La Casa Blanca del Presidente estadounidense, Donald Trump, lleva meses preparándose para la posible toma del control del Congreso por parte de los demócratas, elaborando planes para seguir impulsando aspectos clave de su programa mediante el poder ejecutivo, según un funcionario de la Casa Blanca y dos personas familiarizadas con los planes.
Altos cargos, entre ellos el subjefe de gabinete Stephen Miller y el director de presupuesto Russell Vought, llevan trabajando desde abril con la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca para identificar medidas ejecutivas en materia de inmigración, aranceles, costos de la vivienda y gasto federal que Trump podría llevar a cabo sin la aprobación del Congreso, dijeron las tres personas, que hablaron bajo condición de anonimato.
El asesor jurídico de la Casa Blanca, Will Scharf, y su equipo también están analizando «qué puede hacer Trump legalmente por su cuenta, hasta dónde podría llegar al límite de su autoridad y cómo defender esas decisiones ante los tribunales», dijo el funcionario de la Casa Blanca.
Hacerse con el control del Congreso daría a los demócratas el poder de investigar a Trump, bloquear la legislación y limitar sus prioridades de gasto.
Sin embargo, Trump conservaría una amplia autoridad ejecutiva en materia de comercio, política exterior y la burocracia federal, que ya ha ejercido de forma agresiva durante su segundo mandato.
Los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños tanto en la Cámara de Representantes de Estados Unidos como en el Senado para revertir las estrechas mayorías republicanas de 218 a 214 y de 53 a 47.
Las encuestas de opinión dan como favoritos a los demócratas para ganar la Cámara, mientras que la carrera por el Senado sigue demasiado reñida como para pronosticar un ganador.
Durante el último mes, Trump ha celebrado mítines por todo el país para intentar mantener el control republicano del Congreso, incluso mientras sus asesores se preparan en privado para un panorama político muy diferente en 2027.
La Casa Blanca ha rechazado la posibilidad de que los republicanos sufran pérdidas y ha acusado a los medios de comunicación de promover una narrativa falsa.
«Esta Administración y los republicanos con sentido común seguirán protegiendo nuestras fronteras, restableciendo la ley y el orden, devolviendo más dinero a los bolsillos de los estadounidenses trabajadores y logrando victorias para el pueblo estadounidense», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis.
Entre las medidas ejecutivas que se están barajando figuran nuevos aranceles sobre las importaciones de minerales críticos y turbinas eólicas, normas más estrictas sobre los visados para estudiantes internacionales y trabajadores extranjeros temporales, y medidas destinadas a reducir los costos de la vivienda y la construcción, indicó el funcionario de la Casa Blanca.
Las agencias federales han presentado propuestas y análisis jurídicos sobre las medidas que la Administración podría adoptar de forma unilateral, dijo una de las personas con conocimiento de los planes.
Vought, cuya Oficina de Gestión y Presupuesto de Estados Unidos supervisa el gasto federal, está examinando qué prioridades pueden llevarse a cabo utilizando los fondos ya asignados por el Congreso, indicaron dos de las fuentes.
También quiere modificar las normas sobre subvenciones federales para dar a los cargos políticos más voz a la hora de decidir qué programas gubernamentales reciben dinero de los contribuyentes, afirmaron, lo que podría otorgar a la Casa Blanca una mayor influencia sobre el gasto federal sin necesidad de solicitar la aprobación del Congreso.
Trump ha sido informado de los preparativos y ha participado en las discusiones al respecto, afirmó el funcionario de la Casa Blanca.
Cuando se le preguntó hasta qué punto se sentiría cómodo Trump gobernando mediante la autoridad ejecutiva bajo un Congreso demócrata, una de las fuentes respondió: «muy cómodo».
Trump ya ha puesto a prueba el alcance del poder presidencial desde que volvió al cargo en enero de 2025, utilizando la autoridad ejecutiva para imponer aranceles generalizados, intensificar la aplicación de la ley de inmigración, reducir la plantilla federal y perseguir objetivos de política exterior -incluida la guerra contra Irán- sin la aprobación del Congreso ni nuevas leyes.
Una excepción importante fue el enorme paquete de recortes fiscales y de gasto de Trump, que fue aprobado por el Congreso, controlado por los republicanos, y promulgado por el Presidente en julio de 2025.
«El Presidente Trump, en los últimos dos años, básicamente ha ignorado al Congreso y ha intentado hacer todo lo posible mediante decretos presidenciales y el poder ejecutivo», afirmó Nathan Gonzales, editor de Inside Elections, que ofrece análisis políticos no partidistas. «Creo que solo seguirá haciéndolo si hay mayorías demócratas».
