sheibaum envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional que prohíbe a aspirantes a la Presidencia de la República, Gobiernos locales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tener o adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla, plantea la obligación de renunciar a ella.
La propuesta modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer que dicha renuncia deberá llevarse a cabo previo a solicitar el registro como candidato o candidata.
«(Para ser Presidente o Presidenta se requiere) no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata en los términos que establezca la ley», indica.
Establece que quien ejerza el cargo, no podrá adquirir o solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta a la mexicana.
«Quedan comprendidos en esta prohibición el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante éste y el acogerse a su protección diplomática», señala.
Agrega que la contravención a estas disposiciones se sancionará en términos del Título Cuarto de la Constitución, el cual aborda las responsabilidades de los servidores públicos y hace referencia al juicio político y el juicio de procedencia.
De acuerdo con la exposición de motivos, la iniciativa busca asegurar que quienes encabecen los poderes Ejecutivo mantengan, antes y durante el ejercicio del cargo, un vínculo jurídico y político exclusivo con el Estado mexicano.
Agrega que el requisito de no tener ni adquirir una nacionalidad distinta a la mexicana para acceder a los cargos de Presidente, Gobernador y Jefe de Gobierno está justificada por la naturaleza de las altas responsabilidades que éstos representan.
«No se desconocen la nacionalidad mexicana de quienes posean otra nacionalidad ni se restringen sus derechos políticos con carácter general: quien aspire a alguno de estos cargos podrá hacerlo, siempre que renuncie previamente a la nacionalidad extranjera en los términos previstos por la ley.
«De esta manera, se armoniza el ejercicio de los derechos políticos con a exigencia de identidad, integridad y lealtad que corresponde a quienes reciben del pueblo la responsabilidad de encabezar un Poder Ejecutivo», señala.
El texto indica que actualmente, la Constitución no exige de manera expresa la ausencia de una nacionalidad distinta de la mexicana para acceder a la titularidad del Poder Ejecutivo federal o de los Ejecutivos locales.
Esta redacción, afirma, representa un vacío legal que ha dado lugar a interpretaciones imprecisas que han hecho nugatorio su contenido.
Como ejemplo, señala que la historia reciente registra casos de gobernantes que han accedido a la titularidad del Poderes Ejecutivos teniendo doble nacionalidad.
«Existe, por tanto, una brecha entre la finalidad constitucional de asegurar la ausencia de vínculos de lealtad con otros Estados para el desempeño de determinadas responsabilidades públicas y la manera en que actualmente puede acreditarse el cumplimiento de esa exigencia. La presente iniciativa busca cerrar esta brecha», reitera.
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La Presidenta Claudia Sheibaum envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional que prohíbe a aspirantes a la Presidencia de la República, Gobiernos locales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tener o adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla, plantea la obligación de renunciar a ella.
La propuesta modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer que dicha renuncia deberá llevarse a cabo previo a solicitar el registro como candidato o candidata.
«(Para ser Presidente o Presidenta se requiere) no tener ni adquirir otra nacionalidad y, en caso de tenerla renunciar a ella previo a solicitar su registro como candidato o candidata en los términos que establezca la ley», indica.
Establece que quien ejerza el cargo, no podrá adquirir o solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante autoridad extranjera una nacionalidad distinta a la mexicana.
«Quedan comprendidos en esta prohibición el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía ante éste y el acogerse a su protección diplomática», señala.
Agrega que la contravención a estas disposiciones se sancionará en términos del Título Cuarto de la Constitución, el cual aborda las responsabilidades de los servidores públicos y hace referencia al juicio político y el juicio de procedencia.
De acuerdo con la exposición de motivos, la iniciativa busca asegurar que quienes encabecen los poderes Ejecutivo mantengan, antes y durante el ejercicio del cargo, un vínculo jurídico y político exclusivo con el Estado mexicano.
Agrega que el requisito de no tener ni adquirir una nacionalidad distinta a la mexicana para acceder a los cargos de Presidente, Gobernador y Jefe de Gobierno está justificada por la naturaleza de las altas responsabilidades que éstos representan.
«No se desconocen la nacionalidad mexicana de quienes posean otra nacionalidad ni se restringen sus derechos políticos con carácter general: quien aspire a alguno de estos cargos podrá hacerlo, siempre que renuncie previamente a la nacionalidad extranjera en los términos previstos por la ley.
«De esta manera, se armoniza el ejercicio de los derechos políticos con a exigencia de identidad, integridad y lealtad que corresponde a quienes reciben del pueblo la responsabilidad de encabezar un Poder Ejecutivo», señala.
El texto indica que actualmente, la Constitución no exige de manera expresa la ausencia de una nacionalidad distinta de la mexicana para acceder a la titularidad del Poder Ejecutivo federal o de los Ejecutivos locales.
Esta redacción, afirma, representa un vacío legal que ha dado lugar a interpretaciones imprecisas que han hecho nugatorio su contenido.
Como ejemplo, señala que la historia reciente registra casos de gobernantes que han accedido a la titularidad del Poderes Ejecutivos teniendo doble nacionalidad.
«Existe, por tanto, una brecha entre la finalidad constitucional de asegurar la ausencia de vínculos de lealtad con otros Estados para el desempeño de determinadas responsabilidades públicas y la manera en que actualmente puede acreditarse el cumplimiento de esa exigencia. La presente iniciativa busca cerrar esta brecha», reitera.
Diario MX
