Activistas y líderes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) exigieron en Coyuca de Benítez la reapertura del caso de la masacre de 17 campesinos ocurrida hace 31 años en el vado de Aguas Blancas.
Durante una marcha y mitin en el lugar de los hechos, sobrevivientes y familiares reiteraron que el ataque del 28 de junio de 1995, en el que policías estatales emboscaron a campesinos que se dirigían a Atoyac de Álvarez, debe ser investigado y sus responsables castigados.
La dirigente Norma Mesino recordó que la SCJN y la CIDH documentaron graves violaciones a derechos humanos y señalaron a ex funcionarios del entonces gobierno estatal, sin que hasta ahora haya justicia.
Los manifestantes también denunciaron la falta de voluntad política de distintos gobiernos para esclarecer el caso y exigieron la liberación de Antonio Barragán Carrasco, integrante de la OCSS preso desde hace 23 años, acusado de manera injusta.
En el acto participaron activistas y maestros de la CETEG, quienes calificaron la masacre como una deuda histórica pendiente.
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Activistas y líderes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) exigieron en Coyuca de Benítez la reapertura del caso de la masacre de 17 campesinos ocurrida hace 31 años en el vado de Aguas Blancas.
Durante una marcha y mitin en el lugar de los hechos, sobrevivientes y familiares reiteraron que el ataque del 28 de junio de 1995, en el que policías estatales emboscaron a campesinos que se dirigían a Atoyac de Álvarez, debe ser investigado y sus responsables castigados.
La dirigente Norma Mesino recordó que la SCJN y la CIDH documentaron graves violaciones a derechos humanos y señalaron a ex funcionarios del entonces gobierno estatal, sin que hasta ahora haya justicia.
Los manifestantes también denunciaron la falta de voluntad política de distintos gobiernos para esclarecer el caso y exigieron la liberación de Antonio Barragán Carrasco, integrante de la OCSS preso desde hace 23 años, acusado de manera injusta.
En el acto participaron activistas y maestros de la CETEG, quienes calificaron la masacre como una deuda histórica pendiente.
Diario MX