Francisco Garduño Yáñez desdeñó ayer acudir presencialmente a la audiencia en la que debía comparecer para que un juez federal revisara el cumplimiento de las condiciones que le fueron impuestas al obtener la suspensión condicional del proceso que enfrenta por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, relacionado con el incendio de la estación migratoria el 27 de marzo de 2023.
El excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) y ahora servidor público de la Secretaría de Educación (SEP) no acudió al Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, donde la audiencia estaba programada para las 9:15 de la mañana.
El juez Víctor Manlio Hernández Calderón inició puntualmente la diligencia y explicó que el lunes había autorizado que los abogados de Garduño comparecieran vía remota. Sin embargo, ninguno de ellos se conectó.
Ya iniciada la audiencia, el encargado de sala informó que la defensa solicitaba la liga para ingresar de manera remota. Para entonces, Garduño tampoco estaba presente. El exfuncionario había solicitado al Tribunal esa misma mañana comparecer por videoconferencia, pero el juez no autorizó su petición.
Hernández Calderón sostuvo que, debido a lo sensible del caso y a su importancia, Garduño debía comparecer personalmente, por lo que determinó diferir la audiencia.
El juez no estableció una nueva fecha y ordenó turnar el asunto al Órgano de Administración del Poder Judicial, para que éste determine cuándo deberá realizarse la siguiente diligencia y notifique a las partes.
Una burla y falta de respeto, señalan
Marcos Zavala Cruz, abogado de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) e integrante de la asesoría legal de las víctimas, solicitó que se impusiera a Garduño una medida de apremio por no acudir. El juez no la aplicó en esta ocasión debido a que previamente no había apercibido al inculpado con esa consecuencia, aunque advirtió que si vuelve a faltar podrá ser sancionado con una multa.
“Fue todo una falta de respeto a las víctimas, al sistema de justicia penal mexicano, inclusive pues a la sociedad mexicana”, declaró Zavala al salir de la audiencia.
El abogado señaló que alrededor de 10 víctimas se conectaron de manera remota desde Guatemala, Honduras y El Salvador, además de una víctima guatemalteca que se encontraba en Estados Unidos. Explicó que para ellas implicó esfuerzos para desplazarse, conectarse y mantenerse pendientes de la diligencia.
Mientras Garduño no acudió, durante la audiencia se garantizó por primera vez en este proceso la interpretación al idioma quiché para un sobreviviente guatemalteco de origen maya. La traducción estuvo a cargo de Lorenza Chávez, técnica intérprete de la Academia de Lenguas Mayas.
Zavala destacó que esta garantía para una víctima llegó hasta tres años y medio después de iniciado el proceso.
La representación presencial de las víctimas estuvo integrada por Zavala Cruz, Gabriela Romero Reza y Miguel Ángel Zenteno Cruz, como parte de la asesoría legal de 10 sobrevivientes y 10 núcleos familiares de personas fallecidas a causa del fatídico incendio.
Durante el proceso, además, uno de los familiares de una persona fallecida, identificado con las iniciales G. C. Q. M., dejó la representación de la asesoría jurídica pública debido a su inconformidad y pasó a ser representado por Zavala y su equipo.
De manera remota participó Daniel Canela Jiménez, asesor jurídico victimal público de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que inicialmente representaba a 32 familiares de personas fallecidas y 15 personas lesionadas. También participaron Lidia Morales y Daniel Díaz Díaz, representantes públicos de otras víctimas, así como Luis Alberto Hernández Estrada, del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).
‘En espera de justicia’
Blanca Navarrete, directora de DHIA, calificó la ausencia de Garduño como “una burla” y cuestionó que las víctimas y sus representantes realizaran esfuerzos para participar mientras el exfuncionario y sus asesores no acudieron.
“Le paga a uno de los despachos más caros de la Ciudad de México y ni él ni sus asesores tuvieron la valentía de pararse en el Centro de Justicia Penal Federal”, señaló.
Navarrete sostuvo que Garduño no ha cumplido con las condiciones impuestas para suspender su proceso, salvo, desde su perspectiva, la relacionada con mantener el domicilio que había señalado.
Zavala agregó que las víctimas continúan esperando verdad, justicia y reparación y cuestionó las deficiencias que han enfrentado durante el procedimiento, entre ellas la falta de intérpretes y de una asesoría jurídica adecuada.
El incendio del 27 de marzo de 2023 dejó 40 personas en contexto de movilidad fallecidas y 27 lesionadas. La audiencia para revisar el cumplimiento de las condiciones de Garduño quedó pendiente de nueva fecha y el juez estableció que el excomisionado deberá comparecer personalmente cuando vuelva a ser citado.
