Autoridades migratorias de Estados Unidos presentaron un plan para ayudar a proteger a los policías locales que realizan arrestos migratorios de posibles consecuencias financieras si se les acusa de conducta indebida en sus labores.
Según un documento de planificación publicado el viernes, la agencia propone subvencionar un seguro de responsabilidad civil para agentes estatales y locales que estén capacitados y habilitados para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
Las alianzas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con departamentos policiales locales se han disparado desde que el Presidente estadounidense, Donald Trump, regresó a la Casa Blanca el año pasado, y podrían recibir un impulso adicional con el seguro de responsabilidad civil, al eliminar un obstáculo que ha hecho que algunos departamentos locales se muestren reacios a sumarse.
The Associated Press es el primer medio en informar sobre esta propuesta de seguro.
Según el plan del ICE, los agentes comprarían un seguro que cubra hasta 500 mil dólares en responsabilidad personal, que por lo general financia honorarios jurídicos, acuerdos extrajudiciales y sentencias.
A los agentes se les reembolsarían hasta 250 dólares al año, aproximadamente lo que se prevé que cueste el seguro.
Un destacado crítico de la ofensiva migratoria del ICE sostuvo que el programa sería otra forma más para que los agentes eludan la responsabilidad personal por conductas indebidas.
«La preocupación aquí es que el ICE está haciendo todo lo posible para garantizar que las fuerzas policiales no corran ni el más mínimo riesgo de responsabilidad por violar los derechos de los estadounidenses mientras ayudan al ICE a detener a personas», expresó David Bier, Director de estudios de inmigración del Instituto Cato, un centro de investigación en Washington.
Bier ha instado al Congreso a facilitar que se pueda demandar a los agentes del ICE por irregularidades.
El ICE describió el plan en un documento, el cual informa a funcionarios del sector que sopesa contratar a un contratista para facilitar labores de divulgación, capacitación y apoyo de comunicaciones para sus asociaciones -conocidas como 287(g) por la sección de una ley de inmigración de 1996 que les da nombre- con departamentos de policía locales.
El contratista contrataría al proveedor del seguro y tramitaría los reembolsos, entre otras tareas.
El ICE le ha solicitado al sector que le proporcionen comentarios a más tardar el jueves. No está claro cuál es el cronograma propuesto para poner en marcha el programa ni su costo estimado.
De momento el ICE no hizo comentarios sobre el plan.
Durante el segundo mandato de Trump, el ICE ha ofrecido generosos incentivos financieros a las agencias locales participantes, lo que ha incrementado el número de las que se han asociado con el Gobierno federal, al igual que el número de arrestos.
Casi mil 600 agencias en 32 estados tienen acuerdos ahora para participar en el modelo de grupos de trabajo del ICE, en el que agentes locales capacitados pueden interrogar, arrestar y presentar cargos contra personas sospechosas de estar en el país ilegalmente, según datos del ICE.
Los departamentos pueden optar por recibir financiación para ayudar a cubrir gastos, tales como el salario de sus agentes, el equipo y los vehículos.
Con el impulso de funcionarios republicanos estatales y locales, agencias de Florida, Texas, Oklahoma y Georgia han figurado entre las que han liderado esta iniciativa.
Los arrestos realizados mediante estos programas se incrementaron a un promedio de 3 mil al mes en los dos primeros meses de 2026, según los datos más recientes del ICE proporcionados al Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley.
Eso se compara con un promedio mensual de 250 en 2024 durante el Gobierno del Presidente Joe Biden.
A los departamentos y agentes locales les preocupa la responsabilidad legal por trabajar con el ICEA medida que los agentes locales realizan cada vez más labores federales de inmigración, ellos y sus departamentos han expresado preocupación por la responsabilidad civil que podría derivarse de denuncias por uso excesivo de la fuerza, arrestos indebidos y registros e incautaciones ilegales, entre otras cosas.
Esto se debe a que las pólizas de seguro que cubren su trabajo a nivel local podrían no ser aplicables. El fondo de riesgos de Pensilvania, por ejemplo, dejó claro recientemente que excluiría de la cobertura las «actividades proactivas de aplicación de las leyes de inmigración», lo que obligó a varios condados participantes a buscar otras opciones de seguro.
El jefe policial del condado de Butler, Michael Slupe, señaló que encontró un seguro para cubrir a sus 13 agentes que participan en el programa, con un costo de 20 mil dólares en primas anuales.
