Para justificar el incremento de casi el 36 por ciento en el derecho que pagan turistas para ingresar al país, el Gobierno federal argumenta que la cuota vigente ya no cubre el gasto real de operación del trámite.
La iniciativa que modifica la Ley Federal de Derechos para 2027, eleva de 983 a mil 334.80 pesos derecho relativo a la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas.
Este incremento de 35.8 por ciento ha generado el rechazo de empresarios y hoteleros de destinos turísticos como Quintana Roo, quienes han advertido que la entidad está entrando en una crisis en materia de turismo que podría agravarse con el incremento de costos para turistas.
La propuesta que la Cámara de Diputados discutirá y eventualmente aprobará la próxima semana, advierte que el aumento atiende de manera directa al costo que le representa al Instituto Nacional de Migración (INM) la prestación del servicio, en cuanto a su cobertura, calidad y demanda.
«El ajuste del 35 por ciento es necesario, porque con la cuota vigente ya no se cubre el gasto real de operación del trámite: los servicios tecnológicos indispensables -como enrolamiento biométrico, videovigilancia, seguridad de la información y servidores- han incrementado el costo de la previsión del servicio, adicional a que la carga operativa y el tiempo de intervención de personal especializado se han ampliado por mayores verificaciones y revisiones», señala.
La iniciativa asegura que el incremento garantizará la continuidad, seguridad y retribución justa por el servicio que presta el INM, fortaleciendo la verificación y trazabilidad del flujo migratorio, sin afectar la experiencia de los visitantes.
Actualmente la ley no destina los recursos que se recaudan por este derecho o parte de ellos al INM.
La Ley Federal de Derechos actual señala que el 67 por ciento de los ingresos que se obtengan por este derecho se destinarán a la Sedena para la operación, prestación de servicios, equipamiento e inversión en infraestructura relacionados con los objetos sociales de las empresas de participación estatal mayoritaria sectorizadas a esa dependencia, mientras que el 33 por ciento restante deberá concentrarse en la Tesorería de la Federación y no tendrá destino específico.
La propuesta para 2027 modifica esa fórmula al reducir los porcentajes para la Sedena y la Tesofe e incorporar al INM.
Establece que el monto que se deberá destinar a la Sedena bajará del 67 a 50 por ciento, el depositado en la Tesofe de 33 a 24 por ciento y el 26 por ciento restante deberá ser destinado al INM para para financiar proyectos de infraestructura tecnológica en materia de seguridad fronteriza y control migratorio.
«Lo anterior, considerando que desde el 18 de mayo de 2005 el Instituto Nacional de Migración es reconocido como instancia de seguridad nacional, y en particular, como instancia de control y facilitador de la movilidad segura de las personas y que tiene como metas principales velar por la protección y preservación del interés colectivo, evitando en lo posible o minimizando cualquier riesgo o amenaza a la integridad física de la población y de las instituciones del país», señala.
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Para justificar el incremento de casi el 36 por ciento en el derecho que pagan turistas para ingresar al país, el Gobierno federal argumenta que la cuota vigente ya no cubre el gasto real de operación del trámite.
La iniciativa que modifica la Ley Federal de Derechos para 2027, eleva de 983 a mil 334.80 pesos derecho relativo a la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas.
Este incremento de 35.8 por ciento ha generado el rechazo de empresarios y hoteleros de destinos turísticos como Quintana Roo, quienes han advertido que la entidad está entrando en una crisis en materia de turismo que podría agravarse con el incremento de costos para turistas.
La propuesta que la Cámara de Diputados discutirá y eventualmente aprobará la próxima semana, advierte que el aumento atiende de manera directa al costo que le representa al Instituto Nacional de Migración (INM) la prestación del servicio, en cuanto a su cobertura, calidad y demanda.
«El ajuste del 35 por ciento es necesario, porque con la cuota vigente ya no se cubre el gasto real de operación del trámite: los servicios tecnológicos indispensables -como enrolamiento biométrico, videovigilancia, seguridad de la información y servidores- han incrementado el costo de la previsión del servicio, adicional a que la carga operativa y el tiempo de intervención de personal especializado se han ampliado por mayores verificaciones y revisiones», señala.
La iniciativa asegura que el incremento garantizará la continuidad, seguridad y retribución justa por el servicio que presta el INM, fortaleciendo la verificación y trazabilidad del flujo migratorio, sin afectar la experiencia de los visitantes.
Actualmente la ley no destina los recursos que se recaudan por este derecho o parte de ellos al INM.
La Ley Federal de Derechos actual señala que el 67 por ciento de los ingresos que se obtengan por este derecho se destinarán a la Sedena para la operación, prestación de servicios, equipamiento e inversión en infraestructura relacionados con los objetos sociales de las empresas de participación estatal mayoritaria sectorizadas a esa dependencia, mientras que el 33 por ciento restante deberá concentrarse en la Tesorería de la Federación y no tendrá destino específico.
La propuesta para 2027 modifica esa fórmula al reducir los porcentajes para la Sedena y la Tesofe e incorporar al INM.
Establece que el monto que se deberá destinar a la Sedena bajará del 67 a 50 por ciento, el depositado en la Tesofe de 33 a 24 por ciento y el 26 por ciento restante deberá ser destinado al INM para para financiar proyectos de infraestructura tecnológica en materia de seguridad fronteriza y control migratorio.
«Lo anterior, considerando que desde el 18 de mayo de 2005 el Instituto Nacional de Migración es reconocido como instancia de seguridad nacional, y en particular, como instancia de control y facilitador de la movilidad segura de las personas y que tiene como metas principales velar por la protección y preservación del interés colectivo, evitando en lo posible o minimizando cualquier riesgo o amenaza a la integridad física de la población y de las instituciones del país», señala.
Diario MX
