Ciudad Juárez.- Siete meses lleva detenido en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) el proceso iniciado por las viudas de los custodios asesinados en el Cereso 3, quienes reclaman una reparación por los daños que, sostienen, fueron provocados por el asesinato de sus esposos.
Las 10 familias presentaron reclamaciones contra la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y posteriormente acudieron al Tribunal. Sus expedientes fueron acumulados para evitar resoluciones distintas sobre hechos relacionados y el expediente principal quedó radicado bajo el 138/2024, en la Ponencia Uno, a cargo del magistrado instructor Alejandro Tavares Calderón.
Sin embargo, todavía falta integrar tres de los diez casos. Mientras esa acumulación no se resuelva, el proceso no puede avanzar a la etapa de alegatos.
El abogado Joel Vélez, de Lex Iusta Abogados, S.C., despacho que acompaña a las víctimas, explicó que el camino comenzó con una reclamación presentada ante la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Al no obtener respuesta, las familias acudieron al Tribunal mediante la figura de la ‘negativa ficta’, que en términos sencillos implica que el silencio de la autoridad puede ser impugnado como una negativa.
La Secretaría, de acuerdo con lo expuesto por el abogado, sostiene que el juicio es improcedente porque no había resuelto previamente la reclamación. También ha planteado que los custodios no eran sus empleados y que otras instituciones tendrían responsabilidad. Al mismo tiempo, argumenta que las familias ya recibieron seguros y pensiones por viudez.
La demanda, aclaró Vélez, no busca sustituir esos pagos. Lo que se reclama es daño moral, lucro cesante, responsabilidad civil por la muerte de los custodios y gastos funerarios. Cada familia reclama aproximadamente 40 millones de pesos, de los cuales 30 millones corresponden al daño moral.
El abogado señaló que el período probatorio ya terminó y que se incorporaron, entre otros elementos, documentos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y evaluaciones psicológicas realizadas a las viudas. El siguiente paso es resolver la acumulación de los tres expedientes que faltan; después podrán presentar alegatos y esperar la sentencia.
Una vida que se
detuvo en el tiempo
Mientras esperan una resolución, Alma Delia Pérez y Yolanda Domínguez han tenido que reorganizar sus vidas y las de sus familias. Sus relatos muestran que la reclamación no se limita a una cantidad de dinero: también buscan que se reconozca cómo cambió el futuro que habían planeado con sus esposos.
Alma perdió a Carlos Salinas, quien tenía 38 años y trabajaba como custodio desde 2015. Tenían tres hijos y entre sus planes estaba ampliar su casa y salir de vacaciones. Carlos tenía previsto tomar vacaciones el 3 de enero de 2023, pero nunca llegó ese momento. La ampliación de la vivienda tampoco ocurrió. Alma dijo que la casa permanece como él la dejó y que perdió la motivación para continuar aquel proyecto sin él.
“No sé en qué momento pasaron estos tres años. Ahora me lo pregunto (…) no sé ni cómo le he hecho para sobrellevar esto”, mencionó Alma.
Yolanda perdió a Guadalupe Gámez Galán, de 52 años, quien había trabajado primero como empleado municipal y después como estatal.
Yolanda guardó silencio unos segundos y estuvo a punto de llorar cuando recordó a Guadalupe. Después lo describió como un hombre siempre sonriente, alegre y pendiente de ella y de su hijo.
Entre sus planes estaba mejorar la casa y comprar una camioneta para viajar juntos a Casas Grandes, de donde acostumbraban traer productos que él vendía o regalaba. Después de su muerte, esas actividades dejaron de formar parte de la vida de Yolanda.
Yolanda también dejó de trabajar después de un accidente que sufrió antes de la muerte de su esposo. Pasó un año incapacitada y posteriormente fue liquidada de la maquiladora donde llevaba seis años. Actualmente vive con la pensión de Guadalupe.
Alma, quien dependía económicamente de Carlos, dijo que decidió participar en la demanda principalmente por sus hijos. “Yo quisiera justicia”, expresó, al explicar que ningún pago puede devolverles a sus esposos, pero que busca mejores condiciones para su familia.
Las dos mujeres también cuestionaron el tiempo que lleva detenido el procedimiento. Alma calificó la espera como “una burla” y pidió que el proceso se agilice; Yolanda habló de impotencia y de sentirse revictimizada.
Por ahora, las familias siguen esperando que la Primera Sala del TEJA resuelva la acumulación de los tres expedientes pendientes. Han pasado siete meses sin movimiento en ese punto y, hasta que se resuelva, los alegatos y la sentencia siguen pendientes.
Los 10 custodios fueron asesinados durante el motín y fuga de internos registrada la madrugada del 1 de enero de 2023 en el Cereso 3. Sus esposas mantienen ahora una disputa legal para que se reconozcan las consecuencias que la muerte de sus esposos tuvo en sus familias y en los proyectos de vida que habían construido con ellos. (Jonathan Álvarez / El Diario)
[#content_wordai] Ciudad Juárez.- Siete meses lleva detenido en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) el proceso iniciado por las viudas de los custodios asesinados en el Cereso 3, quienes reclaman una reparación por los daños que, sostienen, fueron provocados por el asesinato de sus esposos.
