La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua sostuvo que en la carpeta de investigación iniciada tras un operativo de abril de 2026 en el municipio de Morelos no existe indicio alguno de que la titular del Poder Ejecutivo estatal, María Eugenia Campos Galván, conociera o autorizara la participación de personas extranjeras en labores operativas.
Por el contrario, la autoridad ministerial precisó que la indagatoria acreditó que dicha información le fue ocultada a la mandataria, un aspecto que un juez de control consideró probable al dictar el correspondiente auto de vinculación a proceso.
La investigación penal acumula hasta la fecha 150 declaraciones rendidas por 86 personas, además de pruebas técnicas, periciales y documentales.
Frente a las versiones difundidas en medios de comunicación, la institución aclaró que las imputaciones contra la gobernadora provienen de declaraciones formuladas fuera del juicio por una persona que mantiene una orden de aprehensión vigente, por lo que tales afirmaciones no integran la carpeta ni poseen validez en el proceso legal.
Respecto a los involucrados de origen extranjero, la representación social indicó que en las actuaciones constan únicamente como ciudadanos estadounidenses, evitando pronunciarse sobre su adscripción institucional o sobre documentación que no haya sido exhibida en el juzgado.
Finalmente, la representación judicial confirmó que las diligencias continúan en la fase de investigación complementaria y que los hallazgos han sido compartidos con la Fiscalía General de la República (FGR) bajo esquemas de colaboración institucional.
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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua sostuvo que en la carpeta de investigación iniciada tras un operativo de abril de 2026 en el municipio de Morelos no existe indicio alguno de que la titular del Poder Ejecutivo estatal, María Eugenia Campos Galván, conociera o autorizara la participación de personas extranjeras en labores operativas.
Por el contrario, la autoridad ministerial precisó que la indagatoria acreditó que dicha información le fue ocultada a la mandataria, un aspecto que un juez de control consideró probable al dictar el correspondiente auto de vinculación a proceso.
La investigación penal acumula hasta la fecha 150 declaraciones rendidas por 86 personas, además de pruebas técnicas, periciales y documentales.
Frente a las versiones difundidas en medios de comunicación, la institución aclaró que las imputaciones contra la gobernadora provienen de declaraciones formuladas fuera del juicio por una persona que mantiene una orden de aprehensión vigente, por lo que tales afirmaciones no integran la carpeta ni poseen validez en el proceso legal.
Respecto a los involucrados de origen extranjero, la representación social indicó que en las actuaciones constan únicamente como ciudadanos estadounidenses, evitando pronunciarse sobre su adscripción institucional o sobre documentación que no haya sido exhibida en el juzgado.
Finalmente, la representación judicial confirmó que las diligencias continúan en la fase de investigación complementaria y que los hallazgos han sido compartidos con la Fiscalía General de la República (FGR) bajo esquemas de colaboración institucional.
Diario MX
