Estados Unidos sancionó hoy a un nuevo grupo de entidades militares y funcionarios de defensa cubanos, en un intento por crear fisuras en el Gobierno de La Habana y presionar para que realice reformas democráticas.
Estas son las entidades que están en la mira de Washington desde que la administración del Presidente Donald Trump inicio su nueva campaña de sanciones contra la isla en enero.
GAESA, el conglomerado del Ejército cubano fundado por Raúl Castro en 1995, es un objetivo central de la política de Washington hacia Cuba.
Se creó con el fin de generar ingresos para las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y captar divisas para la economía cubana durante el «periodo especial», la crisis económica que generó la caída del bloque soviético en 1991.
Según analistas, GAESA controla entre el 40 por ciento y el 70 por ciento de la economía cubana, y tiene hasta 18 mil millones de dólares en activos en los sectores de turismo, comercio minorista, logística, finanzas y servicios portuarios.
Desde su fundación, se expandió rápidamente a sectores estratégicos, incluidas las cadenas minoristas que venden productos en dólares; el Puerto de Mariel, ubicado al oeste de La Habana y el enclave comercial más importante del país; así como estaciones de combustible y servicios financieros.
A través de su filial Cimex, la mayor red comercial, financiera y logística del país, GAESA genera y canaliza una gran parte de los ingresos en divisas de Cuba.
Asimismo, controla la empresa de turismo Gaviota, que posee decenas de hoteles que hasta hace muy poco tiempo operaban en asociación con grupos hoteleros internacionales, así como marinas, restaurantes, servicios de taxi y empresas de alquiler de automóviles.
GAESA tiene su sede en un edificio ubicado en el centro histórico de La Habana, sin ningún cartel visible que lo identifique.
El conglomerado fue sancionado por la administración Trump en mayo, junto con su directora ejecutiva, la general de Brigada Ania Guillermina Lastres.
Los críticos de Washington argumentan que atacar a GAESA puede resultar contraproducente.
Según un ex oficial de la CIA, es una de las pocas instituciones del Gobierno cubano interesadas en abandonar el modelo económico comunista y podría desempeñar un papel similar al que jugaron los militares de Vietnam durante la transición en ese país.
Las últimas sanciones apuntan a varias filiales de GAESA incluida Tecnoimport, que según el Departamento de Estado es la empresa encargada de las importaciones de productos técnicos, incluido equipamiento militar para las Fuerzas Armadas.
Estados Unidos también acusa a la empresa de adquirir bienes relacionados con los ejércitos de Rusia y China.
Otra Filial de GAESA, Tecnotex, fue objeto de sanciones por supuestamente participar en esfuerzos para renovar la flota cubana de helicópteros de fabricación rusa y haber cooperado previamente con Corea del Norte.
La campaña de sanciones alcanza a los altos mandos militares de Cuba, incluidos el Ministro de Defensa, Álvaro López Miera, y el jefe del Estado Mayor General, Roberto Legra Sotolongo, quien también es viceministro primero del ministerio de las Fuerzas Armadas (Minfar).
Ambos ya habían sido sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense tras las protestas antigubernamentales de 2021.
Washington apuntó además a José Antonio Remón Rodríguez, jefe de la dirección de relaciones exteriores del Minfar; y a Oscar Enrique Biosca Gallego, quien supervisa los asuntos económicos; así como a los agregados militares de Cuba en Moscú y Pekín, Mónica Milián Gómez y Waldo Pérez Cortés, respectivamente.
El Departamento de Estado asegura que ambos han estado involucrados en adquisiciones militares y en la cooperación de defensa con Rusia y China.
Las últimas medidas reflejan la creciente preocupación de Estados Unidos por las relaciones militares de Cuba con esos dos países, que son fuertes aliados de la isla.
Las nuevas medidas se dirigen también contra entidades directamente involucradas en la producción, mantenimiento y modernización de equipos militares.
Entre ellas figura la Unión de Industria Militar (UIM), el holding responsable de la fabricación y reparación de armas y equipos para las Fuerzas Armadas.
Washington señala que la UIM ha trabajado con entidades de defensa rusas para modernizar los sistemas de armas de la era soviética.
Otros entes sancionados fueron la Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin, que repara helicópteros militares y aviones, y ayuda a mantener la flota cubana de aviones militares construidos en Rusia; y la importadora Duna S.A., que según el Departamento de Estado ayudó a traer equipo militar desde Rusia y China.