Trump ha invocado en repetidas ocasiones los estados de emergencia nacional para ampliar su capacidad de actuar sin necesidad de nueva legislación.
El Congreso puede votar para poner fin a esos estados de emergencia, pero Trump podría vetar dicha medida, lo que requeriría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para anular su veto.
Un Congreso demócrata aún podría plantear obstáculos significativos.
El control del Senado permitiría a los demócratas bloquear a los candidatos de Trump para el poder judicial y el poder ejecutivo, incluida cualquier designación para la Corte Suprema.
«Preveo que se mostrarán muy reacios a aprobar cualquiera de los nombramientos del presidente», afirmó Andrew Busch, profesor de políticas públicas en la Universidad de Tennessee, en Knoxville, y autor de una historia de las elecciones de mitad de mandato.
Los demócratas también podrían negarse a aprobar la legislación respaldada por Trump.
Pero Trump podría vetar la legislación demócrata que no le guste, y es poco probable que los demócratas cuenten con los votos suficientes en la Cámara de Representantes para anular su veto.
Los tribunales podrían bloquear las medidas ejecutivas que excedan la autoridad legal de Trump.
La Casa Blanca tiene previsto solicitar dictámenes jurídicos al Departamento de Justicia para determinar qué puede hacer Trump sin el Congreso y cómo defender esas medidas si son impugnadas ante los tribunales, afirmó una de las fuentes.
Sin embargo, hay un reto que no puede eludirse mediante una medida ejecutiva: las investigaciones del Congreso.
Reuters informó anteriormente que altos cargos demócratas de la Cámara de Representantes y asesores de las comisiones han debatido el uso de audiencias, citaciones y solicitudes de documentos para examinar si Trump ha utilizado su poder presidencial en beneficio propio, de sus aliados o de sus donantes.
Los asesores de Trump llevan meses preparándose para esa posibilidad, según afirmaron las tres personas.
Los abogados de la Casa Blanca han estado informando a los cargos políticos y a los responsables de las agencias sobre cómo gestionar las consultas del Congreso, las solicitudes de documentos y las citaciones, dijo una de las personas. Han aconsejado a los funcionarios que tengan cuidado con lo que pongan por escrito.
También solicitaron un dictamen del Departamento de Justicia que pudiera permitir a Trump invocar el privilegio ejecutivo para proteger las comunicaciones con asesores privados del escrutinio del Congreso, añadió esta persona.
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La Casa Blanca del Presidente estadounidense, Donald Trump, lleva meses preparándose para la posible toma del control del Congreso por parte de los demócratas, elaborando planes para seguir impulsando aspectos clave de su programa mediante el poder ejecutivo, según un funcionario de la Casa Blanca y dos personas familiarizadas con los planes.
Altos cargos, entre ellos el subjefe de gabinete Stephen Miller y el director de presupuesto Russell Vought, llevan trabajando desde abril con la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca para identificar medidas ejecutivas en materia de inmigración, aranceles, costos de la vivienda y gasto federal que Trump podría llevar a cabo sin la aprobación del Congreso, dijeron las tres personas, que hablaron bajo condición de anonimato.
El asesor jurídico de la Casa Blanca, Will Scharf, y su equipo también están analizando «qué puede hacer Trump legalmente por su cuenta, hasta dónde podría llegar al límite de su autoridad y cómo defender esas decisiones ante los tribunales», dijo el funcionario de la Casa Blanca.
Hacerse con el control del Congreso daría a los demócratas el poder de investigar a Trump, bloquear la legislación y limitar sus prioridades de gasto.
Sin embargo, Trump conservaría una amplia autoridad ejecutiva en materia de comercio, política exterior y la burocracia federal, que ya ha ejercido de forma agresiva durante su segundo mandato.
Los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños tanto en la Cámara de Representantes de Estados Unidos como en el Senado para revertir las estrechas mayorías republicanas de 218 a 214 y de 53 a 47.
Las encuestas de opinión dan como favoritos a los demócratas para ganar la Cámara, mientras que la carrera por el Senado sigue demasiado reñida como para pronosticar un ganador.
Durante el último mes, Trump ha celebrado mítines por todo el país para intentar mantener el control republicano del Congreso, incluso mientras sus asesores se preparan en privado para un panorama político muy diferente en 2027.
La Casa Blanca ha rechazado la posibilidad de que los republicanos sufran pérdidas y ha acusado a los medios de comunicación de promover una narrativa falsa.
«Esta Administración y los republicanos con sentido común seguirán protegiendo nuestras fronteras, restableciendo la ley y el orden, devolviendo más dinero a los bolsillos de los estadounidenses trabajadores y logrando victorias para el pueblo estadounidense», dijo la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis.
