El Tribunal de Disciplina Judicial aplicó al menos 80 procesos contra juzgadores en el Distrito Bravos, a un año de que rindieran protesta los nuevos jueces emanados de la elección judicial en esta frontera.
Se trata de 21 quejas contra juzgadores civiles; 31 quejas contra juzgadores familiares y 28 quejas contra juzgadores penales, que, al corte del 6 de agosto pasado, el organismo ha ocultado los nombres de los involucrados, señaló Olivia Aguirre Bonilla, doctora en Derechos Humanos y en Derecho Judicial.
“El Tribunal de Disciplina Judicial no ha dado los resultados que nosotros esperamos. Hay varios procedimientos ya iniciados y nada nos dicen, con el cuento de la secrecía, sobre los nombres de los juzgadores que están siendo procesados por el Tribunal. Hay un tema de falta de transparencia”, apuntó.
Aguirre Bonilla explicó que algunas de estas quejas podrían tratarse de conductas que deriven en una falta administrativa, leve o grave; sin embargo, “muchas de ellas pueden configurar un delito y ahorita no sabemos cuáles son esos jueces que están siendo procesados”.
El Tribunal de Disciplina Judicial es el órgano encargado de investigar, vigilar, evaluar y sancionar la conducta de los jueces y servidores públicos del Poder Judicial del estado. Recibe denuncias de cualquier persona o inicia investigaciones por su cuenta cuando hay sospechas de mal comportamiento, retrasos graves o abusos laborales en los juzgados.
También revisa el trabajo de los jueces para asegurar que la justicia se imparta con calidad, honestidad y rapidez.
Puede ordenar medidas preventivas, como separar provisionalmente a un juez de su cargo y dictar castigos que van desde amonestaciones y suspensiones hasta la destitución o inhabilitación. Si descubre que un servidor público cometió un delito, envía el caso directamente al Ministerio Público.
El pasado martes el Poder Judicial del Estado de Chihuahua informó en un comunicado que, derivado de un procedimiento interno, el Tribunal de Disciplina Judicial, a través de la Unidad de Investigación y Responsabilidades Administrativas, determinó la separación provisional de sus funciones de la actual titular del Juzgado Cuarto Civil.
“En cumplimiento de dicha determinación, el Órgano de Administración Judicial dispuso su ubicación temporal en el Tribunal de Medidas de Protección, mientras se da seguimiento al procedimiento correspondiente”, precisó.
Añadió que esta medida no afecta el funcionamiento ni la atención de los asuntos del Juzgado Cuarto Civil, cuya operación jurisdiccional continuará con normalidad y quedará a cargo de otra persona juzgadora, garantizando así la continuidad de los procesos y la certeza jurídica para las personas usuarias.
pjuarez@redaccion.diario.com.mx
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El Tribunal de Disciplina Judicial aplicó al menos 80 procesos contra juzgadores en el Distrito Bravos, a un año de que rindieran protesta los nuevos jueces emanados de la elección judicial en esta frontera.
Se trata de 21 quejas contra juzgadores civiles; 31 quejas contra juzgadores familiares y 28 quejas contra juzgadores penales, que, al corte del 6 de agosto pasado, el organismo ha ocultado los nombres de los involucrados, señaló Olivia Aguirre Bonilla, doctora en Derechos Humanos y en Derecho Judicial.
“El Tribunal de Disciplina Judicial no ha dado los resultados que nosotros esperamos. Hay varios procedimientos ya iniciados y nada nos dicen, con el cuento de la secrecía, sobre los nombres de los juzgadores que están siendo procesados por el Tribunal. Hay un tema de falta de transparencia”, apuntó.
Aguirre Bonilla explicó que algunas de estas quejas podrían tratarse de conductas que deriven en una falta administrativa, leve o grave; sin embargo, “muchas de ellas pueden configurar un delito y ahorita no sabemos cuáles son esos jueces que están siendo procesados”.
El Tribunal de Disciplina Judicial es el órgano encargado de investigar, vigilar, evaluar y sancionar la conducta de los jueces y servidores públicos del Poder Judicial del estado. Recibe denuncias de cualquier persona o inicia investigaciones por su cuenta cuando hay sospechas de mal comportamiento, retrasos graves o abusos laborales en los juzgados.
También revisa el trabajo de los jueces para asegurar que la justicia se imparta con calidad, honestidad y rapidez.
Puede ordenar medidas preventivas, como separar provisionalmente a un juez de su cargo y dictar castigos que van desde amonestaciones y suspensiones hasta la destitución o inhabilitación. Si descubre que un servidor público cometió un delito, envía el caso directamente al Ministerio Público.
El pasado martes el Poder Judicial del Estado de Chihuahua informó en un comunicado que, derivado de un procedimiento interno, el Tribunal de Disciplina Judicial, a través de la Unidad de Investigación y Responsabilidades Administrativas, determinó la separación provisional de sus funciones de la actual titular del Juzgado Cuarto Civil.
“En cumplimiento de dicha determinación, el Órgano de Administración Judicial dispuso su ubicación temporal en el Tribunal de Medidas de Protección, mientras se da seguimiento al procedimiento correspondiente”, precisó.
Añadió que esta medida no afecta el funcionamiento ni la atención de los asuntos del Juzgado Cuarto Civil, cuya operación jurisdiccional continuará con normalidad y quedará a cargo de otra persona juzgadora, garantizando así la continuidad de los procesos y la certeza jurídica para las personas usuarias.
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