Chihuahua— La magistrada María Elizabeth Macías y el magistrado Yamil Athié Gómez, titulares de la Sala Penal Regional y de la Sala Civil y Familiar Regional, respectivamente, ambas con residencia en Parral, solicitaron al Órgano de Administración Judicial (OAJ) su traslado a la ciudad de Chihuahua, petición que finalmente fue aprobada.
El cambio implica además la readscripción de ambos magistrados a la nueva sede, aunque las salas conservarán jurisdicción en todo el territorio estatal y los asuntos provenientes de los distritos judiciales del sur dejarán de tener preferencia regional para ser distribuidos de manera igualitaria entre todas las salas con sede en Chihuahua.
La decisión quedó establecida en un Acuerdo General aprobado por el Pleno del OAJ en sesión ordinaria privada del 13 de julio pasado, después de analizar la petición de los magistrados, un dictamen técnico-jurídico y un diagnóstico actualizado sobre las cargas de trabajo de los órganos judiciales en Parral.
El antecedente central del acuerdo –que no había sido revelado públicamente– se encuentra en un escrito fechado el 28 de abril de 2026 y presentado formalmente el 29 de abril, mediante el cual Macías Márquez y Athié Gómez solicitaron conjuntamente el cambio de residencia de ambas salas a la capital.
De acuerdo con el documento, los dos plantearon que la reubicación permitiría modernizar la administración de la segunda instancia, hacer más eficientes las cargas de trabajo del Tribunal Superior de Justicia y optimizar los recursos institucionales, apoyándose en herramientas tecnológicas y sistemas de interconexión telemática.
La solicitud también consideró que mantener las salas regionales en Parral podía favorecer una concentración de asuntos y criterios, por lo que su traslado a la capital permitiría distribuir las cargas procesales entre un mayor número de órganos y fortalecer la pluralidad de criterios jurisdiccionales.
Los promoventes argumentaron además que la afectación a la proximidad territorial sería menor frente a los beneficios esperados en materia de independencia judicial, acceso a la justicia y eficiencia en la impartición de justicia.
La saturación, el argumento
Uno de los elementos incorporados al análisis fue la situación de los órganos de primera instancia del Distrito Judicial Hidalgo (con sede en Parral). El informe recibido el 10 de julio reportó que diariamente se programan entre 20 y 22 audiencias en el sistema penal, entre iniciales, intermedias, concentradas y de enjuiciamiento, además de audiencias semanales en ejecución de penas y de medidas para adolescentes.
La capacidad física disponible, sin embargo, resulta insuficiente. Según el diagnóstico citado en el acuerdo, las audiencias iniciales habían llegado a diferirse hasta seis meses.
Al corte de junio de 2026, las fechas disponibles llegaban hasta marzo de 2027 para el Tribunal de Control; hasta noviembre de 2026 para el Tribunal Especializado en Violencia contra las Mujeres y de Género, y hasta finales de octubre para adolescentes. La programación de juicios orales alcanzaba febrero de 2027.
A esto se suma que el Distrito Judicial Hidalgo contaba con únicamente cuatro actuarios para las distintas funciones de notificación.
Por ello, uno de los argumentos centrales para aprobar el traslado es que el espacio que actualmente ocupa la Sala Penal Regional pueda convertirse en otra sala de audiencias, con lo que se pretende ampliar la capacidad de primera instancia y reducir el rezago.
Segunda instancia casi no sesiona
El acuerdo también establece que el traslado de la Sala Penal no afectará de manera significativa la inmediación ni el acceso a la justicia porque la actividad presencial en Parral se ha reducido considerablemente.
El documento registra 17 audiencias presenciales en 2024, ocho en 2025 y apenas dos durante 2026 hasta el momento del análisis. La mayoría de las audiencias colegiadas de segunda instancia, agrega, se han realizado en Chihuahua o mediante plataformas de videoconferencia.
En materias Civil y Familiar, el argumento es que actualmente no se realizan audiencias presenciales de segunda instancia en Parral, pues los recursos se tramitan documental o electrónicamente.
Otro de los factores considerados es la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya implementación deberá concretarse a más tardar en abril de 2027. El acuerdo señala que el nuevo modelo obligará a desahogar audiencias colegiadas en segunda instancia, por lo que mantener las magistraturas dispersas territorialmente obligaría a trasladar físicamente tribunales desde Chihuahua hasta Parral.
La concentración de las salas en el edificio del Tribunal Superior de Justicia en la capital, sostiene el OAJ, permitirá contar con infraestructura logística centralizada, redes de telecomunicaciones y herramientas tecnológicas para enfrentar tanto el nuevo modelo Civil y Familiar como las necesidades de justicia digital en materia Penal.
