Ciudad de México.- Florian Tudor «El Tiburón» no sólo construyó en México una estructura empresarial alrededor de cajeros automáticos y negocios turísticos.
Durante los años en que se asentó en Quintana Roo, el rumano señalado como jefe de una organización dedicada a la clonación de tarjetas, logró establecer contactos con políticos, ex funcionarios, empresarios y personajes ligados a distintos partidos, una red que posteriormente quedó bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Las investigaciones financieras del Gobierno federal identificaron desde 2021 una estructura integrada por ciudadanos rumanos y mexicanos, empresas y personas relacionadas con el ejercicio del poder público.
La llamada «Operación Caribe» llevó al bloqueo de cuentas de 79 personas físicas y morales relacionadas con una organización dedicada al fraude bancario y al lavado de recursos en destinos turísticos.
La UIF presentó posteriormente una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra 15 personas físicas y 15 empresas, después de detectar cientos de operaciones inusuales, transferencias internacionales y movimientos millonarios relacionados con la estructura.
El entonces titular de la UIF, Santiago Nieto, llegó a señalar públicamente que las investigaciones habían identificado a seis personas relacionadas con el ejercicio del poder público que recibían beneficios o generaban algún tipo de protección para la organización.
La propia UIF matizó que la aparición de nombres en reportes de inteligencia no equivalía necesariamente a responsabilidad penal y que, donde no existiera vínculo financiero, no podía fincarse una acusación.
Entre los personajes que aparecieron en las investigaciones estuvo José de la Peña Ruiz de Chávez, entonces diputado local y dirigente del Partido Verde Ecologista de México en Quintana Roo.
De la Peña dejó la dirigencia estatal del PVEM después de que su cuenta apareció entre las bloqueadas por la UIF en febrero de 2021.
Las pesquisas incluyeron también a ex funcionarios de seguridad pública, notarios y personajes vinculados con administraciones estatales anteriores.
Entre ellos fueron mencionados José Luis Jonathan Yong Mendoza, ex Secretario de Seguridad Pública de Benito Juárez, municipio donde se encuentra Cancún; el notario Naín Gabriel Díaz Medina, y Francisco Evadio Garibay Osorio, ex funcionario del patrimonio inmobiliario estatal.
Los reportes de inteligencia difundidos entonces también señalaron posibles conexiones con operadores vinculados a René Bejarano, dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza.
Sin embargo, Nieto precisó públicamente que la UIF no había encontrado irregularidades financieras atribuibles directamente a Bejarano y advirtió que la sola aparición de una persona en información de inteligencia no permitía establecer responsabilidad.
Tudor, por su parte, negó conocer tanto a Bejarano como a De la Peña y aseguró que los señalamientos formaban parte de un «montaje» político de la UIF en su contra.
Pero quizá el episodio que mejor exhibió la capacidad del rumano para abrir puertas ocurrió en Palacio Nacional.
El 26 de febrero de 2021, cuando Tudor ya estaba bajo investigación de la UIF y autoridades estadounidenses y rumanas seguían las actividades de su organización, el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó públicamente que el empresario fuera atendido por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
«De este asunto en especial le voy a pedir a Rosa Icela Rodríguez que atienda a esta persona», dijo López Obrador.
Cinco días después, el 3 de marzo, Tudor ingresó a las oficinas de la SSPC.
Grupo REFORMA documentó que Rosa Icela Rodríguez lo recibió para escuchar sus quejas contra las investigaciones que lo señalaban como jefe de la llamada mafia rumana.
La dependencia justificó el encuentro como el ejercicio del derecho de audiencia de un ciudadano.
Para ese momento, sin embargo, la UIF ya había denunciado ante la FGR a empresarios y políticos presuntamente relacionados con la organización y había congelado decenas de cuentas.
La reunión con la titular de Seguridad no frenó las investigaciones.
Menos de tres meses después, el 27 de mayo de 2021, Tudor fue detenido en las instalaciones de la propia FGR con fines de extradición a Rumania.
