Rubén Rocha Moya no debió regresar a la gubernatura de Sinaloa mientras continúan abiertas investigaciones relacionadas con los señalamientos formulados por autoridades estadounidenses. La presunción de inocencia debe respetarse, pero gobernar un estado golpeado por la violencia exige condiciones políticas que permitan ejercer el poder sin una sombra de esta magnitud sobre el Ejecutivo.
Rocha había solicitado licencia para ponerse a disposición de las autoridades mexicanas. ¿Qué cambió para justificar su regreso? ¿Las investigaciones concluyeron? ¿Fue descartado de manera definitiva cualquier posible vínculo? Con la información disponible, las carpetas permanecen abiertas y Estados Unidos todavía debe aportar las pruebas que sustenten sus acusaciones.
Eso tampoco permite afirmar que Rocha sea culpable ni que tenga vínculos con el narcotráfico. Una acusación extranjera no sustituye una investigación mexicana, mucho menos una sentencia. Pero precisamente por la gravedad de los señalamientos, resulta cuestionable regresar al cargo antes de que exista mayor claridad.
Morena también enfrenta una decisión política. Si las investigaciones aportan elementos sólidos que vinculen al gobernador con actividades del narcotráfico, el partido tendría que retirarle inmediatamente su respaldo e iniciar el procedimiento correspondiente para expulsarlo. Nadie involucrado con organizaciones criminales debería gobernar bajo sus siglas.
Sinaloa necesita respuestas. Rocha tiene derecho al debido proceso, pero los sinaloenses también tienen derecho a saber qué ocurrió, qué investigó la FGR y por qué su gobernador consideró que ya podía regresar. Mientras esas preguntas permanezcan abiertas, su retorno difícilmente cerrará la crisis política.
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Rubén Rocha Moya no debió regresar a la gubernatura de Sinaloa mientras continúan abiertas investigaciones relacionadas con los señalamientos formulados por autoridades estadounidenses. La presunción de inocencia debe respetarse, pero gobernar un estado golpeado por la violencia exige condiciones políticas que permitan ejercer el poder sin una sombra de esta magnitud sobre el Ejecutivo.
Rocha había solicitado licencia para ponerse a disposición de las autoridades mexicanas. ¿Qué cambió para justificar su regreso? ¿Las investigaciones concluyeron? ¿Fue descartado de manera definitiva cualquier posible vínculo? Con la información disponible, las carpetas permanecen abiertas y Estados Unidos todavía debe aportar las pruebas que sustenten sus acusaciones.
Eso tampoco permite afirmar que Rocha sea culpable ni que tenga vínculos con el narcotráfico. Una acusación extranjera no sustituye una investigación mexicana, mucho menos una sentencia. Pero precisamente por la gravedad de los señalamientos, resulta cuestionable regresar al cargo antes de que exista mayor claridad.
Morena también enfrenta una decisión política. Si las investigaciones aportan elementos sólidos que vinculen al gobernador con actividades del narcotráfico, el partido tendría que retirarle inmediatamente su respaldo e iniciar el procedimiento correspondiente para expulsarlo. Nadie involucrado con organizaciones criminales debería gobernar bajo sus siglas.
Sinaloa necesita respuestas. Rocha tiene derecho al debido proceso, pero los sinaloenses también tienen derecho a saber qué ocurrió, qué investigó la FGR y por qué su gobernador consideró que ya podía regresar. Mientras esas preguntas permanezcan abiertas, su retorno difícilmente cerrará la crisis política.
Diario MX