La Dirección General Jurídica concluyó que el OAJ sí tiene facultades para resolver sobre la readscripción de los magistrados a una sede distinta cuando existan razones objetivas relacionadas con organización judicial, eficiencia operativa y acceso efectivo a la justicia.
También estableció que el cambio no modifica la integración del Tribunal Superior de Justicia ni el número de magistraturas, ni altera la competencia material de las salas: únicamente cambia su residencia operativa y la adscripción de sus titulares.
El dictamen jurídico coincidió además con la posibilidad de mantener en Parral una Oficialía de Partes de Segunda Instancia, de modo que los litigantes de la región puedan seguir presentando escritos y documentación sin trasladarse a Chihuahua.
El traslado, según la determinación oficial, no significará el cierre de la operación de segunda instancia en Parral, pues ordena mantener permanentemente una Oficialía de Partes de Segunda Instancia con Ventanilla Asistida Digital, donde los usuarios podrán presentar promociones, incluidos escritos relacionados con agravios.
Los documentos serán digitalizados y puestos inmediatamente a disposición de la sala de apelación que corresponda. Además, Macías Márquez y Athie Gómez serán magistrados de Enlace del Poder Judicial con la Región Sur, con presencia física periódica en Hidalgo del Parral, sin especificar la periodicidad con la que acudirán a ese municipio.
Aunque las salas continuarán teniendo jurisdicción en todo Chihuahua, los asuntos provenientes de los distritos Hidalgo, Andrés del Río, Arteaga, Camargo, Jiménez y Mina ya no serán enviados preferentemente a las antiguas salas regionales de Parral.
A partir de la entrada en vigor del acuerdo, esos asuntos serán distribuidos de manera igualitaria entre todas las salas del Tribunal Superior de Justicia con sede en Chihuahua. Las salas trasladadas, sin embargo, conservarán hasta su conclusión los asuntos que ya se encuentren radicados en sus índices.
El documento establece que los magistrados deberán presentarse en su nueva adscripción al día siguiente de ser notificados. El acuerdo entró en vigor el mismo 13 de julio de 2026, día de su emisión, y ordenó su publicación en el Periódico Oficial del Estado y en la página oficial del Poder Judicial.
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Chihuahua— La magistrada María Elizabeth Macías y el magistrado Yamil Athié Gómez, titulares de la Sala Penal Regional y de la Sala Civil y Familiar Regional, respectivamente, ambas con residencia en Parral, solicitaron al Órgano de Administración Judicial (OAJ) su traslado a la ciudad de Chihuahua, petición que finalmente fue aprobada.
El cambio implica además la readscripción de ambos magistrados a la nueva sede, aunque las salas conservarán jurisdicción en todo el territorio estatal y los asuntos provenientes de los distritos judiciales del sur dejarán de tener preferencia regional para ser distribuidos de manera igualitaria entre todas las salas con sede en Chihuahua.
La decisión quedó establecida en un Acuerdo General aprobado por el Pleno del OAJ en sesión ordinaria privada del 13 de julio pasado, después de analizar la petición de los magistrados, un dictamen técnico-jurídico y un diagnóstico actualizado sobre las cargas de trabajo de los órganos judiciales en Parral.
El antecedente central del acuerdo –que no había sido revelado públicamente– se encuentra en un escrito fechado el 28 de abril de 2026 y presentado formalmente el 29 de abril, mediante el cual Macías Márquez y Athié Gómez solicitaron conjuntamente el cambio de residencia de ambas salas a la capital.
De acuerdo con el documento, los dos plantearon que la reubicación permitiría modernizar la administración de la segunda instancia, hacer más eficientes las cargas de trabajo del Tribunal Superior de Justicia y optimizar los recursos institucionales, apoyándose en herramientas tecnológicas y sistemas de interconexión telemática.
La solicitud también consideró que mantener las salas regionales en Parral podía favorecer una concentración de asuntos y criterios, por lo que su traslado a la capital permitiría distribuir las cargas procesales entre un mayor número de órganos y fortalecer la pluralidad de criterios jurisdiccionales.
Los promoventes argumentaron además que la afectación a la proximidad territorial sería menor frente a los beneficios esperados en materia de independencia judicial, acceso a la justicia y eficiencia en la impartición de justicia.
La saturación, el argumento
Uno de los elementos incorporados al análisis fue la situación de los órganos de primera instancia del Distrito Judicial Hidalgo (con sede en Parral). El informe recibido el 10 de julio reportó que diariamente se programan entre 20 y 22 audiencias en el sistema penal, entre iniciales, intermedias, concentradas y de enjuiciamiento, además de audiencias semanales en ejecución de penas y de medidas para adolescentes.
