Mientras Texas suspendió nuevas autorizaciones para centros de datos ante la presión que estos proyectos ejercen sobre el suministro eléctrico y el agua, México todavía carece de instrumentos suficientes para ordenar su expansión, pese a que la industria tiene anunciados mil 730 megawatts de capacidad hacia 2031.
De acuerdo con un diagnóstico presentado por Noemí Quiroz, consultora senior del Centro de Estudios e Investigación en Asuntos Públicos (CEAP), 20 de las 32 entidades federativas no acreditan ninguno de los seis criterios de preparación institucional evaluados para facilitar el desarrollo de esta infraestructura.
Durante el México Digital Summit 2026, la especialista advirtió que el desafío del País no consiste únicamente en atraer inversiones, sino en generar condiciones para que los proyectos anunciados puedan construirse y entrar en operación.
El contraste con Texas es significativo. En agosto, el gobierno de ese estado estadounidense suspendió nuevas aprobaciones de conexión eléctrica para centros de datos y, en septiembre, amplió las restricciones a permisos ambientales, mientras revisa su impacto sobre la electricidad y el agua.
La decisión ocurre cuando Texas acumulaba más de 474 gigawatts en solicitudes de conexión eléctrica de grandes consumidores, equivalentes a más de cinco veces su demanda máxima histórica. Estas solicitudes no representan capacidad instalada ni proyectos que necesariamente se concretarán.
En México, la industria cuenta con 279 megawatts en operación y otros 205 en construcción, frente a los mil 730 megawatts anunciados hacia 2031, según cifras de la Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC).
Uno de los principales riesgos es la concentración territorial. Querétaro reúne 72 por ciento de la capacidad nacional en operación y 88 por ciento de la que se encuentra en construcción.
Esta concentración incrementa la exposición a problemas de suministro eléctrico, disponibilidad de agua y conectividad, además de limitar las posibilidades de atraer inversiones hacia otras entidades.
El diagnóstico revela que ninguno de los 32 estados cuenta con una guía administrativa específica para operadores de centros de datos que establezca permisos, requisitos, tiempos y costos.
Sólo ocho entidades acreditan incentivos tecnológicos, dos cuentan con políticas de sostenibilidad y apenas una dispone de lineamientos específicos.
La falta de información sobre infraestructura eléctrica representa otra barrera
Quiroz expuso que, en una respuesta oficial del 24 de agosto de 2026, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) señaló que no tiene obligación de establecer catálogos generales para la conexión de centros de carga.
Ante este escenario, el CEAP propuso incorporar la demanda de centros de datos a la planeación eléctrica nacional, desarrollar corredores con disponibilidad de energía, agua y conectividad, y establecer una ruta administrativa coordinada entre Federación, estados y municipios.
Sin estas condiciones, advirtió el diagnóstico, las inversiones anunciadas podrían enfrentar retrasos, mayores costos o dificultades para concretarse.
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Mientras Texas suspendió nuevas autorizaciones para centros de datos ante la presión que estos proyectos ejercen sobre el suministro eléctrico y el agua, México todavía carece de instrumentos suficientes para ordenar su expansión, pese a que la industria tiene anunciados mil 730 megawatts de capacidad hacia 2031.
De acuerdo con un diagnóstico presentado por Noemí Quiroz, consultora senior del Centro de Estudios e Investigación en Asuntos Públicos (CEAP), 20 de las 32 entidades federativas no acreditan ninguno de los seis criterios de preparación institucional evaluados para facilitar el desarrollo de esta infraestructura.
Durante el México Digital Summit 2026, la especialista advirtió que el desafío del País no consiste únicamente en atraer inversiones, sino en generar condiciones para que los proyectos anunciados puedan construirse y entrar en operación.
El contraste con Texas es significativo. En agosto, el gobierno de ese estado estadounidense suspendió nuevas aprobaciones de conexión eléctrica para centros de datos y, en septiembre, amplió las restricciones a permisos ambientales, mientras revisa su impacto sobre la electricidad y el agua.
La decisión ocurre cuando Texas acumulaba más de 474 gigawatts en solicitudes de conexión eléctrica de grandes consumidores, equivalentes a más de cinco veces su demanda máxima histórica. Estas solicitudes no representan capacidad instalada ni proyectos que necesariamente se concretarán.
En México, la industria cuenta con 279 megawatts en operación y otros 205 en construcción, frente a los mil 730 megawatts anunciados hacia 2031, según cifras de la Asociación Mexicana de Data Centers (MEXDC).
Uno de los principales riesgos es la concentración territorial. Querétaro reúne 72 por ciento de la capacidad nacional en operación y 88 por ciento de la que se encuentra en construcción.
Esta concentración incrementa la exposición a problemas de suministro eléctrico, disponibilidad de agua y conectividad, además de limitar las posibilidades de atraer inversiones hacia otras entidades.
El diagnóstico revela que ninguno de los 32 estados cuenta con una guía administrativa específica para operadores de centros de datos que establezca permisos, requisitos, tiempos y costos.
Sólo ocho entidades acreditan incentivos tecnológicos, dos cuentan con políticas de sostenibilidad y apenas una dispone de lineamientos específicos.
La falta de información sobre infraestructura eléctrica representa otra barrera
Quiroz expuso que, en una respuesta oficial del 24 de agosto de 2026, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) señaló que no tiene obligación de establecer catálogos generales para la conexión de centros de carga.
Ante este escenario, el CEAP propuso incorporar la demanda de centros de datos a la planeación eléctrica nacional, desarrollar corredores con disponibilidad de energía, agua y conectividad, y establecer una ruta administrativa coordinada entre Federación, estados y municipios.
Sin estas condiciones, advirtió el diagnóstico, las inversiones anunciadas podrían enfrentar retrasos, mayores costos o dificultades para concretarse.
Diario MX
