Una Suprema Corte dividida permitió a la Casa Blanca continuar con la construcción del salón de baile de 400 millones de dólares promovido por el Presidente estadounidense, Donald Trump.
La decisión sustituye una orden temporal emitida previamente por el Presidente de la Corte, John Roberts, apenas unas horas antes de que entrara en vigor una resolución de un tribunal inferior que suspendía las obras.
El litigio regresará ahora a los tribunales inferiores, pero documentos judiciales señalan que partes importantes del proyecto podrían estar terminadas en cuestión de meses, un calendario acelerado en comparación con la duración habitual de un proceso judicial.
La Administración Trump pidió a los magistrados intervenir después de que tribunales federales determinaran que las obras debían detenerse debido a que el proyecto no contaba con la aprobación del Congreso.
La demanda presentada por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica sostiene que el Presidente Trump no tiene autoridad unilateral para realizar las obras, que incluyen la demolición del Ala Este de la Casa Blanca.
Los abogados del grupo acusaron a la Casa Blanca de intentar «adelantarse a los tribunales» al acelerar la construcción.
En los tribunales inferiores, la Administración ha argumentado que el Presidente tiene plena autoridad para remodelar la Casa Blanca y otros edificios federales.
Los abogados del Gobierno también afirmaron que el proyecto del salón debe concluir por razones de seguridad nacional, aunque esas preocupaciones no fueron planteadas inicialmente cuando Trump anunció la obra y dijo que sería financiada mediante donaciones privadas.
La Administración ha señalado que los trabajadores laboran 20 horas al día en el salón proyectado, con una superficie de 8 mil 400 metros cuadrados.
De acuerdo con documentos judiciales, se espera que la estructura quede terminada en noviembre y que gran parte de la fachada esté lista para abril. La conclusión total del proyecto está prevista para agosto de 2028.
El juez federal Richard Leon ordenó en abril detener la construcción sobre el nivel del suelo del salón proyectado, aunque permitió que continuaran las obras subterráneas relacionadas con búnkeres e instalaciones militares. Leon fue nominado por el Presidente republicano George W. Bush.
La orden fue suspendida, pero posteriormente un panel dividido de una corte de apelaciones confirmó la decisión.
Dos jueces designados por Presidentes demócratas determinaron que el proyecto debía ser decidido por el Congreso y que «no es un asunto que pueda resolver unilateralmente el Poder Ejecutivo».
Un tercer juez, designado por Trump, consideró que el grupo conservacionista que impugnó el proyecto no tenía derecho legal para presentar la demanda.
El procurador general D. John Sauer también planteó ese argumento ante la Suprema Corte y calificó la decisión de suspender las obras como «extraordinaria e ilegal». Afirmó que concluir el proyecto es «vitalmente necesario para la seguridad nacional».
La Administración Trump ha obtenido una serie de victorias en otros casos atendidos por la Suprema Corte mediante su expediente de emergencia, aunque los magistrados han fallado en contra de algunas de las principales políticas del Presidente después de analizarlas mediante procesos judiciales completos.
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Una Suprema Corte dividida permitió a la Casa Blanca continuar con la construcción del salón de baile de 400 millones de dólares promovido por el Presidente estadounidense, Donald Trump.
La decisión sustituye una orden temporal emitida previamente por el Presidente de la Corte, John Roberts, apenas unas horas antes de que entrara en vigor una resolución de un tribunal inferior que suspendía las obras.
El litigio regresará ahora a los tribunales inferiores, pero documentos judiciales señalan que partes importantes del proyecto podrían estar terminadas en cuestión de meses, un calendario acelerado en comparación con la duración habitual de un proceso judicial.
La Administración Trump pidió a los magistrados intervenir después de que tribunales federales determinaran que las obras debían detenerse debido a que el proyecto no contaba con la aprobación del Congreso.
La demanda presentada por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica sostiene que el Presidente Trump no tiene autoridad unilateral para realizar las obras, que incluyen la demolición del Ala Este de la Casa Blanca.
Los abogados del grupo acusaron a la Casa Blanca de intentar «adelantarse a los tribunales» al acelerar la construcción.
En los tribunales inferiores, la Administración ha argumentado que el Presidente tiene plena autoridad para remodelar la Casa Blanca y otros edificios federales.
Los abogados del Gobierno también afirmaron que el proyecto del salón debe concluir por razones de seguridad nacional, aunque esas preocupaciones no fueron planteadas inicialmente cuando Trump anunció la obra y dijo que sería financiada mediante donaciones privadas.
La Administración ha señalado que los trabajadores laboran 20 horas al día en el salón proyectado, con una superficie de 8 mil 400 metros cuadrados.
De acuerdo con documentos judiciales, se espera que la estructura quede terminada en noviembre y que gran parte de la fachada esté lista para abril. La conclusión total del proyecto está prevista para agosto de 2028.
El juez federal Richard Leon ordenó en abril detener la construcción sobre el nivel del suelo del salón proyectado, aunque permitió que continuaran las obras subterráneas relacionadas con búnkeres e instalaciones militares. Leon fue nominado por el Presidente republicano George W. Bush.
La orden fue suspendida, pero posteriormente un panel dividido de una corte de apelaciones confirmó la decisión.
Dos jueces designados por Presidentes demócratas determinaron que el proyecto debía ser decidido por el Congreso y que «no es un asunto que pueda resolver unilateralmente el Poder Ejecutivo».
Un tercer juez, designado por Trump, consideró que el grupo conservacionista que impugnó el proyecto no tenía derecho legal para presentar la demanda.
El procurador general D. John Sauer también planteó ese argumento ante la Suprema Corte y calificó la decisión de suspender las obras como «extraordinaria e ilegal». Afirmó que concluir el proyecto es «vitalmente necesario para la seguridad nacional».
La Administración Trump ha obtenido una serie de victorias en otros casos atendidos por la Suprema Corte mediante su expediente de emergencia, aunque los magistrados han fallado en contra de algunas de las principales políticas del Presidente después de analizarlas mediante procesos judiciales completos.
Diario MX
