En 1965, el economista político Albert Hirschman advirtió que Estados Unidos y América Latina estaban enredados en una “orgía de malas interpretaciones y malentendidos” impulsada por estados de ánimo y preferencias políticas en conflicto. Más de dos décadas después, al contemplar un hemisferio que era igual de caótico en términos geopolíticos, reflexionó: “Casi me pregunto si no habré dado con algún tipo de ley”.
Algún tipo de ley, en efecto. Después de una serie de victorias presidenciales de candidatos de derecha en América Latina, Washington había estado, hasta hace poco, disfrutando de una sensación de alineamiento político sin precedentes en toda la región. Durante el verano, el secretario de Estado Marco Rubio elogió el surgimiento de gobiernos predominantemente proestadounidenses en todo el hemisferio como un “logro extraordinario”; en septiembre, el presidente Donald Trump se jactó de estar “nueve de nueve” en su respaldo a candidatos ganadores. La Doctrina Donroe —el proyecto de hegemonía hemisférica de Trump— parecía estar rindiendo frutos.
El triunfo del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un icónico izquierdista octogenario, sobre Flávio Bolsonaro, heredero de la dinastía política Bolsonaro y avatar de la nueva derecha de América Latina, trastoca la narrativa de una reconfiguración ideológica histórica, y revela cuán profundo el gobierno de Trump ha malinterpretado los vientos políticos de la región. El giro a la derecha nunca se trató de Trump; es el resultado fortuito de una ola de descontento con el statu quo y podría resultar evanescente. De hecho, los agravios y las aspiraciones que llevaron al poder a tantos gobiernos de extrema derecha podrían socavar con la misma facilidad su suerte política y debilitar sus lazos con Washington en los años venideros.
El giro a la derecha de la región refleja menos una transformación ideológica que una frustración generalizada con gobiernos que han prometido demasiado y cumplido poco durante décadas. Los votantes están enojados por el crimen, el estancamiento económico, la corrupción y los malos servicios públicos. Los candidatos de tendencia derechista en lugares como Argentina, Colombia, Chile, Perú, Honduras y Bolivia han capitalizado con éxito ese descontento, prometiendo restaurar el orden, reactivar el crecimiento económico y desafiar a las clases políticas desacreditadas.
Hasta cierto punto, las elecciones de Brasil complican este panorama. Después de todo, Lula es un mandatario en funciones que logró superar una insatisfacción considerable con su gobierno para ganar las elecciones de octubre. Pero los brasileños ya habían vivido cuatro años del populismo de derecha de Jair Bolsonaro respaldado por Trump. En la segunda vuelta presidencial, gracias a una campaña impulsada por la movilización digital de base, rechazaron un regreso a ese proyecto político bajo el mando de su hijo Flávio, quien casi de inmediato se fugó a Estados Unidos, al parecer huyendo de una red de investigaciones penales en su país.
La victoria de Lula no debe interpretarse como un incipiente giro a la izquierda en Brasil, ni en la región, donde los conservadores siguen siendo una fuerza política formidable. Lo que el veredicto final sí sugiere es que la volatilidad electoral de América Latina está impulsada menos por la ideología, o incluso por el rechazo a los presidentes en funciones, que por los juicios de los votantes sobre las alternativas políticas en competencia y sus antecedentes en el cargo.
Para la nueva camada de líderes de derecha, cuyo ascenso comenzó con la elección del argentino Javier Milei en 2023, cumplir sus promesas ya ha demostrado ser una tarea difícil. La delincuencia y el estancamiento económico son problemas complicados que no admiten las soluciones rápidas. Ya hay señales de que algunos de la nueva guardia de la derecha se están tambaleando y perdiendo apoyo popular. Ni siquiera un año después de asumir el cargo, el boliviano Rodrigo Paz, el chileno José Antonio Kast y la peruana Keiko Fujimori se enfrentan a índices de aprobación en picada. Milei, un aliado cercano de Trump, enfrenta crecientes dificultades políticas a medida que se acerca a su intento de reelección el próximo año. Los mismos electorados impacientes que lo impulsaron a él y a otros líderes al cargo podrían volverse en su contra con la misma facilidad.