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Francisco Garduño Yáñez desdeñó ayer acudir presencialmente a la audiencia en la que debía comparecer para que un juez federal revisara el cumplimiento de las condiciones que le fueron impuestas al obtener la suspensión condicional del proceso que enfrenta por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, relacionado con el incendio de la estación migratoria el 27 de marzo de 2023.
El excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) y ahora servidor público de la Secretaría de Educación (SEP) no acudió al Centro de Justicia Penal Federal de Ciudad Juárez, donde la audiencia estaba programada para las 9:15 de la mañana.
El juez Víctor Manlio Hernández Calderón inició puntualmente la diligencia y explicó que el lunes había autorizado que los abogados de Garduño comparecieran vía remota. Sin embargo, ninguno de ellos se conectó.
Ya iniciada la audiencia, el encargado de sala informó que la defensa solicitaba la liga para ingresar de manera remota. Para entonces, Garduño tampoco estaba presente. El exfuncionario había solicitado al Tribunal esa misma mañana comparecer por videoconferencia, pero el juez no autorizó su petición.
Hernández Calderón sostuvo que, debido a lo sensible del caso y a su importancia, Garduño debía comparecer personalmente, por lo que determinó diferir la audiencia.
El juez no estableció una nueva fecha y ordenó turnar el asunto al Órgano de Administración del Poder Judicial, para que éste determine cuándo deberá realizarse la siguiente diligencia y notifique a las partes.
Una burla y falta de respeto, señalan
Marcos Zavala Cruz, abogado de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) e integrante de la asesoría legal de las víctimas, solicitó que se impusiera a Garduño una medida de apremio por no acudir. El juez no la aplicó en esta ocasión debido a que previamente no había apercibido al inculpado con esa consecuencia, aunque advirtió que si vuelve a faltar podrá ser sancionado con una multa.
“Fue todo una falta de respeto a las víctimas, al sistema de justicia penal mexicano, inclusive pues a la sociedad mexicana”, declaró Zavala al salir de la audiencia.
El abogado señaló que alrededor de 10 víctimas se conectaron de manera remota desde Guatemala, Honduras y El Salvador, además de una víctima guatemalteca que se encontraba en Estados Unidos. Explicó que para ellas implicó esfuerzos para desplazarse, conectarse y mantenerse pendientes de la diligencia.
Mientras Garduño no acudió, durante la audiencia se garantizó por primera vez en este proceso la interpretación al idioma quiché para un sobreviviente guatemalteco de origen maya. La traducción estuvo a cargo de Lorenza Chávez, técnica intérprete de la Academia de Lenguas Mayas.
Zavala destacó que esta garantía para una víctima llegó hasta tres años y medio después de iniciado el proceso.
La representación presencial de las víctimas estuvo integrada por Zavala Cruz, Gabriela Romero Reza y Miguel Ángel Zenteno Cruz, como parte de la asesoría legal de 10 sobrevivientes y 10 núcleos familiares de personas fallecidas a causa del fatídico incendio.
Durante el proceso, además, uno de los familiares de una persona fallecida, identificado con las iniciales G. C. Q. M., dejó la representación de la asesoría jurídica pública debido a su inconformidad y pasó a ser representado por Zavala y su equipo.
De manera remota participó Daniel Canela Jiménez, asesor jurídico victimal público de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que inicialmente representaba a 32 familiares de personas fallecidas y 15 personas lesionadas. También participaron Lidia Morales y Daniel Díaz Díaz, representantes públicos de otras víctimas, así como Luis Alberto Hernández Estrada, del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin).
‘En espera de justicia’
Blanca Navarrete, directora de DHIA, calificó la ausencia de Garduño como “una burla” y cuestionó que las víctimas y sus representantes realizaran esfuerzos para participar mientras el exfuncionario y sus asesores no acudieron.
“Le paga a uno de los despachos más caros de la Ciudad de México y ni él ni sus asesores tuvieron la valentía de pararse en el Centro de Justicia Penal Federal”, señaló.
Navarrete sostuvo que Garduño no ha cumplido con las condiciones impuestas para suspender su proceso, salvo, desde su perspectiva, la relacionada con mantener el domicilio que había señalado.
Zavala agregó que las víctimas continúan esperando verdad, justicia y reparación y cuestionó las deficiencias que han enfrentado durante el procedimiento, entre ellas la falta de intérpretes y de una asesoría jurídica adecuada.
El incendio del 27 de marzo de 2023 dejó 40 personas en contexto de movilidad fallecidas y 27 lesionadas. La audiencia para revisar el cumplimiento de las condiciones de Garduño quedó pendiente de nueva fecha y el juez estableció que el excomisionado deberá comparecer personalmente cuando vuelva a ser citado.
Diario MX
