El presidente de la Corte, Hugo Aguilar, consideró que la evaluación «no debe ser punitiva», contrario a la instrucción del titular del Órgano Judicial, Néstor Vargas.
«Para seguir fortaleciendo al PJF, es indispensable hacerlo con respeto y escucha», dijo, tras reunirse con Raúl Bolaños y Ricardo Monreal (foto), líderes de San Lázaro.
El líder del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, Jesús Gilberto González, dijo aceptar las evaluaciones siempre y cuando no impliquen ceses arbitrarios.
«Para seguir fortaleciendo al PJF, es indispensable hacerlo entre todas y todos, con respeto, escucha y disposición para alcanzar acuerdos. La evaluación no debe ser punitiva, sino una herramienta para fortalecer capacidades e incrementar la eficiencia del PJF», dice un comunicado emitido por la Corte luego de la reunión.
«La legalidad de una decisión no sustituye la necesidad de dialogarla. Para seguir fortaleciendo al PJF, es indispensable hacerlo entre todas y todos, con respeto, escucha y disposición para alcanzar acuerdos», agrega el documento.
La evaluación de desempeño, cuyos lineamientos fueron publicados ayer por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), solo será para fines de diagnóstico este año, pero a partir de 2027 sí puede resultar en la remoción del cargo de secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales que obtengan menos de 60 puntos y no pasen un examen extraordinario.
La referencia de Aguilar a «la legalidad» de la decisión, se refiere a que la evaluación de desempeño como requisito de permanencia en el cargo no fue decisión del OAJ, sino que está prevista en la Ley de Carrera Judicial del PJF, vigente desde enero de 2025, y lo que estaba pendiente eran los lineamientos para implementarla.
El Presidente de la Corte ya no tiene ninguna facultad en la administración del resto del PJF, es decir, los más de 900 tribunales y juzgados federales, a diferencia del periodo de 1995 a 2025, cuando dicho Ministro también presidía el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Además, la evaluación que provocó las protestas de hoy no aplica al personal de la Corte, sino a unos 32 mil funcionarios de los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito.
Pero Aguilar decidió recibir, por separado, a Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del PJF (STPJF) y Juan Alberto Prado Gómez, secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del PJF (SNRS-TPJF), que también representan a algunos empleados de la Corte.
«Durante ambos encuentros, el Ministro Presidente ofreció generar espacios de diálogo y escucha con las y los trabajadores, con el propósito de conducir los procesos institucionales con el OAJ que permitan encontrar una solución favorable a su plantilla. La base trabajadora constituye la columna vertebral del sistema de justicia», indica el comunicado.
Cabe recordar que la Ley de Carrera Judicial de 2021, impulsada por el entonces Ministro Presidente Arturo Zaldívar, también estableció la evaluación como requisito de permanencia, pero la medida nunca llegó a ser implementada ni se supo públicamente si el CJF expidió lineamientos para aplicarla.
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El presidente de la Corte, Hugo Aguilar, consideró que la evaluación «no debe ser punitiva», contrario a la instrucción del titular del Órgano Judicial, Néstor Vargas.
«Para seguir fortaleciendo al PJF, es indispensable hacerlo con respeto y escucha», dijo, tras reunirse con Raúl Bolaños y Ricardo Monreal (foto), líderes de San Lázaro.
El líder del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial, Jesús Gilberto González, dijo aceptar las evaluaciones siempre y cuando no impliquen ceses arbitrarios.
«Para seguir fortaleciendo al PJF, es indispensable hacerlo entre todas y todos, con respeto, escucha y disposición para alcanzar acuerdos. La evaluación no debe ser punitiva, sino una herramienta para fortalecer capacidades e incrementar la eficiencia del PJF», dice un comunicado emitido por la Corte luego de la reunión.
«La legalidad de una decisión no sustituye la necesidad de dialogarla. Para seguir fortaleciendo al PJF, es indispensable hacerlo entre todas y todos, con respeto, escucha y disposición para alcanzar acuerdos», agrega el documento.
La evaluación de desempeño, cuyos lineamientos fueron publicados ayer por el Órgano de Administración Judicial (OAJ), solo será para fines de diagnóstico este año, pero a partir de 2027 sí puede resultar en la remoción del cargo de secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales que obtengan menos de 60 puntos y no pasen un examen extraordinario.
La referencia de Aguilar a «la legalidad» de la decisión, se refiere a que la evaluación de desempeño como requisito de permanencia en el cargo no fue decisión del OAJ, sino que está prevista en la Ley de Carrera Judicial del PJF, vigente desde enero de 2025, y lo que estaba pendiente eran los lineamientos para implementarla.
El Presidente de la Corte ya no tiene ninguna facultad en la administración del resto del PJF, es decir, los más de 900 tribunales y juzgados federales, a diferencia del periodo de 1995 a 2025, cuando dicho Ministro también presidía el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Además, la evaluación que provocó las protestas de hoy no aplica al personal de la Corte, sino a unos 32 mil funcionarios de los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito.
Pero Aguilar decidió recibir, por separado, a Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del PJF (STPJF) y Juan Alberto Prado Gómez, secretario general del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del PJF (SNRS-TPJF), que también representan a algunos empleados de la Corte.
«Durante ambos encuentros, el Ministro Presidente ofreció generar espacios de diálogo y escucha con las y los trabajadores, con el propósito de conducir los procesos institucionales con el OAJ que permitan encontrar una solución favorable a su plantilla. La base trabajadora constituye la columna vertebral del sistema de justicia», indica el comunicado.
Cabe recordar que la Ley de Carrera Judicial de 2021, impulsada por el entonces Ministro Presidente Arturo Zaldívar, también estableció la evaluación como requisito de permanencia, pero la medida nunca llegó a ser implementada ni se supo públicamente si el CJF expidió lineamientos para aplicarla.
Diario MX