Estos líderes de derecha difícilmente constituyen un movimiento político cohesivo. Difieren en sus convicciones, estilos de gobierno y prioridades políticas. Así como las tensiones siempre han dividido a los gobiernos de izquierda de América Latina, el bloque de derecha actual es conflictivo y está fragmentado. A pesar de su afinidad ideológica, por ejemplo, Kast y Milei se enfrentaron recientemente por disputas territoriales de larga data, lo que avivó los sentimientos nacionalistas.
Es cierto que la región está en gran medida alineada en políticas de seguridad más estrictas en respuesta a la creciente preocupación pública por el crimen. Durante la última década, impulsadas por un floreciente narcotráfico mundial, las organizaciones criminales han acumulado poder y territorio en toda la región, expandiéndose de las actividades ilícitas a las economías informales y arrasando con comunidades vulnerables. Más de una decena de gobiernos en la región ahora participan en el Escudo de las Américas, liderado por Estados Unidos, una iniciativa hemisférica cuyo objetivo es combatir a los cárteles de la droga y el crimen organizado transnacional.
Pero los gobiernos se ven obligados a analizar detenidamente hasta qué punto acceder a las exigencias de Washington de un enfoque más militarizado hacia la aplicación de la ley. Las preocupaciones sobre la autonomía política y la soberanía nacional se extienden por todo el espectro político, incluidos los gobiernos de tendencia derechista en Perú, Chile y Colombia, cuya afinidad política con Washington no significa necesariamente subordinar sus intereses nacionales a las prioridades de Estados Unidos. Esos intereses nacionales incluyen sus relaciones con China: si bien los gobiernos de tendencia derechista pueden sentir una considerable afinidad política con el gobierno de Trump, la mayoría también tiene relaciones económicas vitales con Pekín que trascienden la orientación política y que no pueden ni quieren sacrificar.
Mientras tanto, Washington está perdiendo la confianza de las personas que votaron para llevar al poder a los aliados regionales de Trump. La encuesta de Latinobarómetro de 2026 —realizada después de que Trump iniciara la guerra con Irán— mostró que el 59 por ciento de los latinoamericanos desaprueba su manejo de los asuntos internacionales. La proporción de latinoamericanos que expresa confianza en el gobierno de Estados Unidos ha caído al 40 por ciento desde el 62 por ciento en 2012, según AmericasBarometer. (La confianza en China ha disminuido de manera más leve, al 51 por ciento desde el 57 por ciento).
Esa caída libre en la confianza se ha desarrollado a medida que las políticas del gobierno de Trump se han vuelto cada vez más agresivas e intervencionistas. Los aranceles, las sanciones y la presión política, junto con el trato brutal a los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos y los continuos ataques extrajudiciales a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, han reforzado las antiguas sospechas sobre el poder estadounidense, y sobre las ventajas de estar en el centro de atención de Estados Unidos. La encuesta de Latinobarómetro de 2026 reveló que, si bien el 69 por ciento de los latinoamericanos aprobó la operación militar estadounidense en enero que derrocó a Nicolás Maduro, solo el 35 por ciento creía que había beneficiado a Venezuela.
Esas cifras, y la inesperada victoria de Lula en el país más poblado de América Latina —así como la perdurable popularidad de la líder izquierdista de México, Claudia Sheinbaum— desmienten las afirmaciones exuberantes del gobierno de Trump sobre el rotundo éxito de su política hacia América Latina y su reafirmación de una esfera de influencia estadounidense en el hemisferio. Washington ha estado celebrando lo que considera un logro histórico en política exterior en una región donde, entre los votantes, su reputación ha sufrido un daño que tomará años reparar. Lo que en la superficie parecía una nueva era de convergencia hemisférica podría resultar ser otro capítulo en una larga historia de desencuentros.