Entre las medidas ejecutivas que se están barajando figuran nuevos aranceles sobre las importaciones de minerales críticos y turbinas eólicas, normas más estrictas sobre los visados para estudiantes internacionales y trabajadores extranjeros temporales, y medidas destinadas a reducir los costos de la vivienda y la construcción, indicó el funcionario de la Casa Blanca.
Las agencias federales han presentado propuestas y análisis jurídicos sobre las medidas que la Administración podría adoptar de forma unilateral, dijo una de las personas con conocimiento de los planes.
Vought, cuya Oficina de Gestión y Presupuesto de Estados Unidos supervisa el gasto federal, está examinando qué prioridades pueden llevarse a cabo utilizando los fondos ya asignados por el Congreso, indicaron dos de las fuentes.
También quiere modificar las normas sobre subvenciones federales para dar a los cargos políticos más voz a la hora de decidir qué programas gubernamentales reciben dinero de los contribuyentes, afirmaron, lo que podría otorgar a la Casa Blanca una mayor influencia sobre el gasto federal sin necesidad de solicitar la aprobación del Congreso.
Trump ha sido informado de los preparativos y ha participado en las discusiones al respecto, afirmó el funcionario de la Casa Blanca.
Cuando se le preguntó hasta qué punto se sentiría cómodo Trump gobernando mediante la autoridad ejecutiva bajo un Congreso demócrata, una de las fuentes respondió: «muy cómodo».
Trump ya ha puesto a prueba el alcance del poder presidencial desde que volvió al cargo en enero de 2025, utilizando la autoridad ejecutiva para imponer aranceles generalizados, intensificar la aplicación de la ley de inmigración, reducir la plantilla federal y perseguir objetivos de política exterior -incluida la guerra contra Irán- sin la aprobación del Congreso ni nuevas leyes.
Una excepción importante fue el enorme paquete de recortes fiscales y de gasto de Trump, que fue aprobado por el Congreso, controlado por los republicanos, y promulgado por el Presidente en julio de 2025.
«El Presidente Trump, en los últimos dos años, básicamente ha ignorado al Congreso y ha intentado hacer todo lo posible mediante decretos presidenciales y el poder ejecutivo», afirmó Nathan Gonzales, editor de Inside Elections, que ofrece análisis políticos no partidistas. «Creo que solo seguirá haciéndolo si hay mayorías demócratas».
Trump ha invocado en repetidas ocasiones los estados de emergencia nacional para ampliar su capacidad de actuar sin necesidad de nueva legislación.
El Congreso puede votar para poner fin a esos estados de emergencia, pero Trump podría vetar dicha medida, lo que requeriría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para anular su veto.
Un Congreso demócrata aún podría plantear obstáculos significativos.
El control del Senado permitiría a los demócratas bloquear a los candidatos de Trump para el poder judicial y el poder ejecutivo, incluida cualquier designación para la Corte Suprema.
«Preveo que se mostrarán muy reacios a aprobar cualquiera de los nombramientos del presidente», afirmó Andrew Busch, profesor de políticas públicas en la Universidad de Tennessee, en Knoxville, y autor de una historia de las elecciones de mitad de mandato.
Los demócratas también podrían negarse a aprobar la legislación respaldada por Trump.
Pero Trump podría vetar la legislación demócrata que no le guste, y es poco probable que los demócratas cuenten con los votos suficientes en la Cámara de Representantes para anular su veto.
Los tribunales podrían bloquear las medidas ejecutivas que excedan la autoridad legal de Trump.
La Casa Blanca tiene previsto solicitar dictámenes jurídicos al Departamento de Justicia para determinar qué puede hacer Trump sin el Congreso y cómo defender esas medidas si son impugnadas ante los tribunales, afirmó una de las fuentes.
Sin embargo, hay un reto que no puede eludirse mediante una medida ejecutiva: las investigaciones del Congreso.
Reuters informó anteriormente que altos cargos demócratas de la Cámara de Representantes y asesores de las comisiones han debatido el uso de audiencias, citaciones y solicitudes de documentos para examinar si Trump ha utilizado su poder presidencial en beneficio propio, de sus aliados o de sus donantes.
Los asesores de Trump llevan meses preparándose para esa posibilidad, según afirmaron las tres personas.
Los abogados de la Casa Blanca han estado informando a los cargos políticos y a los responsables de las agencias sobre cómo gestionar las consultas del Congreso, las solicitudes de documentos y las citaciones, dijo una de las personas. Han aconsejado a los funcionarios que tengan cuidado con lo que pongan por escrito.
También solicitaron un dictamen del Departamento de Justicia que pudiera permitir a Trump invocar el privilegio ejecutivo para proteger las comunicaciones con asesores privados del escrutinio del Congreso, añadió esta persona.
Diario MX
