En medio de reclamos por la invasión de la esfera municipal y la concentración de la información en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Cámara de Diputados aprobó la expedición de una nueva ley que homologa trámites y servicios catastrales en todo el País.
El proyecto impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral, a través de la cual se crea el Plan Nacional Catastral y el Plan Nacional Registral que se instrumentarán a partir de elementos como una Clave Única Catastral y un identificador único e irrepetible que se asignará a cada inmueble del país y permanecerá vinculado a él con independencia de los cambios de titularidad o de sus características físicas.
Se asignará también una Cédula Única Catastral y Registral, que será un registro estandarizado que concentrará elementos mínimos para la identificación y ubicación única del predio, lo que permitirá la vinculación entre la información catastral y registral.
Establece la creación de una Plataforma Nacional Catastral, una solución tecnológica desarrollada y administrada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones a través de la cual se gestionarán trámites, consultará cartografía, interoperará la información de las autoridades responsables y realizará el pago del impuesto predial por medios digitales.
La nueva ley fue aprobada con 299 votos a favor y 92 en contra de la Oposición, luego de que la mayoría avaló una reserva presentada por Morena para establecer que la Sedatu, la Agencia de Transformación Digital y las autoridades catastrales podrán colaborar y coordinarse con el INEGI para el cumplimiento de la ley.
Diputados de Oposición advirtieron sobre el riesgo de que la ley implique un «predialazo», al obligar a los municipios a actualizar los valores catastrales y asumir, sin ayuda de la Federación, el proceso del nuevo sistema de homologación catastral.
Carmen Rocío González, del PAN, sostuvo que la nueva ley obliga a los Congresos locales a realizar adecuaciones y a prever recursos para su implementación, pero, al mismo tiempo, establece que no habrá recursos federales para cumplir con las nuevas obligaciones que tendrán los estados y los municipios.
«Obliga sin recursos a los municipios a adoptar una plataforma nacional, implementar una Clave Única Catastral utilizando modelos de homologación y mantener actualizada su cartografía () eso no es una coordinación entre iguales, si desde el centro se establecen las reglas y desde lo local solamente se tiene la obligación de cumplirlas», indicó González.
La panista señaló que, actualmente, las actualizaciones catastrales son una obligación de los municipios que ya se encuentra establecida en la ley, la cual establece que debe hacerse con responsabilidad y pensando en la capacidad de pago de las familias.
Sin embargo, advirtió que -tal y como se plantea en la nueva legislación- esta actualización podría implicar un predialazo.
«No tenemos ninguna duda de que esta iniciativa es un silencioso ataque a la propiedad privada. Van contra los esfuerzos de millones de familias que han forjado un patrimonio», sostuvo.
El priista Arturo Yáñez coincidió en que la nueva ley abre la puerta a un predialazo al establecer la actualización de los valores catastrales.
«Hoy, lo que busca Morena es sanear sus fallidas finanzas a costa del patrimonio de ustedes los mexicanos. Quieren meterle la mano al bolsillo de las mexicanas y de los mexicanos. Por eso una cosa es que el Gobierno actualice cuánto vale tu casa y otra cosa muy diferente es que cuando lo actualice descubra cuánto más te puede cobrar», dijo.
La emecista Irais Reyes acusó que, bajo la narrativa de la homologación y modernización de los catastros, la nueva ley construye un modelo en el que todas las decisiones tecnológicas y de implementación quedarán subordinadas a la Federación.
«El Artículo 7 plantea que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicación será la encargad de diseñar los planes nacionales, definir los modelos de homologación, desarrollar y administrar las plataformas, emitir los estándares técnicos, habilitar los accesos y supervisar la implementación en estados y municipios, eso rebasa una simple homologación», advirtió.
La legisladora advirtió sobre el riesgo de aprobar una ley que pretende concentrar en una sola agencia federal la información catastral y registral de millones de personas sin conocer las reglas de seguridad que la protegerán.
«Imaginemos el nivel de vulnerabilidad, el riesgo para la certeza jurídica, el impacto si esa información se compromete, se filtra, se roba o cae en manos ajenas como otras veces ha ocurrido», planteó.
La morenista Tatiana Ángeles Moreno rechazó que el objetivo de la nueva legislación sea concentrar en la Federación facultades de los estados y los municipios.
Su fin, afirmó, es establecer las bases para que éstos puedan compartir información utilizando estándares comunes.
La legisladora sostuvo que el proyecto no modifica las tasas del impuesto predial a nivel municipal, ya que la determinación y el cobro de este impuesto seguirá siendo facultad exclusiva de este nivel de Gobierno.
«Esta ley no está planteando ningún impuesto y tampoco modifica las tasas del impuesto predial en ningún municipio. Sólo el municipio es la autoridad que regula y determina el impuesto predial, nada más. Entonces, no hay que confundir las cosas, la Federación lo que hará en esta propuesta es garantizar un mejor inventario de los predios municipales», reiteró.