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En 1965, el economista político Albert Hirschman advirtió que Estados Unidos y América Latina estaban enredados en una “orgía de malas interpretaciones y malentendidos” impulsada por estados de ánimo y preferencias políticas en conflicto. Más de dos décadas después, al contemplar un hemisferio que era igual de caótico en términos geopolíticos, reflexionó: “Casi me pregunto si no habré dado con algún tipo de ley”.
Algún tipo de ley, en efecto. Después de una serie de victorias presidenciales de candidatos de derecha en América Latina, Washington había estado, hasta hace poco, disfrutando de una sensación de alineamiento político sin precedentes en toda la región. Durante el verano, el secretario de Estado Marco Rubio elogió el surgimiento de gobiernos predominantemente proestadounidenses en todo el hemisferio como un “logro extraordinario”; en septiembre, el presidente Donald Trump se jactó de estar “nueve de nueve” en su respaldo a candidatos ganadores. La Doctrina Donroe —el proyecto de hegemonía hemisférica de Trump— parecía estar rindiendo frutos.
El triunfo del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, un icónico izquierdista octogenario, sobre Flávio Bolsonaro, heredero de la dinastía política Bolsonaro y avatar de la nueva derecha de América Latina, trastoca la narrativa de una reconfiguración ideológica histórica, y revela cuán profundo el gobierno de Trump ha malinterpretado los vientos políticos de la región. El giro a la derecha nunca se trató de Trump; es el resultado fortuito de una ola de descontento con el statu quo y podría resultar evanescente. De hecho, los agravios y las aspiraciones que llevaron al poder a tantos gobiernos de extrema derecha podrían socavar con la misma facilidad su suerte política y debilitar sus lazos con Washington en los años venideros.
El giro a la derecha de la región refleja menos una transformación ideológica que una frustración generalizada con gobiernos que han prometido demasiado y cumplido poco durante décadas. Los votantes están enojados por el crimen, el estancamiento económico, la corrupción y los malos servicios públicos. Los candidatos de tendencia derechista en lugares como Argentina, Colombia, Chile, Perú, Honduras y Bolivia han capitalizado con éxito ese descontento, prometiendo restaurar el orden, reactivar el crecimiento económico y desafiar a las clases políticas desacreditadas.
Hasta cierto punto, las elecciones de Brasil complican este panorama. Después de todo, Lula es un mandatario en funciones que logró superar una insatisfacción considerable con su gobierno para ganar las elecciones de octubre. Pero los brasileños ya habían vivido cuatro años del populismo de derecha de Jair Bolsonaro respaldado por Trump. En la segunda vuelta presidencial, gracias a una campaña impulsada por la movilización digital de base, rechazaron un regreso a ese proyecto político bajo el mando de su hijo Flávio, quien casi de inmediato se fugó a Estados Unidos, al parecer huyendo de una red de investigaciones penales en su país.
La victoria de Lula no debe interpretarse como un incipiente giro a la izquierda en Brasil, ni en la región, donde los conservadores siguen siendo una fuerza política formidable. Lo que el veredicto final sí sugiere es que la volatilidad electoral de América Latina está impulsada menos por la ideología, o incluso por el rechazo a los presidentes en funciones, que por los juicios de los votantes sobre las alternativas políticas en competencia y sus antecedentes en el cargo.
Para la nueva camada de líderes de derecha, cuyo ascenso comenzó con la elección del argentino Javier Milei en 2023, cumplir sus promesas ya ha demostrado ser una tarea difícil. La delincuencia y el estancamiento económico son problemas complicados que no admiten las soluciones rápidas. Ya hay señales de que algunos de la nueva guardia de la derecha se están tambaleando y perdiendo apoyo popular. Ni siquiera un año después de asumir el cargo, el boliviano Rodrigo Paz, el chileno José Antonio Kast y la peruana Keiko Fujimori se enfrentan a índices de aprobación en picada. Milei, un aliado cercano de Trump, enfrenta crecientes dificultades políticas a medida que se acerca a su intento de reelección el próximo año. Los mismos electorados impacientes que lo impulsaron a él y a otros líderes al cargo podrían volverse en su contra con la misma facilidad.