La UIF informó entonces que había llegado a bloquear hasta 520 millones de pesos relacionados con la estructura y que las investigaciones habían involucrado al FBI, al Centro Nacional de Inteligencia, a las Fuerzas Armadas y a autoridades de Quintana Roo.
La capacidad de la red para construir relaciones políticas volvió a aparecer años después.
Grupo REFORMA documentó en agosto de 2026, que Alejandro Arcos Romero, señalado previamente como operador financiero de la organización de Tudor, terminó vinculado laboralmente con la Agencia Nacional de Aduanas de México y posteriormente apareció acompañando al ex director de esa institución Rafael Marín Mollinedo en actividades relacionadas con su promoción política en Quintana Roo.
Ese episodio amplió hacia el presente una red cuyos primeros indicios habían aparecido desde los Gobiernos estatales anteriores.
Investigaciones recopiladas por autoridades federales señalaron que el grupo rumano operó durante años en Quintana Roo y estableció contactos con personajes relacionados con las Administraciones de Félix González Canto y Roberto Borge.
Al mismo tiempo, el negocio de Tudor se expandió mediante sociedades mercantiles y contratos para colocar y operar cajeros automáticos en puntos turísticos.
La UIF describió un esquema basado en empresas constituidas principalmente por ciudadanos rumanos y ligadas corporativamente entre sí, utilizadas para mover recursos derivados de fraudes bancarios y posteriormente integrarlos al sistema financiero mediante operaciones inmobiliarias, efectivo y transferencias internacionales.
Tudor siempre negó haber comprado protección política. En una carta difundida en febrero de 2021 rechazó conocer a varios de los políticos incluidos en las investigaciones, acusó a la UIF de construir un montaje en su contra y sostuvo que los señalamientos buscaban afectar alianzas electorales en Quintana Roo.
Pero las investigaciones oficiales sí establecieron algo distinto: alrededor de la estructura financiera encabezada presuntamente por «El Tiburón» aparecieron empresarios, funcionarios, ex funcionarios y personajes partidistas.
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Ciudad de México.- Florian Tudor «El Tiburón» no sólo construyó en México una estructura empresarial alrededor de cajeros automáticos y negocios turísticos.
Durante los años en que se asentó en Quintana Roo, el rumano señalado como jefe de una organización dedicada a la clonación de tarjetas, logró establecer contactos con políticos, ex funcionarios, empresarios y personajes ligados a distintos partidos, una red que posteriormente quedó bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Las investigaciones financieras del Gobierno federal identificaron desde 2021 una estructura integrada por ciudadanos rumanos y mexicanos, empresas y personas relacionadas con el ejercicio del poder público.
La llamada «Operación Caribe» llevó al bloqueo de cuentas de 79 personas físicas y morales relacionadas con una organización dedicada al fraude bancario y al lavado de recursos en destinos turísticos.
La UIF presentó posteriormente una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra 15 personas físicas y 15 empresas, después de detectar cientos de operaciones inusuales, transferencias internacionales y movimientos millonarios relacionados con la estructura.
El entonces titular de la UIF, Santiago Nieto, llegó a señalar públicamente que las investigaciones habían identificado a seis personas relacionadas con el ejercicio del poder público que recibían beneficios o generaban algún tipo de protección para la organización.
La propia UIF matizó que la aparición de nombres en reportes de inteligencia no equivalía necesariamente a responsabilidad penal y que, donde no existiera vínculo financiero, no podía fincarse una acusación.
Entre los personajes que aparecieron en las investigaciones estuvo José de la Peña Ruiz de Chávez, entonces diputado local y dirigente del Partido Verde Ecologista de México en Quintana Roo.
De la Peña dejó la dirigencia estatal del PVEM después de que su cuenta apareció entre las bloqueadas por la UIF en febrero de 2021.
Las pesquisas incluyeron también a ex funcionarios de seguridad pública, notarios y personajes vinculados con administraciones estatales anteriores.
