A pesar de que México cuenta con créditos forestales capaces de atraer a gigantes tecnológicos extranjeros que buscan reducir su huella de carbono, el mercado doméstico de créditos de carbono sigue limitado por la escasa demanda empresarial a nivel local, sostuvo Eduardo Piquero, director de MÉXICO2.
En conferencia en el Mexico Carbon Forum 2026, señaló que el retraso de la implementación de un mercado obligatorio de carbono e incluso condiciones de inseguridad en algunas zonas del País han inhibido que el País aproveche su potencial forestal en proyectos.
Expuso que la demanda total de créditos en México ronda apenas 2 millones de toneladas de dióxido de carbono al año y, aunque ha crecido, se encuentra estancada.
«La respuesta bien concreta: es porque no tenemos más demanda. Sí hay demanda, pero está de alguna manera estancada», afirmó.
Detalló que los principales compradores de créditos mexicanos son empresas extranjeras, particularmente estadounidenses y del sector tecnológico, que los adquieren para cumplir metas voluntarias de descarbonización.
La segunda fuente de demanda son compañías que utilizan estos instrumentos para cumplir obligaciones derivadas de impuestos estatales al carbono, mientras que, en tercer lugar, aparecen las empresas mexicanas que voluntariamente compensan sus emisiones.
«Necesitamos tener más demanda», sostuvo Piquero.
Para detonarla, dijo que es necesario conseguir que más compradores extranjeros adquieran créditos mexicanos, pero también es importante ampliar el número de estados que permiten utilizarlos para cumplir obligaciones fiscales e incentivar a las compañías nacionales a compensar voluntariamente su huella.
A ello debería sumarse la entrada en operación definitiva del Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) federal, cuya fase piloto terminó en 2023.
«Deberíamos caminar hacia un mercado de carbono obligatorio. Decididamente sí», comentó.
La Ley General de Cambio Climático en México ya faculta a la Semarnat para desarrollar el sistema, explicó, por lo que no se requiere una nueva reforma legislativa, sino la regulación secundaria que establezca su funcionamiento.
Actualmente, 12 estados cuentan con algún tipo de impuesto al carbono, aunque existen fuertes diferencias entre ellos. Piquero ejemplificó que mientras la Ciudad de México aplica alrededor de 45 pesos por tonelada, Querétaro cobra unos 630 pesos.
México tiene, además, una ventaja para captar compradores internacionales: sus proyectos forestales están estrechamente vinculados con comunidades y ejidos, característica que les permite ofrecer beneficios sociales adicionales y competir entre los créditos considerados de mayor calidad.
Sin embargo, alertó que la inseguridad también impone límites territoriales a esta oferta.
«Si tienes un mapa de crimen organizado y lo ves con el desarrollo de proyectos, vas a ver que en las peores zonas no hay proyectos de carbono», afirmó.
Por ello, dijo, grandes territorios con recursos forestales y capacidad para capturar carbono pueden quedar fuera de las inversiones debido a las condiciones de inseguridad.
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A pesar de que México cuenta con créditos forestales capaces de atraer a gigantes tecnológicos extranjeros que buscan reducir su huella de carbono, el mercado doméstico de créditos de carbono sigue limitado por la escasa demanda empresarial a nivel local, sostuvo Eduardo Piquero, director de MÉXICO2.
En conferencia en el Mexico Carbon Forum 2026, señaló que el retraso de la implementación de un mercado obligatorio de carbono e incluso condiciones de inseguridad en algunas zonas del País han inhibido que el País aproveche su potencial forestal en proyectos.
Expuso que la demanda total de créditos en México ronda apenas 2 millones de toneladas de dióxido de carbono al año y, aunque ha crecido, se encuentra estancada.
«La respuesta bien concreta: es porque no tenemos más demanda. Sí hay demanda, pero está de alguna manera estancada», afirmó.
Detalló que los principales compradores de créditos mexicanos son empresas extranjeras, particularmente estadounidenses y del sector tecnológico, que los adquieren para cumplir metas voluntarias de descarbonización.
La segunda fuente de demanda son compañías que utilizan estos instrumentos para cumplir obligaciones derivadas de impuestos estatales al carbono, mientras que, en tercer lugar, aparecen las empresas mexicanas que voluntariamente compensan sus emisiones.
«Necesitamos tener más demanda», sostuvo Piquero.
Para detonarla, dijo que es necesario conseguir que más compradores extranjeros adquieran créditos mexicanos, pero también es importante ampliar el número de estados que permiten utilizarlos para cumplir obligaciones fiscales e incentivar a las compañías nacionales a compensar voluntariamente su huella.
A ello debería sumarse la entrada en operación definitiva del Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) federal, cuya fase piloto terminó en 2023.
«Deberíamos caminar hacia un mercado de carbono obligatorio. Decididamente sí», comentó.
La Ley General de Cambio Climático en México ya faculta a la Semarnat para desarrollar el sistema, explicó, por lo que no se requiere una nueva reforma legislativa, sino la regulación secundaria que establezca su funcionamiento.
Actualmente, 12 estados cuentan con algún tipo de impuesto al carbono, aunque existen fuertes diferencias entre ellos. Piquero ejemplificó que mientras la Ciudad de México aplica alrededor de 45 pesos por tonelada, Querétaro cobra unos 630 pesos.
México tiene, además, una ventaja para captar compradores internacionales: sus proyectos forestales están estrechamente vinculados con comunidades y ejidos, característica que les permite ofrecer beneficios sociales adicionales y competir entre los créditos considerados de mayor calidad.
Sin embargo, alertó que la inseguridad también impone límites territoriales a esta oferta.
«Si tienes un mapa de crimen organizado y lo ves con el desarrollo de proyectos, vas a ver que en las peores zonas no hay proyectos de carbono», afirmó.
Por ello, dijo, grandes territorios con recursos forestales y capacidad para capturar carbono pueden quedar fuera de las inversiones debido a las condiciones de inseguridad.
Diario MX