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En medio de reclamos por la invasión de la esfera municipal y la concentración de la información en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Cámara de Diputados aprobó la expedición de una nueva ley que homologa trámites y servicios catastrales en todo el País.
El proyecto impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral, a través de la cual se crea el Plan Nacional Catastral y el Plan Nacional Registral que se instrumentarán a partir de elementos como una Clave Única Catastral y un identificador único e irrepetible que se asignará a cada inmueble del país y permanecerá vinculado a él con independencia de los cambios de titularidad o de sus características físicas.
Se asignará también una Cédula Única Catastral y Registral, que será un registro estandarizado que concentrará elementos mínimos para la identificación y ubicación única del predio, lo que permitirá la vinculación entre la información catastral y registral.
Establece la creación de una Plataforma Nacional Catastral, una solución tecnológica desarrollada y administrada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones a través de la cual se gestionarán trámites, consultará cartografía, interoperará la información de las autoridades responsables y realizará el pago del impuesto predial por medios digitales.
La nueva ley fue aprobada con 299 votos a favor y 92 en contra de la Oposición, luego de que la mayoría avaló una reserva presentada por Morena para establecer que la Sedatu, la Agencia de Transformación Digital y las autoridades catastrales podrán colaborar y coordinarse con el INEGI para el cumplimiento de la ley.
Diputados de Oposición advirtieron sobre el riesgo de que la ley implique un «predialazo», al obligar a los municipios a actualizar los valores catastrales y asumir, sin ayuda de la Federación, el proceso del nuevo sistema de homologación catastral.
Carmen Rocío González, del PAN, sostuvo que la nueva ley obliga a los Congresos locales a realizar adecuaciones y a prever recursos para su implementación, pero, al mismo tiempo, establece que no habrá recursos federales para cumplir con las nuevas obligaciones que tendrán los estados y los municipios.
«Obliga sin recursos a los municipios a adoptar una plataforma nacional, implementar una Clave Única Catastral utilizando modelos de homologación y mantener actualizada su cartografía () eso no es una coordinación entre iguales, si desde el centro se establecen las reglas y desde lo local solamente se tiene la obligación de cumplirlas», indicó González.
La panista señaló que, actualmente, las actualizaciones catastrales son una obligación de los municipios que ya se encuentra establecida en la ley, la cual establece que debe hacerse con responsabilidad y pensando en la capacidad de pago de las familias.
Sin embargo, advirtió que -tal y como se plantea en la nueva legislación- esta actualización podría implicar un predialazo.
«No tenemos ninguna duda de que esta iniciativa es un silencioso ataque a la propiedad privada. Van contra los esfuerzos de millones de familias que han forjado un patrimonio», sostuvo.
El priista Arturo Yáñez coincidió en que la nueva ley abre la puerta a un predialazo al establecer la actualización de los valores catastrales.
«Hoy, lo que busca Morena es sanear sus fallidas finanzas a costa del patrimonio de ustedes los mexicanos. Quieren meterle la mano al bolsillo de las mexicanas y de los mexicanos. Por eso una cosa es que el Gobierno actualice cuánto vale tu casa y otra cosa muy diferente es que cuando lo actualice descubra cuánto más te puede cobrar», dijo.
La emecista Irais Reyes acusó que, bajo la narrativa de la homologación y modernización de los catastros, la nueva ley construye un modelo en el que todas las decisiones tecnológicas y de implementación quedarán subordinadas a la Federación.
«El Artículo 7 plantea que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicación será la encargad de diseñar los planes nacionales, definir los modelos de homologación, desarrollar y administrar las plataformas, emitir los estándares técnicos, habilitar los accesos y supervisar la implementación en estados y municipios, eso rebasa una simple homologación», advirtió.
La legisladora advirtió sobre el riesgo de aprobar una ley que pretende concentrar en una sola agencia federal la información catastral y registral de millones de personas sin conocer las reglas de seguridad que la protegerán.
«Imaginemos el nivel de vulnerabilidad, el riesgo para la certeza jurídica, el impacto si esa información se compromete, se filtra, se roba o cae en manos ajenas como otras veces ha ocurrido», planteó.
La morenista Tatiana Ángeles Moreno rechazó que el objetivo de la nueva legislación sea concentrar en la Federación facultades de los estados y los municipios.
Su fin, afirmó, es establecer las bases para que éstos puedan compartir información utilizando estándares comunes.
La legisladora sostuvo que el proyecto no modifica las tasas del impuesto predial a nivel municipal, ya que la determinación y el cobro de este impuesto seguirá siendo facultad exclusiva de este nivel de Gobierno.
«Esta ley no está planteando ningún impuesto y tampoco modifica las tasas del impuesto predial en ningún municipio. Sólo el municipio es la autoridad que regula y determina el impuesto predial, nada más. Entonces, no hay que confundir las cosas, la Federación lo que hará en esta propuesta es garantizar un mejor inventario de los predios municipales», reiteró.
Diario MX