Entre ellos fueron mencionados José Luis Jonathan Yong Mendoza, ex Secretario de Seguridad Pública de Benito Juárez, municipio donde se encuentra Cancún; el notario Naín Gabriel Díaz Medina, y Francisco Evadio Garibay Osorio, ex funcionario del patrimonio inmobiliario estatal.
Los reportes de inteligencia difundidos entonces también señalaron posibles conexiones con operadores vinculados a René Bejarano, dirigente del Movimiento Nacional por la Esperanza.
Sin embargo, Nieto precisó públicamente que la UIF no había encontrado irregularidades financieras atribuibles directamente a Bejarano y advirtió que la sola aparición de una persona en información de inteligencia no permitía establecer responsabilidad.
Tudor, por su parte, negó conocer tanto a Bejarano como a De la Peña y aseguró que los señalamientos formaban parte de un «montaje» político de la UIF en su contra.
Pero quizá el episodio que mejor exhibió la capacidad del rumano para abrir puertas ocurrió en Palacio Nacional.
El 26 de febrero de 2021, cuando Tudor ya estaba bajo investigación de la UIF y autoridades estadounidenses y rumanas seguían las actividades de su organización, el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó públicamente que el empresario fuera atendido por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
«De este asunto en especial le voy a pedir a Rosa Icela Rodríguez que atienda a esta persona», dijo López Obrador.
Cinco días después, el 3 de marzo, Tudor ingresó a las oficinas de la SSPC.
Grupo REFORMA documentó que Rosa Icela Rodríguez lo recibió para escuchar sus quejas contra las investigaciones que lo señalaban como jefe de la llamada mafia rumana.
La dependencia justificó el encuentro como el ejercicio del derecho de audiencia de un ciudadano.
Para ese momento, sin embargo, la UIF ya había denunciado ante la FGR a empresarios y políticos presuntamente relacionados con la organización y había congelado decenas de cuentas.
La reunión con la titular de Seguridad no frenó las investigaciones.
Menos de tres meses después, el 27 de mayo de 2021, Tudor fue detenido en las instalaciones de la propia FGR con fines de extradición a Rumania.
La UIF informó entonces que había llegado a bloquear hasta 520 millones de pesos relacionados con la estructura y que las investigaciones habían involucrado al FBI, al Centro Nacional de Inteligencia, a las Fuerzas Armadas y a autoridades de Quintana Roo.
La capacidad de la red para construir relaciones políticas volvió a aparecer años después.
Grupo REFORMA documentó en agosto de 2026, que Alejandro Arcos Romero, señalado previamente como operador financiero de la organización de Tudor, terminó vinculado laboralmente con la Agencia Nacional de Aduanas de México y posteriormente apareció acompañando al ex director de esa institución Rafael Marín Mollinedo en actividades relacionadas con su promoción política en Quintana Roo.
Ese episodio amplió hacia el presente una red cuyos primeros indicios habían aparecido desde los Gobiernos estatales anteriores.
Investigaciones recopiladas por autoridades federales señalaron que el grupo rumano operó durante años en Quintana Roo y estableció contactos con personajes relacionados con las Administraciones de Félix González Canto y Roberto Borge.
Al mismo tiempo, el negocio de Tudor se expandió mediante sociedades mercantiles y contratos para colocar y operar cajeros automáticos en puntos turísticos.
La UIF describió un esquema basado en empresas constituidas principalmente por ciudadanos rumanos y ligadas corporativamente entre sí, utilizadas para mover recursos derivados de fraudes bancarios y posteriormente integrarlos al sistema financiero mediante operaciones inmobiliarias, efectivo y transferencias internacionales.
Tudor siempre negó haber comprado protección política. En una carta difundida en febrero de 2021 rechazó conocer a varios de los políticos incluidos en las investigaciones, acusó a la UIF de construir un montaje en su contra y sostuvo que los señalamientos buscaban afectar alianzas electorales en Quintana Roo.
Pero las investigaciones oficiales sí establecieron algo distinto: alrededor de la estructura financiera encabezada presuntamente por «El Tiburón» aparecieron empresarios, funcionarios, ex funcionarios y personajes partidistas.
Diario MX
