Cd. de México.- Desde enero de 2025, siete ayuntamientos en México han desaparecido formalmente después de la detención de sus Presidentes Municipales y de procesos posteriores que llevaron a los Congresos estatales a revocar los mandatos de los Cabildos y designar Concejos Municipales. Cinco de los casos corresponden a Puebla, uno a Chiapas y otro a Oaxaca.
Las detenciones estuvieron relacionadas con investigaciones por delitos como extorsión, asociación delictuosa, lavado de dinero, robo de transporte, cohecho y, en el caso de Frontera Comalapa, desaparición forzada, extorsión agravada y homicidio. En algunos expedientes, las autoridades también han señalado presuntos vínculos con estructuras criminales.
Los procesos de desaparición de los Gobiernos Municipales no fueron automáticos. En los casos documentados, después de la detención del Alcalde se produjeron renuncias de integrantes del Cabildo o la imposibilidad de mantenerlo integrado, por lo que los Congresos estatales revocaron mandatos, declararon la desaparición del Ayuntamiento y designaron Concejos Municipales.
El primer caso fue Frontera Comalapa, Chiapas. El Alcalde interino José Antonio Villatoro Herrera fue detenido el 5 de enero de 2025, acusado inicialmente de corrupción.
La Fiscalía estatal informó además que enfrentaba investigaciones por desaparición forzada de personas, extorsión agravada y homicidio, relacionadas con presuntos vínculos con grupos delictivos de la región, una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras su captura, integrantes del Gobierno local renunciaron y el Congreso declaró la desaparición del Ayuntamiento y nombró un Concejo Municipal.
En Puebla, los primeros tres casos estuvieron relacionados con integrantes de la familia González Vieyra. Uruviel González Vieyra, Presidente Municipal de Chalchicomula de Sesma, y Giovanni González Vieyra, Alcalde de Tlachichuca, fueron detenidos el 7 de marzo de 2025.
La Fiscalía los investigó por distintos delitos; entre las acusaciones reportadas estuvieron extorsión, lavado de dinero y asociación delictuosa. Las autoridades también habían señalado previamente presuntos vínculos de la familia con organizaciones dedicadas a actividades delictivas, incluido el robo de combustible.
Los hermanos Uruviel y Giovanni González Vieyra y su padre, Ramiro, fueron investigados desde 2022 por la Fiscalía de Puebla por sus presuntos vínculos con David Gonzalo Pineda, «El Padrino» o «El Gavilán Pollero» o «El Gallero», señalado por la propia autoridad como principal distribuidor de drogas en la región de Tlachichuca, Ciudad Serdán y San Nicolás Buenos Aires.
Tras las detenciones, los Cabildos de ambos municipios quedaron sin condiciones para continuar integrados. El Congreso poblano declaró la desaparición del Ayuntamiento de Chalchicomula el 7 de abril y la de Tlachichuca el 20 de mayo, y designó Concejos Municipales.
Ramiro González Vieyra, Presidente Municipal de San Nicolás Buenos Aires y padre de Uruviel y Giovanni, inicialmente evadió el operativo de marzo y fue detenido el 29 de mayo de 2025. Las autoridades lo acusaron de delitos contra la salud y posteriormente de cohecho. Después de la salida de integrantes del Cabildo, el Congreso declaró la desaparición del Ayuntamiento y designó un Concejo Municipal.
Los dos casos más recientes corresponden a Esperanza y Tepeyahualco, también en Puebla.
Isaac Rodríguez Ochoa, Presidente Municipal de Esperanza, fue detenido en septiembre de 2026 durante un operativo en el que también fueron aprehendidas otras personas, entre ellas un ex funcionario de Seguridad Pública. Las autoridades relacionaron la investigación con una estructura dedicada al robo de transporte de carga, extorsión y secuestro en la carretera Puebla-Veracruz.
Said de Jesús Godos Luna, Alcalde de Tepeyahualco, fue detenido el 4 de septiembre. En su caso, las imputaciones reportadas corresponden a abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho.
En ambos municipios, el Congreso de Puebla declaró posteriormente la desaparición de los Ayuntamientos y designó Concejos Municipales.
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 fueron detenidos 111 funcionarios públicos por presuntos vínculos con el crimen organizado. La cifra corresponde al conjunto de funcionarios detenidos y no exclusivamente a presidentes municipales.
El caso de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, podría convertirse en un nuevo caso. El Presidente Municipal Miguel Sánchez Altamirano fue detenido el 23 de septiembre de 2026 y posteriormente señalado por las autoridades por presunta extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.