La capacidad física disponible, sin embargo, resulta insuficiente. Según el diagnóstico citado en el acuerdo, las audiencias iniciales habían llegado a diferirse hasta seis meses.
Al corte de junio de 2026, las fechas disponibles llegaban hasta marzo de 2027 para el Tribunal de Control; hasta noviembre de 2026 para el Tribunal Especializado en Violencia contra las Mujeres y de Género, y hasta finales de octubre para adolescentes. La programación de juicios orales alcanzaba febrero de 2027.
A esto se suma que el Distrito Judicial Hidalgo contaba con únicamente cuatro actuarios para las distintas funciones de notificación.
Por ello, uno de los argumentos centrales para aprobar el traslado es que el espacio que actualmente ocupa la Sala Penal Regional pueda convertirse en otra sala de audiencias, con lo que se pretende ampliar la capacidad de primera instancia y reducir el rezago.
Segunda instancia casi no sesiona
El acuerdo también establece que el traslado de la Sala Penal no afectará de manera significativa la inmediación ni el acceso a la justicia porque la actividad presencial en Parral se ha reducido considerablemente.
El documento registra 17 audiencias presenciales en 2024, ocho en 2025 y apenas dos durante 2026 hasta el momento del análisis. La mayoría de las audiencias colegiadas de segunda instancia, agrega, se han realizado en Chihuahua o mediante plataformas de videoconferencia.
En materias Civil y Familiar, el argumento es que actualmente no se realizan audiencias presenciales de segunda instancia en Parral, pues los recursos se tramitan documental o electrónicamente.
Otro de los factores considerados es la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya implementación deberá concretarse a más tardar en abril de 2027. El acuerdo señala que el nuevo modelo obligará a desahogar audiencias colegiadas en segunda instancia, por lo que mantener las magistraturas dispersas territorialmente obligaría a trasladar físicamente tribunales desde Chihuahua hasta Parral.
La concentración de las salas en el edificio del Tribunal Superior de Justicia en la capital, sostiene el OAJ, permitirá contar con infraestructura logística centralizada, redes de telecomunicaciones y herramientas tecnológicas para enfrentar tanto el nuevo modelo Civil y Familiar como las necesidades de justicia digital en materia Penal.
La Dirección General Jurídica concluyó que el OAJ sí tiene facultades para resolver sobre la readscripción de los magistrados a una sede distinta cuando existan razones objetivas relacionadas con organización judicial, eficiencia operativa y acceso efectivo a la justicia.
También estableció que el cambio no modifica la integración del Tribunal Superior de Justicia ni el número de magistraturas, ni altera la competencia material de las salas: únicamente cambia su residencia operativa y la adscripción de sus titulares.
El dictamen jurídico coincidió además con la posibilidad de mantener en Parral una Oficialía de Partes de Segunda Instancia, de modo que los litigantes de la región puedan seguir presentando escritos y documentación sin trasladarse a Chihuahua.
El traslado, según la determinación oficial, no significará el cierre de la operación de segunda instancia en Parral, pues ordena mantener permanentemente una Oficialía de Partes de Segunda Instancia con Ventanilla Asistida Digital, donde los usuarios podrán presentar promociones, incluidos escritos relacionados con agravios.
Los documentos serán digitalizados y puestos inmediatamente a disposición de la sala de apelación que corresponda. Además, Macías Márquez y Athie Gómez serán magistrados de Enlace del Poder Judicial con la Región Sur, con presencia física periódica en Hidalgo del Parral, sin especificar la periodicidad con la que acudirán a ese municipio.
Aunque las salas continuarán teniendo jurisdicción en todo Chihuahua, los asuntos provenientes de los distritos Hidalgo, Andrés del Río, Arteaga, Camargo, Jiménez y Mina ya no serán enviados preferentemente a las antiguas salas regionales de Parral.
A partir de la entrada en vigor del acuerdo, esos asuntos serán distribuidos de manera igualitaria entre todas las salas del Tribunal Superior de Justicia con sede en Chihuahua. Las salas trasladadas, sin embargo, conservarán hasta su conclusión los asuntos que ya se encuentren radicados en sus índices.
El documento establece que los magistrados deberán presentarse en su nueva adscripción al día siguiente de ser notificados. El acuerdo entró en vigor el mismo 13 de julio de 2026, día de su emisión, y ordenó su publicación en el Periódico Oficial del Estado y en la página oficial del Poder Judicial.
Diario MX
