El ataque contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en la región de Coyame-Ojinaga vuelve a exhibir el nivel de desafío con el que operan grupos criminales en zonas rurales de Chihuahua. Un agente que realizaba labores como observador aéreo recibió un disparo en la cabeza y permanece delicado, aunque su evolución ha sido favorable.
El episodio deja preguntas sobre la capacidad de respuesta. No se ha explicado si los agentes pudieron responder al fuego, qué ocurrió inmediatamente después del ataque ni por qué los responsables lograron escapar. Tampoco se conoce si hubo un despliegue posterior con apoyo del Ejército para perseguir y detener a los agresores, o abatirlos.
La respuesta institucional, desde luego, debe mantenerse dentro de la ley. Las fuerzas de seguridad pueden repeler una agresión y neutralizar una amenaza cuando existe peligro, pero un operativo posterior debe buscar capturas y no ejecuciones.
El caso adquiere otra dimensión por lo que ocurre desde hace años en distintas regiones de Chihuahua. Narcobloqueos, hombres armados, presuntos narcolaboratorios y retenes ilegales donde viajeros deben identificarse muestran hasta dónde puede extenderse el control criminal cuando la presencia gubernamental resulta insuficiente.
Gilberto Loya informó que algunos agresores ya fueron individualizados y que existen operativos para localizarlos. Ahora falta conocer los resultados. Si un grupo armado puede atacar directamente a policías estatales y desaparecer, el debate ya no es solamente sobre seguridad: debe tratarse sobre quién ejerce realmente el control en esas regiones.
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El ataque contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en la región de Coyame-Ojinaga vuelve a exhibir el nivel de desafío con el que operan grupos criminales en zonas rurales de Chihuahua. Un agente que realizaba labores como observador aéreo recibió un disparo en la cabeza y permanece delicado, aunque su evolución ha sido favorable.
El episodio deja preguntas sobre la capacidad de respuesta. No se ha explicado si los agentes pudieron responder al fuego, qué ocurrió inmediatamente después del ataque ni por qué los responsables lograron escapar. Tampoco se conoce si hubo un despliegue posterior con apoyo del Ejército para perseguir y detener a los agresores, o abatirlos.
La respuesta institucional, desde luego, debe mantenerse dentro de la ley. Las fuerzas de seguridad pueden repeler una agresión y neutralizar una amenaza cuando existe peligro, pero un operativo posterior debe buscar capturas y no ejecuciones.
El caso adquiere otra dimensión por lo que ocurre desde hace años en distintas regiones de Chihuahua. Narcobloqueos, hombres armados, presuntos narcolaboratorios y retenes ilegales donde viajeros deben identificarse muestran hasta dónde puede extenderse el control criminal cuando la presencia gubernamental resulta insuficiente.
Gilberto Loya informó que algunos agresores ya fueron individualizados y que existen operativos para localizarlos. Ahora falta conocer los resultados. Si un grupo armado puede atacar directamente a policías estatales y desaparecer, el debate ya no es solamente sobre seguridad: debe tratarse sobre quién ejerce realmente el control en esas regiones.
Diario MX