Las 10 familias presentaron reclamaciones contra la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y posteriormente acudieron al Tribunal. Sus expedientes fueron acumulados para evitar resoluciones distintas sobre hechos relacionados y el expediente principal quedó radicado bajo el 138/2024, en la Ponencia Uno, a cargo del magistrado instructor Alejandro Tavares Calderón.
Sin embargo, todavía falta integrar tres de los diez casos. Mientras esa acumulación no se resuelva, el proceso no puede avanzar a la etapa de alegatos.
El abogado Joel Vélez, de Lex Iusta Abogados, S.C., despacho que acompaña a las víctimas, explicó que el camino comenzó con una reclamación presentada ante la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Al no obtener respuesta, las familias acudieron al Tribunal mediante la figura de la ‘negativa ficta’, que en términos sencillos implica que el silencio de la autoridad puede ser impugnado como una negativa.
La Secretaría, de acuerdo con lo expuesto por el abogado, sostiene que el juicio es improcedente porque no había resuelto previamente la reclamación. También ha planteado que los custodios no eran sus empleados y que otras instituciones tendrían responsabilidad. Al mismo tiempo, argumenta que las familias ya recibieron seguros y pensiones por viudez.
La demanda, aclaró Vélez, no busca sustituir esos pagos. Lo que se reclama es daño moral, lucro cesante, responsabilidad civil por la muerte de los custodios y gastos funerarios. Cada familia reclama aproximadamente 40 millones de pesos, de los cuales 30 millones corresponden al daño moral.
El abogado señaló que el período probatorio ya terminó y que se incorporaron, entre otros elementos, documentos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y evaluaciones psicológicas realizadas a las viudas. El siguiente paso es resolver la acumulación de los tres expedientes que faltan; después podrán presentar alegatos y esperar la sentencia.
Una vida que se
detuvo en el tiempo
Mientras esperan una resolución, Alma Delia Pérez y Yolanda Domínguez han tenido que reorganizar sus vidas y las de sus familias. Sus relatos muestran que la reclamación no se limita a una cantidad de dinero: también buscan que se reconozca cómo cambió el futuro que habían planeado con sus esposos.
Alma perdió a Carlos Salinas, quien tenía 38 años y trabajaba como custodio desde 2015. Tenían tres hijos y entre sus planes estaba ampliar su casa y salir de vacaciones. Carlos tenía previsto tomar vacaciones el 3 de enero de 2023, pero nunca llegó ese momento. La ampliación de la vivienda tampoco ocurrió. Alma dijo que la casa permanece como él la dejó y que perdió la motivación para continuar aquel proyecto sin él.
“No sé en qué momento pasaron estos tres años. Ahora me lo pregunto (…) no sé ni cómo le he hecho para sobrellevar esto”, mencionó Alma.
Yolanda perdió a Guadalupe Gámez Galán, de 52 años, quien había trabajado primero como empleado municipal y después como estatal.
Yolanda guardó silencio unos segundos y estuvo a punto de llorar cuando recordó a Guadalupe. Después lo describió como un hombre siempre sonriente, alegre y pendiente de ella y de su hijo.
Entre sus planes estaba mejorar la casa y comprar una camioneta para viajar juntos a Casas Grandes, de donde acostumbraban traer productos que él vendía o regalaba. Después de su muerte, esas actividades dejaron de formar parte de la vida de Yolanda.
Yolanda también dejó de trabajar después de un accidente que sufrió antes de la muerte de su esposo. Pasó un año incapacitada y posteriormente fue liquidada de la maquiladora donde llevaba seis años. Actualmente vive con la pensión de Guadalupe.
Alma, quien dependía económicamente de Carlos, dijo que decidió participar en la demanda principalmente por sus hijos. “Yo quisiera justicia”, expresó, al explicar que ningún pago puede devolverles a sus esposos, pero que busca mejores condiciones para su familia.
Las dos mujeres también cuestionaron el tiempo que lleva detenido el procedimiento. Alma calificó la espera como “una burla” y pidió que el proceso se agilice; Yolanda habló de impotencia y de sentirse revictimizada.
Por ahora, las familias siguen esperando que la Primera Sala del TEJA resuelva la acumulación de los tres expedientes pendientes. Han pasado siete meses sin movimiento en ese punto y, hasta que se resuelva, los alegatos y la sentencia siguen pendientes.
Los 10 custodios fueron asesinados durante el motín y fuga de internos registrada la madrugada del 1 de enero de 2023 en el Cereso 3. Sus esposas mantienen ahora una disputa legal para que se reconozcan las consecuencias que la muerte de sus esposos tuvo en sus familias y en los proyectos de vida que habían construido con ellos. (Jonathan Álvarez / El Diario)
Diario MX