«Quiero asegurarme de que los muchachos estén cubiertos adicionalmente, así que tuvimos que gastar el dinero», manifestó, y añadió que los fondos federales cubrirían el costo.
Los agentes federales suelen gozar de inmunidades jurídicas y de una defensa financiada por el gobierno cuando enfrentan demandas.
Pero esas protecciones no siempre se aplican a los agentes locales, lo que ha aumentado su preocupación por la responsabilidad legal y la necesidad de contar con un seguro.
Aunque las demandas civiles son la principal preocupación, por lo general el seguro de responsabilidad profesional también ayuda a cubrir honorarios jurídicos de agentes que enfrentan investigaciones penales.
Justin Smith, ex Jefe policial de Colorado y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Jefes Policiales, comentó que el plan del ICE suena prometedor y que está ansioso por hablar con el ICE sobre cómo funcionaría.
Smith indicó que le ha transmitido al ICE su preocupación de que algunos jefes policiales se muestran reacios a sumarse a las alianzas debido a la posible responsabilidad legal, en un momento en que la ofensiva migratoria enfrenta intensas protestas públicas y escrutinio mediático.
Dijo que otros que se han asociado con el ICE ya han empezado a enfrentar impugnaciones vinculadas a su trabajo migratorio, lo que puede resultar costoso, independientemente de si finalmente se determina o no que los agentes hicieron algo indebido.
«Ahora mismo, cada vez que trabajas en inmigración va a haber un potencial mucho mayor de que haya problemas y de que haya demandas y diversas cuestiones», expresó. «Están reconociendo que es un entorno diferente. Y creo que están intentando ser buenos socios con nosotros lo mejor que pueden».
En virtud de sus acuerdos, el ICE les advierte a los departamentos policiales locales que son responsables de los costos de los incidentes que den lugar a responsabilidad legal.
Pero busca reducir el riesgo con el argumento de que los agentes locales que realizan funciones autorizadas por el ICE «actúan bajo la apariencia de autoridad federal», lo cual impediría presentar demandas contra agentes a título individual.
Los acuerdos también establecen que los policías locales que enfrenten demandas civiles pueden pedirle al Departamento de Justicia federal que los represente, y que por lo general el ICE respaldará esas solicitudes. Pero la decisión final sobre hacerlo o no recae en el Departamento de Justicia.
[#content_wordai]
Autoridades migratorias de Estados Unidos presentaron un plan para ayudar a proteger a los policías locales que realizan arrestos migratorios de posibles consecuencias financieras si se les acusa de conducta indebida en sus labores.
Según un documento de planificación publicado el viernes, la agencia propone subvencionar un seguro de responsabilidad civil para agentes estatales y locales que estén capacitados y habilitados para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
Las alianzas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con departamentos policiales locales se han disparado desde que el Presidente estadounidense, Donald Trump, regresó a la Casa Blanca el año pasado, y podrían recibir un impulso adicional con el seguro de responsabilidad civil, al eliminar un obstáculo que ha hecho que algunos departamentos locales se muestren reacios a sumarse.
The Associated Press es el primer medio en informar sobre esta propuesta de seguro.
Según el plan del ICE, los agentes comprarían un seguro que cubra hasta 500 mil dólares en responsabilidad personal, que por lo general financia honorarios jurídicos, acuerdos extrajudiciales y sentencias.
A los agentes se les reembolsarían hasta 250 dólares al año, aproximadamente lo que se prevé que cueste el seguro.
Un destacado crítico de la ofensiva migratoria del ICE sostuvo que el programa sería otra forma más para que los agentes eludan la responsabilidad personal por conductas indebidas.
«La preocupación aquí es que el ICE está haciendo todo lo posible para garantizar que las fuerzas policiales no corran ni el más mínimo riesgo de responsabilidad por violar los derechos de los estadounidenses mientras ayudan al ICE a detener a personas», expresó David Bier, Director de estudios de inmigración del Instituto Cato, un centro de investigación en Washington.
Bier ha instado al Congreso a facilitar que se pueda demandar a los agentes del ICE por irregularidades.
El ICE describió el plan en un documento, el cual informa a funcionarios del sector que sopesa contratar a un contratista para facilitar labores de divulgación, capacitación y apoyo de comunicaciones para sus asociaciones -conocidas como 287(g) por la sección de una ley de inmigración de 1996 que les da nombre- con departamentos de policía locales.
El contratista contrataría al proveedor del seguro y tramitaría los reembolsos, entre otras tareas.
El ICE le ha solicitado al sector que le proporcionen comentarios a más tardar el jueves. No está claro cuál es el cronograma propuesto para poner en marcha el programa ni su costo estimado.
