Hacia los Centros Federales de Readaptación Social número 13 y 17 de Oaxaca y Michoacán, respectivamente, fueron enviados tres reos de supuesta alta peligrosidad que requerían de “medidas especiales de seguridad”, según la justificación utilizada por la autoridad penitenciaria, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
Ángel Ignacio R. A., recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez, fue enviado a Michoacán. Fue sentenciado por una causa penal de 2011 por portación de arma de fuego luego de ser detenido en posesión de armas AK-47 y subametralladoras en aquel año; es identificado como posible líder de “La Empresa” desde el interior del penal, como sucesor de Lorenzo Adrián Pérez Esquivel por el traslado a un penal federal en noviembre de 2025, tras señalamientos de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas por ser quien ordenaba secuestros desde el interior del penal.
Del Cereso 1, de Aquiles Serdán, fue llevado a Oaxaca también a Salvador Humberto S. V., presunto líder del Cártel de Sinaloa en el estado de Chihuahua, detenido en julio de 2025 en posesión de armas y drogas, y procesado ante un juzgado federal por ello.
S. V., alias “El Verín”, se encontraba en el módulo de ingresos, y la SSPE lo ubicó en sus archivos como parte del grupo delictivo de “Los Chapos”, extensión del Cártel de Sinaloa confrontada con “Los Mayos” en aquella entidad.
Por su parte, Sergio G. M., alias el “El Chivis” fue detenido en febrero de 2026 en Monterrey, Nuevo León y vinculado a proceso enseguida por homicidio y secuestro. Es identificado como operador financiero de “La Empresa”, también. Fue enviado a Oaxaca.
Mientras que R. A. es identificado como de peligrosidad media, G. M. es de peligrosidad alta, y se le señala como integrante de “La Línea”, por parte de personal del Sistema Penitenciario del Estado. Ambos se encontraban en el módulo M11 en la prisión de Juárez, aunque en celdas distintas.
La noticia sobre su traslado, la mañana de ayer, no fue informada previamente a sus defensores, quienes, sin embargo, conocieron del hecho y desde el domingo demandaron el amparo de la Justicia Federal, y ante la negativa de los Juzgados de Distrito, el pasado 7 de mayo interpusieron una controversia ante un juez de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, que, sin embargo, no respondió dentro de las 24 horas que tenía para responder al asunto urgente en el que se le solicitó intervenir.
A decir de los representantes de “El Chivis”, el hombre fue víctima de tortura, pues desde su ingreso en febrero al Cereso 3 ha sido sometido a aislamiento y amenazas, además de que el proceso en su contra sigue vigente y no se cumple con que las reclusiones deben ser “en los centros penitenciarios más cercanos al lugar donde se esté llevando su proceso”, como lo marca la Ley Nacional de Ejecución Penal.
A G. M. se le informó el 3 de mayo (domingo) de su traslado y se le obligó a firmar una hoja de notificación de la que no se le dio copia, además de que no se expusieron en ese escrito los motivos de la orden y la autoridad que la emitió, trascendió.
Debido a la falta de posicionamiento por parte del Tribunal Superior de Justicia a favor de G. M., fue trasladado.
Tras el operativo de traslado, la SSPE informó que se desarrolló bajo medidas de seguridad establecidas, y sin ningún inconveniente.
dvilla@redaccion.diario.com.mx
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Hacia los Centros Federales de Readaptación Social número 13 y 17 de Oaxaca y Michoacán, respectivamente, fueron enviados tres reos de supuesta alta peligrosidad que requerían de “medidas especiales de seguridad”, según la justificación utilizada por la autoridad penitenciaria, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
Ángel Ignacio R. A., recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez, fue enviado a Michoacán. Fue sentenciado por una causa penal de 2011 por portación de arma de fuego luego de ser detenido en posesión de armas AK-47 y subametralladoras en aquel año; es identificado como posible líder de “La Empresa” desde el interior del penal, como sucesor de Lorenzo Adrián Pérez Esquivel por el traslado a un penal federal en noviembre de 2025, tras señalamientos de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas por ser quien ordenaba secuestros desde el interior del penal.
Del Cereso 1, de Aquiles Serdán, fue llevado a Oaxaca también a Salvador Humberto S. V., presunto líder del Cártel de Sinaloa en el estado de Chihuahua, detenido en julio de 2025 en posesión de armas y drogas, y procesado ante un juzgado federal por ello.
S. V., alias “El Verín”, se encontraba en el módulo de ingresos, y la SSPE lo ubicó en sus archivos como parte del grupo delictivo de “Los Chapos”, extensión del Cártel de Sinaloa confrontada con “Los Mayos” en aquella entidad.
Por su parte, Sergio G. M., alias el “El Chivis” fue detenido en febrero de 2026 en Monterrey, Nuevo León y vinculado a proceso enseguida por homicidio y secuestro. Es identificado como operador financiero de “La Empresa”, también. Fue enviado a Oaxaca.
Mientras que R. A. es identificado como de peligrosidad media, G. M. es de peligrosidad alta, y se le señala como integrante de “La Línea”, por parte de personal del Sistema Penitenciario del Estado. Ambos se encontraban en el módulo M11 en la prisión de Juárez, aunque en celdas distintas.
La noticia sobre su traslado, la mañana de ayer, no fue informada previamente a sus defensores, quienes, sin embargo, conocieron del hecho y desde el domingo demandaron el amparo de la Justicia Federal, y ante la negativa de los Juzgados de Distrito, el pasado 7 de mayo interpusieron una controversia ante un juez de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, que, sin embargo, no respondió dentro de las 24 horas que tenía para responder al asunto urgente en el que se le solicitó intervenir.
A decir de los representantes de “El Chivis”, el hombre fue víctima de tortura, pues desde su ingreso en febrero al Cereso 3 ha sido sometido a aislamiento y amenazas, además de que el proceso en su contra sigue vigente y no se cumple con que las reclusiones deben ser “en los centros penitenciarios más cercanos al lugar donde se esté llevando su proceso”, como lo marca la Ley Nacional de Ejecución Penal.
A G. M. se le informó el 3 de mayo (domingo) de su traslado y se le obligó a firmar una hoja de notificación de la que no se le dio copia, además de que no se expusieron en ese escrito los motivos de la orden y la autoridad que la emitió, trascendió.
Debido a la falta de posicionamiento por parte del Tribunal Superior de Justicia a favor de G. M., fue trasladado.
Tras el operativo de traslado, la SSPE informó que se desarrolló bajo medidas de seguridad establecidas, y sin ningún inconveniente.
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