La Subsecretaría de Transporte del Estado aseguró que no busca impedir la operación de una nueva ruta hacia el Valle de Juárez y sostuvo que mantiene disposición para autorizar el servicio, siempre y cuando los prestadores se acerquen a regularizar su situación.
Sin embargo, el titular de la dependencia, Luis Manuel Aguirre, señaló que la compañía transportista involucrada diseñó sus propias rutas sin consultar a la autoridad y además opera con una concesión que no es propia, sino que corresponde a una empresa ya extinta.
“Eso es muy importante que lo sepa la comunidad. Nosotros no estamos para obstruir los intentos de transporte en el Valle”, declaró.
El funcionario explicó que un grupo de usuarios acordó directamente con un transportista la prestación del servicio, pero sin notificar previamente a la Subsecretaría.
“Los usuarios o un grupo de usuarios se reunieron con un transportista y acordaron que les diera el servicio. Pero ese transportista y esos usuarios nunca se acercaron a Transporte”, señaló.
Indicó que, tras enterarse del caso, la dependencia pidió al operador presentar una solicitud formal, someter los vehículos a revisión físico-mecánica y tramitar los permisos correspondientes, lo cual –dijo– no ocurrió.
“Le dijimos: tráenos los vehículos para realizar la revisión físico-mecánica mínima y dime con qué permisos vas a circular o tramita un permiso con nosotros. Hizo caso omiso”, sostuvo.
Aguirre informó que en los primeros dos días las unidades fueron infraccionadas en dos ocasiones luego de ingresar hasta la zona Centro de Juárez, cuando la propuesta original, aseguró, contemplaba llegar únicamente al S-Mart de Riberas del Bravo.
“Ellos por su decisión personal transitaron hasta el Centro de la ciudad y nosotros los infraccionamos cuando ya terminaron de dejar el pasaje para no afectar al pasaje”, dijo.
Precisó que una segunda sanción fue aplicada ayer por la mañana. “Sí, en la mañana. Muy probable que dos”, respondió al ser cuestionado sobre el número de multas acumuladas.
Agregó que el objetivo de las sanciones no era retirar el servicio, sino obligar a los operadores a dialogar con la autoridad para definir horarios, tarifas y trayectos. “No sabemos nosotros ni qué horarios tienen, ni qué tarifa están cobrando. Es lo único que nosotros pedimos”, expresó.
Uso irregular de concesión
El subsecretario también cuestionó que los prestadores hayan exhibido una concesión anterior como sustento para operar la ruta.
Explicó que dicho documento correspondería a otra empresa, a un vehículo distinto y con restricciones legales para su transferencia.
“Esa concesión es para un camión urbano, no para un camión de 16 plazas”, afirmó.
Añadió que en el propio documento se establece que queda prohibido transferir, enajenar, compartir o ceder los derechos.
“Ellos exhibieron una hoja nomás. Ve en la hoja tres, ahí dice: queda prohibido transferir, enajenar, compartir o ceder los derechos de esta concesión, lo cual ellos hicieron”, aseguró.
También recordó que la ley contempla cancelación cuando una ruta deja de prestar servicio por más de tres meses. “Ellos dejaron de prestar servicio hace tres, cuatro años”, indicó.
Y, por el contrario, agregó, ellos argumentan que compraron la concesión y les fue cedida mediante notario público, lo cual es inválido.
Riesgo de desorden vial
Aguirre sostuvo que permitir unidades pequeñas hasta el centro generaría presión para que otras rutas pidan lo mismo, lo que podría impactar la movilidad urbana y el sistema troncal.
Pese al conflicto, el funcionario reiteró que la dependencia está abierta a encontrar una solución para conectar al Valle de Juárez con Riberas del Bravo e incluso revisar opciones de transbordo.
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La Subsecretaría de Transporte del Estado aseguró que no busca impedir la operación de una nueva ruta hacia el Valle de Juárez y sostuvo que mantiene disposición para autorizar el servicio, siempre y cuando los prestadores se acerquen a regularizar su situación.
Sin embargo, el titular de la dependencia, Luis Manuel Aguirre, señaló que la compañía transportista involucrada diseñó sus propias rutas sin consultar a la autoridad y además opera con una concesión que no es propia, sino que corresponde a una empresa ya extinta.
“Eso es muy importante que lo sepa la comunidad. Nosotros no estamos para obstruir los intentos de transporte en el Valle”, declaró.
El funcionario explicó que un grupo de usuarios acordó directamente con un transportista la prestación del servicio, pero sin notificar previamente a la Subsecretaría.
“Los usuarios o un grupo de usuarios se reunieron con un transportista y acordaron que les diera el servicio. Pero ese transportista y esos usuarios nunca se acercaron a Transporte”, señaló.
Indicó que, tras enterarse del caso, la dependencia pidió al operador presentar una solicitud formal, someter los vehículos a revisión físico-mecánica y tramitar los permisos correspondientes, lo cual –dijo– no ocurrió.
“Le dijimos: tráenos los vehículos para realizar la revisión físico-mecánica mínima y dime con qué permisos vas a circular o tramita un permiso con nosotros. Hizo caso omiso”, sostuvo.
Aguirre informó que en los primeros dos días las unidades fueron infraccionadas en dos ocasiones luego de ingresar hasta la zona Centro de Juárez, cuando la propuesta original, aseguró, contemplaba llegar únicamente al S-Mart de Riberas del Bravo.
“Ellos por su decisión personal transitaron hasta el Centro de la ciudad y nosotros los infraccionamos cuando ya terminaron de dejar el pasaje para no afectar al pasaje”, dijo.
Precisó que una segunda sanción fue aplicada ayer por la mañana. “Sí, en la mañana. Muy probable que dos”, respondió al ser cuestionado sobre el número de multas acumuladas.
Agregó que el objetivo de las sanciones no era retirar el servicio, sino obligar a los operadores a dialogar con la autoridad para definir horarios, tarifas y trayectos. “No sabemos nosotros ni qué horarios tienen, ni qué tarifa están cobrando. Es lo único que nosotros pedimos”, expresó.
Uso irregular de concesión
El subsecretario también cuestionó que los prestadores hayan exhibido una concesión anterior como sustento para operar la ruta.
Explicó que dicho documento correspondería a otra empresa, a un vehículo distinto y con restricciones legales para su transferencia.
“Esa concesión es para un camión urbano, no para un camión de 16 plazas”, afirmó.
Añadió que en el propio documento se establece que queda prohibido transferir, enajenar, compartir o ceder los derechos.
“Ellos exhibieron una hoja nomás. Ve en la hoja tres, ahí dice: queda prohibido transferir, enajenar, compartir o ceder los derechos de esta concesión, lo cual ellos hicieron”, aseguró.
También recordó que la ley contempla cancelación cuando una ruta deja de prestar servicio por más de tres meses. “Ellos dejaron de prestar servicio hace tres, cuatro años”, indicó.
Y, por el contrario, agregó, ellos argumentan que compraron la concesión y les fue cedida mediante notario público, lo cual es inválido.
Riesgo de desorden vial
Aguirre sostuvo que permitir unidades pequeñas hasta el centro generaría presión para que otras rutas pidan lo mismo, lo que podría impactar la movilidad urbana y el sistema troncal.
Pese al conflicto, el funcionario reiteró que la dependencia está abierta a encontrar una solución para conectar al Valle de Juárez con Riberas del Bravo e incluso revisar opciones de transbordo.
Diario MX