Estos líderes de derecha difícilmente constituyen un movimiento político cohesivo. Difieren en sus convicciones, estilos de gobierno y prioridades políticas. Así como las tensiones siempre han dividido a los gobiernos de izquierda de América Latina, el bloque de derecha actual es conflictivo y está fragmentado. A pesar de su afinidad ideológica, por ejemplo, Kast y Milei se enfrentaron recientemente por disputas territoriales de larga data, lo que avivó los sentimientos nacionalistas.
Es cierto que la región está en gran medida alineada en políticas de seguridad más estrictas en respuesta a la creciente preocupación pública por el crimen. Durante la última década, impulsadas por un floreciente narcotráfico mundial, las organizaciones criminales han acumulado poder y territorio en toda la región, expandiéndose de las actividades ilícitas a las economías informales y arrasando con comunidades vulnerables. Más de una decena de gobiernos en la región ahora participan en el Escudo de las Américas, liderado por Estados Unidos, una iniciativa hemisférica cuyo objetivo es combatir a los cárteles de la droga y el crimen organizado transnacional.
Pero los gobiernos se ven obligados a analizar detenidamente hasta qué punto acceder a las exigencias de Washington de un enfoque más militarizado hacia la aplicación de la ley. Las preocupaciones sobre la autonomía política y la soberanía nacional se extienden por todo el espectro político, incluidos los gobiernos de tendencia derechista en Perú, Chile y Colombia, cuya afinidad política con Washington no significa necesariamente subordinar sus intereses nacionales a las prioridades de Estados Unidos. Esos intereses nacionales incluyen sus relaciones con China: si bien los gobiernos de tendencia derechista pueden sentir una considerable afinidad política con el gobierno de Trump, la mayoría también tiene relaciones económicas vitales con Pekín que trascienden la orientación política y que no pueden ni quieren sacrificar.
Mientras tanto, Washington está perdiendo la confianza de las personas que votaron para llevar al poder a los aliados regionales de Trump. La encuesta de Latinobarómetro de 2026 —realizada después de que Trump iniciara la guerra con Irán— mostró que el 59 por ciento de los latinoamericanos desaprueba su manejo de los asuntos internacionales. La proporción de latinoamericanos que expresa confianza en el gobierno de Estados Unidos ha caído al 40 por ciento desde el 62 por ciento en 2012, según AmericasBarometer. (La confianza en China ha disminuido de manera más leve, al 51 por ciento desde el 57 por ciento).
Esa caída libre en la confianza se ha desarrollado a medida que las políticas del gobierno de Trump se han vuelto cada vez más agresivas e intervencionistas. Los aranceles, las sanciones y la presión política, junto con el trato brutal a los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos y los continuos ataques extrajudiciales a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, han reforzado las antiguas sospechas sobre el poder estadounidense, y sobre las ventajas de estar en el centro de atención de Estados Unidos. La encuesta de Latinobarómetro de 2026 reveló que, si bien el 69 por ciento de los latinoamericanos aprobó la operación militar estadounidense en enero que derrocó a Nicolás Maduro, solo el 35 por ciento creía que había beneficiado a Venezuela.
Esas cifras, y la inesperada victoria de Lula en el país más poblado de América Latina —así como la perdurable popularidad de la líder izquierdista de México, Claudia Sheinbaum— desmienten las afirmaciones exuberantes del gobierno de Trump sobre el rotundo éxito de su política hacia América Latina y su reafirmación de una esfera de influencia estadounidense en el hemisferio. Washington ha estado celebrando lo que considera un logro histórico en política exterior en una región donde, entre los votantes, su reputación ha sufrido un daño que tomará años reparar. Lo que en la superficie parecía una nueva era de convergencia hemisférica podría resultar ser otro capítulo en una larga historia de desencuentros.
Diario MX
