La consejera del Instituto Electoral del Estado de México, Karina Vaquera, reconoce que los organismos electorales, nacional y estatales, sí han sido omisos ante los actos anticipados de campaña en todo el País.
En entrevista, aclara que la legislación limita su actuación mientras no se cumplan las condicionantes. Sin embargo, advierte, tendrían que visibilizar y recriminar públicamente el activismo, así como dar al ciudadano las herramientas para que denuncie.
Consejeros del INE han argumentado que esa instancia únicamente podría implementar mecanismos de fiscalización ante el proselitismo anticipado de quienes buscan algún cargo en el 2027, especialmente gubernaturas.
Y han deslizado la responsabilidad de frenar la posible ilegalidad a los OPLES.
Vaquera afirma que el Congreso de la Unión también fue omiso al no actualizar la legislación, pues la regulación actual está rebasada.
«Es cierto que los organismos públicos locales tienen un margen de actuación legal, pero no podemos ser omisos porque sería incluso falta de ética. Las autoridades electorales pasamos por carreteras, por avenidas y podemos ver espectaculares.
«Un acto anticipado de precampaña o campaña implica que tú puedas pedir a la gente, a la ciudadanía, que vote por ti, y lo que vemos son imágenes, entrevistas, bardas. Entonces, el simple nombre que aparezca no encuadra en un acto anticipado, aunque la realidad es que están burlando la ley», afirma.
Sin embargo, considera, debido a que no encuentra legalmente lo que está sucediendo, las autoridades no hacen nada.
Por ejemplo, indica, la legislación del Estado de México establece que los ciudadanos pueden presentar procedimientos ordinarios sancionadores de oficio sobre estos casos.
La encargada de hacerlo es la Secretaría Ejecutiva del organismo, pero, insiste, la lógica pareciera que no tiene caso porque esta etapa, que sería la pre-pre-precampaña, ni siquiera existe en la legislación.
Sin embargo, apunta, debería hacerse y que sea el Tribunal Electoral local o federal los que determinen si existe una ilegalidad y se pronuncien al respecto.
Además, plantea, el INE debió generar un documento rector para que los OPLES actuaran en algunos casos.
Una vez que arranque el proceso electoral, a nivel nacional y local, la situación no cambia, pues las condicionantes para considerar que son actos anticipados siguen siendo los mismos.
El principal es que los aspirantes hagan un llamado expreso al voto, en contra o a favor de una candidatura o partido, o la solicitud de cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral.
«(Lo que está sucediendo) son formas que siempre han acontecido, del poder dándole la vuelta a lo que establece la ley, y pues finalmente no hay un acto anticipado mientras no se pide el voto», lamenta.
Una vez que inicia el proceso, explica, los ciudadanos podrán presentar denuncias para abrir procedimientos especiales sancionadores, por lo que la autoridad electoral tendrán la obligación de resolverlos en menor tiempo.
«¿Qué tenemos que hacer? Difundir que existe un procedimiento. La autoridad electoral está quedando muy mal parada en este sentido, porque no hace nada.
«Los institutos nos hemos quedado cortos en la forma de explicar, incluso de hacerlo fácil al ciudadano (para presentar las denuncias), tendríamos que ser menos técnicos. En otros procesos les he comentado (a los otros consejeros) por qué no generar un exhorto de que todo mundo cumpla», añadió.
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La consejera del Instituto Electoral del Estado de México, Karina Vaquera, reconoce que los organismos electorales, nacional y estatales, sí han sido omisos ante los actos anticipados de campaña en todo el País.
En entrevista, aclara que la legislación limita su actuación mientras no se cumplan las condicionantes. Sin embargo, advierte, tendrían que visibilizar y recriminar públicamente el activismo, así como dar al ciudadano las herramientas para que denuncie.
Consejeros del INE han argumentado que esa instancia únicamente podría implementar mecanismos de fiscalización ante el proselitismo anticipado de quienes buscan algún cargo en el 2027, especialmente gubernaturas.
Y han deslizado la responsabilidad de frenar la posible ilegalidad a los OPLES.
Vaquera afirma que el Congreso de la Unión también fue omiso al no actualizar la legislación, pues la regulación actual está rebasada.
«Es cierto que los organismos públicos locales tienen un margen de actuación legal, pero no podemos ser omisos porque sería incluso falta de ética. Las autoridades electorales pasamos por carreteras, por avenidas y podemos ver espectaculares.
«Un acto anticipado de precampaña o campaña implica que tú puedas pedir a la gente, a la ciudadanía, que vote por ti, y lo que vemos son imágenes, entrevistas, bardas. Entonces, el simple nombre que aparezca no encuadra en un acto anticipado, aunque la realidad es que están burlando la ley», afirma.
Sin embargo, considera, debido a que no encuentra legalmente lo que está sucediendo, las autoridades no hacen nada.
Por ejemplo, indica, la legislación del Estado de México establece que los ciudadanos pueden presentar procedimientos ordinarios sancionadores de oficio sobre estos casos.
La encargada de hacerlo es la Secretaría Ejecutiva del organismo, pero, insiste, la lógica pareciera que no tiene caso porque esta etapa, que sería la pre-pre-precampaña, ni siquiera existe en la legislación.
Sin embargo, apunta, debería hacerse y que sea el Tribunal Electoral local o federal los que determinen si existe una ilegalidad y se pronuncien al respecto.
Además, plantea, el INE debió generar un documento rector para que los OPLES actuaran en algunos casos.
Una vez que arranque el proceso electoral, a nivel nacional y local, la situación no cambia, pues las condicionantes para considerar que son actos anticipados siguen siendo los mismos.
El principal es que los aspirantes hagan un llamado expreso al voto, en contra o a favor de una candidatura o partido, o la solicitud de cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral.
«(Lo que está sucediendo) son formas que siempre han acontecido, del poder dándole la vuelta a lo que establece la ley, y pues finalmente no hay un acto anticipado mientras no se pide el voto», lamenta.
Una vez que inicia el proceso, explica, los ciudadanos podrán presentar denuncias para abrir procedimientos especiales sancionadores, por lo que la autoridad electoral tendrán la obligación de resolverlos en menor tiempo.
«¿Qué tenemos que hacer? Difundir que existe un procedimiento. La autoridad electoral está quedando muy mal parada en este sentido, porque no hace nada.
«Los institutos nos hemos quedado cortos en la forma de explicar, incluso de hacerlo fácil al ciudadano (para presentar las denuncias), tendríamos que ser menos técnicos. En otros procesos les he comentado (a los otros consejeros) por qué no generar un exhorto de que todo mundo cumpla», añadió.
Diario MX
