El caso de Ismael Villagómez Tapia reabrió su ruta judicial tras anular el juicio y la audiencia inicial. Con esa decisión, la FDZN puede replantear el caso e incluso presentar pruebas que pudieron descartarse en el proceso que terminó en absolución.
Aunque no hay fecha para la audiencia inicial, en ella quedará clara la disposición para presentarse ante Jesús Adrián C. L., único acusado sobreviviente, quien no ha podido ser localizado.
Con ese escenario, el juzgado podría librar una orden de reaprehensión, considerando que el acusado ya había sido aprehendido previamente. La anulación se sostiene en que no se garantizaron derechos de la pareja de Villagómez como víctima indirecta.
Por ese vicio, se anuló también la absolución y se aplicó el principio de exclusión probatoria por presuntas inconsistencias en la investigación. Además, en segunda instancia no se estudiaron los alegatos de la Fiscalía por el defecto que afectó todo el proceso.
Así, el “error” del poder judicial se entiende como una falla de forma que invalida el camino completo. El sistema, en esta lógica, corrige garantías desde el inicio, pero también obliga a rehacer estrategias y reconstruir el caso, prolongando la espera de una respuesta definitiva.
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El caso de Ismael Villagómez Tapia reabrió su ruta judicial tras anular el juicio y la audiencia inicial. Con esa decisión, la FDZN puede replantear el caso e incluso presentar pruebas que pudieron descartarse en el proceso que terminó en absolución.
Aunque no hay fecha para la audiencia inicial, en ella quedará clara la disposición para presentarse ante Jesús Adrián C. L., único acusado sobreviviente, quien no ha podido ser localizado.
Con ese escenario, el juzgado podría librar una orden de reaprehensión, considerando que el acusado ya había sido aprehendido previamente. La anulación se sostiene en que no se garantizaron derechos de la pareja de Villagómez como víctima indirecta.
Por ese vicio, se anuló también la absolución y se aplicó el principio de exclusión probatoria por presuntas inconsistencias en la investigación. Además, en segunda instancia no se estudiaron los alegatos de la Fiscalía por el defecto que afectó todo el proceso.
Así, el “error” del poder judicial se entiende como una falla de forma que invalida el camino completo. El sistema, en esta lógica, corrige garantías desde el inicio, pero también obliga a rehacer estrategias y reconstruir el caso, prolongando la espera de una respuesta definitiva.
Diario MX