De momento el ICE no hizo comentarios sobre el plan.
Durante el segundo mandato de Trump, el ICE ha ofrecido generosos incentivos financieros a las agencias locales participantes, lo que ha incrementado el número de las que se han asociado con el Gobierno federal, al igual que el número de arrestos.
Casi mil 600 agencias en 32 estados tienen acuerdos ahora para participar en el modelo de grupos de trabajo del ICE, en el que agentes locales capacitados pueden interrogar, arrestar y presentar cargos contra personas sospechosas de estar en el país ilegalmente, según datos del ICE.
Los departamentos pueden optar por recibir financiación para ayudar a cubrir gastos, tales como el salario de sus agentes, el equipo y los vehículos.
Con el impulso de funcionarios republicanos estatales y locales, agencias de Florida, Texas, Oklahoma y Georgia han figurado entre las que han liderado esta iniciativa.
Los arrestos realizados mediante estos programas se incrementaron a un promedio de 3 mil al mes en los dos primeros meses de 2026, según los datos más recientes del ICE proporcionados al Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley.
Eso se compara con un promedio mensual de 250 en 2024 durante el Gobierno del Presidente Joe Biden.
A los departamentos y agentes locales les preocupa la responsabilidad legal por trabajar con el ICEA medida que los agentes locales realizan cada vez más labores federales de inmigración, ellos y sus departamentos han expresado preocupación por la responsabilidad civil que podría derivarse de denuncias por uso excesivo de la fuerza, arrestos indebidos y registros e incautaciones ilegales, entre otras cosas.
Esto se debe a que las pólizas de seguro que cubren su trabajo a nivel local podrían no ser aplicables. El fondo de riesgos de Pensilvania, por ejemplo, dejó claro recientemente que excluiría de la cobertura las «actividades proactivas de aplicación de las leyes de inmigración», lo que obligó a varios condados participantes a buscar otras opciones de seguro.
El jefe policial del condado de Butler, Michael Slupe, señaló que encontró un seguro para cubrir a sus 13 agentes que participan en el programa, con un costo de 20 mil dólares en primas anuales.
«Quiero asegurarme de que los muchachos estén cubiertos adicionalmente, así que tuvimos que gastar el dinero», manifestó, y añadió que los fondos federales cubrirían el costo.
Los agentes federales suelen gozar de inmunidades jurídicas y de una defensa financiada por el gobierno cuando enfrentan demandas.
Pero esas protecciones no siempre se aplican a los agentes locales, lo que ha aumentado su preocupación por la responsabilidad legal y la necesidad de contar con un seguro.
Aunque las demandas civiles son la principal preocupación, por lo general el seguro de responsabilidad profesional también ayuda a cubrir honorarios jurídicos de agentes que enfrentan investigaciones penales.
Justin Smith, ex Jefe policial de Colorado y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Jefes Policiales, comentó que el plan del ICE suena prometedor y que está ansioso por hablar con el ICE sobre cómo funcionaría.
Smith indicó que le ha transmitido al ICE su preocupación de que algunos jefes policiales se muestran reacios a sumarse a las alianzas debido a la posible responsabilidad legal, en un momento en que la ofensiva migratoria enfrenta intensas protestas públicas y escrutinio mediático.
Dijo que otros que se han asociado con el ICE ya han empezado a enfrentar impugnaciones vinculadas a su trabajo migratorio, lo que puede resultar costoso, independientemente de si finalmente se determina o no que los agentes hicieron algo indebido.
«Ahora mismo, cada vez que trabajas en inmigración va a haber un potencial mucho mayor de que haya problemas y de que haya demandas y diversas cuestiones», expresó. «Están reconociendo que es un entorno diferente. Y creo que están intentando ser buenos socios con nosotros lo mejor que pueden».
En virtud de sus acuerdos, el ICE les advierte a los departamentos policiales locales que son responsables de los costos de los incidentes que den lugar a responsabilidad legal.
Pero busca reducir el riesgo con el argumento de que los agentes locales que realizan funciones autorizadas por el ICE «actúan bajo la apariencia de autoridad federal», lo cual impediría presentar demandas contra agentes a título individual.
Los acuerdos también establecen que los policías locales que enfrenten demandas civiles pueden pedirle al Departamento de Justicia federal que los represente, y que por lo general el ICE respaldará esas solicitudes. Pero la decisión final sobre hacerlo o no recae en el Departamento de Justicia.
Diario MX
