Organizaciones de derechos humanos registraron el desplazamiento forzado de cientos de personas en comunidades del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, a raíz del recrudecimiento de las acciones del crimen organizado en la Sierra Tarahumara.
La Misión Civil de Observación del Desplazamiento Forzado Interno alertó sobre la crisis humanitaria en esta zona de la Sierra Tarahumara (Triángulo Dorado), ubicada en los límites con Sinaloa y Durango.
La agrupación señaló que las familias huyeron de la zona para ponerse a salvo, acosadas por los enfrentamientos y por el despojo sistemático de sus propiedades.
«El crimen organizado en este momento está generando condiciones de violencia en las comunidades serranas. Integrantes de grupos del crimen organizado están desplazando a las familias para adueñarse del territorio, desviando el agua, apropiándose de su ganado, desmantelando sus casas para hacerse de recursos y asentarse en el lugar», denunció el colectivo.
«Enfrentándose por medio de bombas, drones, balaceras donde las familias quedan en medio del fuego cruzado y los animales abandonados o sacrificados por el crimen organizado para financiar la guerra».
La agrupación civil refirió que las víctimas refugiadas carecen de alimentos, cobijo y atención médica en los puntos donde intentan resguardarse al aire libre.
«Las personas adultas mayores son las que menos posibilidades tienen de huir por sus restricciones de movilidad, incluso se están quedando: prefieren morir en su hogar que dejarlo; su arraigo al territorio es más fuerte que esta violencia», detalló el pronunciamiento.
De acuerdo con el documento firmado por 10 organizaciones como Alianza Sierra Madre, CEDEHM, Tlachinollan y la Red TDT, la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua admitió ante la Misión que las fuerzas locales están rebasadas ante el poder de fuego de las células delictivas y carecen de capacidad operativa para contener la embestida criminal.
«La SSP de Chihuahua ha declarado a esta Misión que están rebasados, que no tienen capacidad para hacerle frente a la violencia criminal, y que solo el Ejército es el que cuenta con el equipamiento necesario para garantizar la protección de la población civil», señalaron.
Ante este panorama, las organizaciones y las comunidades afectadas dirigieron un pliego de exigencias a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.
Entre las peticiones destacan la intervención urgente y permanente del Ejército Mexicano para pacificar la zona, la habilitación de refugios temporales con insumos de primera necesidad y la puesta en marcha de un plan integral que garantice el retorno seguro y la atención médica a las familias desplazadas.
«Las autoridades estatales y federales han intervenido solo para atender la emergencia, como lo es este caso, sin embargo es urgente la implementación de un plan integral de atención para atender el desplazamiento forzado a corto, mediano y largo plazo», solicitaron.
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Organizaciones de derechos humanos registraron el desplazamiento forzado de cientos de personas en comunidades del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, a raíz del recrudecimiento de las acciones del crimen organizado en la Sierra Tarahumara.
La Misión Civil de Observación del Desplazamiento Forzado Interno alertó sobre la crisis humanitaria en esta zona de la Sierra Tarahumara (Triángulo Dorado), ubicada en los límites con Sinaloa y Durango.
La agrupación señaló que las familias huyeron de la zona para ponerse a salvo, acosadas por los enfrentamientos y por el despojo sistemático de sus propiedades.
«El crimen organizado en este momento está generando condiciones de violencia en las comunidades serranas. Integrantes de grupos del crimen organizado están desplazando a las familias para adueñarse del territorio, desviando el agua, apropiándose de su ganado, desmantelando sus casas para hacerse de recursos y asentarse en el lugar», denunció el colectivo.
«Enfrentándose por medio de bombas, drones, balaceras donde las familias quedan en medio del fuego cruzado y los animales abandonados o sacrificados por el crimen organizado para financiar la guerra».
La agrupación civil refirió que las víctimas refugiadas carecen de alimentos, cobijo y atención médica en los puntos donde intentan resguardarse al aire libre.
«Las personas adultas mayores son las que menos posibilidades tienen de huir por sus restricciones de movilidad, incluso se están quedando: prefieren morir en su hogar que dejarlo; su arraigo al territorio es más fuerte que esta violencia», detalló el pronunciamiento.
De acuerdo con el documento firmado por 10 organizaciones como Alianza Sierra Madre, CEDEHM, Tlachinollan y la Red TDT, la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua admitió ante la Misión que las fuerzas locales están rebasadas ante el poder de fuego de las células delictivas y carecen de capacidad operativa para contener la embestida criminal.
«La SSP de Chihuahua ha declarado a esta Misión que están rebasados, que no tienen capacidad para hacerle frente a la violencia criminal, y que solo el Ejército es el que cuenta con el equipamiento necesario para garantizar la protección de la población civil», señalaron.
Ante este panorama, las organizaciones y las comunidades afectadas dirigieron un pliego de exigencias a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.
Entre las peticiones destacan la intervención urgente y permanente del Ejército Mexicano para pacificar la zona, la habilitación de refugios temporales con insumos de primera necesidad y la puesta en marcha de un plan integral que garantice el retorno seguro y la atención médica a las familias desplazadas.
«Las autoridades estatales y federales han intervenido solo para atender la emergencia, como lo es este caso, sin embargo es urgente la implementación de un plan integral de atención para atender el desplazamiento forzado a corto, mediano y largo plazo», solicitaron.
Diario MX