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Cd. de México.- Desde enero de 2025, siete ayuntamientos en México han desaparecido formalmente después de la detención de sus Presidentes Municipales y de procesos posteriores que llevaron a los Congresos estatales a revocar los mandatos de los Cabildos y designar Concejos Municipales. Cinco de los casos corresponden a Puebla, uno a Chiapas y otro a Oaxaca.
Las detenciones estuvieron relacionadas con investigaciones por delitos como extorsión, asociación delictuosa, lavado de dinero, robo de transporte, cohecho y, en el caso de Frontera Comalapa, desaparición forzada, extorsión agravada y homicidio. En algunos expedientes, las autoridades también han señalado presuntos vínculos con estructuras criminales.
Los procesos de desaparición de los Gobiernos Municipales no fueron automáticos. En los casos documentados, después de la detención del Alcalde se produjeron renuncias de integrantes del Cabildo o la imposibilidad de mantenerlo integrado, por lo que los Congresos estatales revocaron mandatos, declararon la desaparición del Ayuntamiento y designaron Concejos Municipales.
El primer caso fue Frontera Comalapa, Chiapas. El Alcalde interino José Antonio Villatoro Herrera fue detenido el 5 de enero de 2025, acusado inicialmente de corrupción.
La Fiscalía estatal informó además que enfrentaba investigaciones por desaparición forzada de personas, extorsión agravada y homicidio, relacionadas con presuntos vínculos con grupos delictivos de la región, una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras su captura, integrantes del Gobierno local renunciaron y el Congreso declaró la desaparición del Ayuntamiento y nombró un Concejo Municipal.
En Puebla, los primeros tres casos estuvieron relacionados con integrantes de la familia González Vieyra. Uruviel González Vieyra, Presidente Municipal de Chalchicomula de Sesma, y Giovanni González Vieyra, Alcalde de Tlachichuca, fueron detenidos el 7 de marzo de 2025.
La Fiscalía los investigó por distintos delitos; entre las acusaciones reportadas estuvieron extorsión, lavado de dinero y asociación delictuosa. Las autoridades también habían señalado previamente presuntos vínculos de la familia con organizaciones dedicadas a actividades delictivas, incluido el robo de combustible.
Los hermanos Uruviel y Giovanni González Vieyra y su padre, Ramiro, fueron investigados desde 2022 por la Fiscalía de Puebla por sus presuntos vínculos con David Gonzalo Pineda, «El Padrino» o «El Gavilán Pollero» o «El Gallero», señalado por la propia autoridad como principal distribuidor de drogas en la región de Tlachichuca, Ciudad Serdán y San Nicolás Buenos Aires.
Tras las detenciones, los Cabildos de ambos municipios quedaron sin condiciones para continuar integrados. El Congreso poblano declaró la desaparición del Ayuntamiento de Chalchicomula el 7 de abril y la de Tlachichuca el 20 de mayo, y designó Concejos Municipales.
Ramiro González Vieyra, Presidente Municipal de San Nicolás Buenos Aires y padre de Uruviel y Giovanni, inicialmente evadió el operativo de marzo y fue detenido el 29 de mayo de 2025. Las autoridades lo acusaron de delitos contra la salud y posteriormente de cohecho. Después de la salida de integrantes del Cabildo, el Congreso declaró la desaparición del Ayuntamiento y designó un Concejo Municipal.
Los dos casos más recientes corresponden a Esperanza y Tepeyahualco, también en Puebla.
Isaac Rodríguez Ochoa, Presidente Municipal de Esperanza, fue detenido en septiembre de 2026 durante un operativo en el que también fueron aprehendidas otras personas, entre ellas un ex funcionario de Seguridad Pública. Las autoridades relacionaron la investigación con una estructura dedicada al robo de transporte de carga, extorsión y secuestro en la carretera Puebla-Veracruz.
Said de Jesús Godos Luna, Alcalde de Tepeyahualco, fue detenido el 4 de septiembre. En su caso, las imputaciones reportadas corresponden a abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho.
En ambos municipios, el Congreso de Puebla declaró posteriormente la desaparición de los Ayuntamientos y designó Concejos Municipales.
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 fueron detenidos 111 funcionarios públicos por presuntos vínculos con el crimen organizado. La cifra corresponde al conjunto de funcionarios detenidos y no exclusivamente a presidentes municipales.
El caso de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, podría convertirse en un nuevo caso. El Presidente Municipal Miguel Sánchez Altamirano fue detenido el 23 de septiembre de 2026 y posteriormente señalado por las autoridades por presunta extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.
Diario MX