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Estados Unidos sancionó hoy a un nuevo grupo de entidades militares y funcionarios de defensa cubanos, en un intento por crear fisuras en el Gobierno de La Habana y presionar para que realice reformas democráticas.
Estas son las entidades que están en la mira de Washington desde que la administración del Presidente Donald Trump inicio su nueva campaña de sanciones contra la isla en enero.
GAESA, el conglomerado del Ejército cubano fundado por Raúl Castro en 1995, es un objetivo central de la política de Washington hacia Cuba.
Se creó con el fin de generar ingresos para las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y captar divisas para la economía cubana durante el «periodo especial», la crisis económica que generó la caída del bloque soviético en 1991.
Según analistas, GAESA controla entre el 40 por ciento y el 70 por ciento de la economía cubana, y tiene hasta 18 mil millones de dólares en activos en los sectores de turismo, comercio minorista, logística, finanzas y servicios portuarios.
Desde su fundación, se expandió rápidamente a sectores estratégicos, incluidas las cadenas minoristas que venden productos en dólares; el Puerto de Mariel, ubicado al oeste de La Habana y el enclave comercial más importante del país; así como estaciones de combustible y servicios financieros.
A través de su filial Cimex, la mayor red comercial, financiera y logística del país, GAESA genera y canaliza una gran parte de los ingresos en divisas de Cuba.
Asimismo, controla la empresa de turismo Gaviota, que posee decenas de hoteles que hasta hace muy poco tiempo operaban en asociación con grupos hoteleros internacionales, así como marinas, restaurantes, servicios de taxi y empresas de alquiler de automóviles.
GAESA tiene su sede en un edificio ubicado en el centro histórico de La Habana, sin ningún cartel visible que lo identifique.
El conglomerado fue sancionado por la administración Trump en mayo, junto con su directora ejecutiva, la general de Brigada Ania Guillermina Lastres.
Los críticos de Washington argumentan que atacar a GAESA puede resultar contraproducente.
Según un ex oficial de la CIA, es una de las pocas instituciones del Gobierno cubano interesadas en abandonar el modelo económico comunista y podría desempeñar un papel similar al que jugaron los militares de Vietnam durante la transición en ese país.
Las últimas sanciones apuntan a varias filiales de GAESA incluida Tecnoimport, que según el Departamento de Estado es la empresa encargada de las importaciones de productos técnicos, incluido equipamiento militar para las Fuerzas Armadas.
Estados Unidos también acusa a la empresa de adquirir bienes relacionados con los ejércitos de Rusia y China.
Otra Filial de GAESA, Tecnotex, fue objeto de sanciones por supuestamente participar en esfuerzos para renovar la flota cubana de helicópteros de fabricación rusa y haber cooperado previamente con Corea del Norte.
La campaña de sanciones alcanza a los altos mandos militares de Cuba, incluidos el Ministro de Defensa, Álvaro López Miera, y el jefe del Estado Mayor General, Roberto Legra Sotolongo, quien también es viceministro primero del ministerio de las Fuerzas Armadas (Minfar).
Ambos ya habían sido sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense tras las protestas antigubernamentales de 2021.
Washington apuntó además a José Antonio Remón Rodríguez, jefe de la dirección de relaciones exteriores del Minfar; y a Oscar Enrique Biosca Gallego, quien supervisa los asuntos económicos; así como a los agregados militares de Cuba en Moscú y Pekín, Mónica Milián Gómez y Waldo Pérez Cortés, respectivamente.
El Departamento de Estado asegura que ambos han estado involucrados en adquisiciones militares y en la cooperación de defensa con Rusia y China.
Las últimas medidas reflejan la creciente preocupación de Estados Unidos por las relaciones militares de Cuba con esos dos países, que son fuertes aliados de la isla.
Las nuevas medidas se dirigen también contra entidades directamente involucradas en la producción, mantenimiento y modernización de equipos militares.
Entre ellas figura la Unión de Industria Militar (UIM), el holding responsable de la fabricación y reparación de armas y equipos para las Fuerzas Armadas.
Washington señala que la UIM ha trabajado con entidades de defensa rusas para modernizar los sistemas de armas de la era soviética.
Otros entes sancionados fueron la Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin, que repara helicópteros militares y aviones, y ayuda a mantener la flota cubana de aviones militares construidos en Rusia; y la importadora Duna S.A., que según el Departamento de Estado ayudó a traer equipo militar desde Rusia y China.
Diario MX
