Chihuahua— Los familiares de derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado (PCE) utilizan los servicios médicos hasta 70 por ciento más que los trabajadores activos, situación que ha incrementado la demanda de atención y el gasto de la institución, por lo que preparan una propuesta para reformar la Ley de Pensiones y actualizar el Reglamento del Servicio Médico, vigente desde 1981, informó el director general, Heriberto Miranda Pérez.
El funcionario señaló que el crecimiento de la derechohabiencia y la incorporación de familiares con mayores necesidades de atención obligan a revisar las condiciones bajo las cuales opera actualmente PCE, debido a que una parte importante de estos usuarios requiere tratamiento por enfermedades crónicas, problemas oncológicos, cirugías y otros servicios especializados.
Explicó que la demanda de atención entre este sector supera hasta en 70 por ciento la registrada entre los trabajadores activos, lo que repercute directamente en el gasto médico y plantea la necesidad de ajustar la normatividad para mantener la capacidad financiera de la institución en los próximos años.
“Tenemos que pensar a futuro, no solamente dentro de la institución, sino también a través del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, trabajar todos de la mano para tratar de buscar una nueva reforma a la Ley de Pensiones y también al Reglamento del Servicio Médico”, apuntó.
El peso de los beneficiarios dentro de PCE ya supera al de los propios trabajadores. De acuerdo con el Cuarto Informe de Resultados del Gobierno del Estado, durante 2025 el padrón de servicio médico estuvo integrado por 97 mil 601 personas, de las cuales 50 mil 688 eran beneficiarios, equivalentes al 51.9 por ciento; otros 24 mil 618 eran trabajadores activos y 22 mil 295 jubilados y pensionados.
La misma información muestra que el padrón aumentó de 90 mil 330 derechohabientes en 2021 a 97 mil 601 durante 2025, mientras que sólo en ese último año PCE otorgó un millón 724 mil 850 atenciones entre consultas, estudios, hospitalizaciones, tratamientos y otros servicios médicos.
Miranda Pérez indicó que la propuesta deberá considerar esta nueva composición de la derechohabiencia y el aumento de las necesidades médicas, particularmente conforme avanza la edad de los usuarios, con el objetivo de establecer condiciones que permitan sostener financieramente la prestación de los servicios.
Uno de los principales puntos será la actualización del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua. El ordenamiento fue expedido el 28 de diciembre de 1981 y publicado en el Periódico Oficial el 16 de enero de 1982, por lo que tiene más de cuatro décadas sin una sustitución integral.
“Es necesario que Pensiones tenga una reforma en su ley y que también tenga una reforma en el Reglamento del Servicio Médico, que es un reglamento que está prácticamente obsoleto”, expresó el director general.
La Ley de Pensiones vigente es más reciente: fue publicada en diciembre de 2013 y regula el sistema de seguridad social de los trabajadores, las pensiones, préstamos y prestaciones económicas. La propia legislación faculta a la Junta Directiva de PCE para conocer y aprobar los proyectos de reforma que presente la Dirección General antes de continuar con el procedimiento correspondiente.
El planteamiento se suma a la revisión normativa que ya realiza la institución. En junio, la Junta Directiva acordó elaborar un estudio técnico y establecer una mesa de trabajo para analizar adecuaciones legales, luego de una reforma constitucional publicada en abril que modificó parámetros relacionados con pensiones y jubilaciones de los entes públicos.
Miranda Pérez adelantó que la propuesta será presentada tanto al Ejecutivo como al Congreso del Estado, aunque todavía no existe una fecha definida para enviarla ni precisó los artículos, cuotas o condiciones específicas que buscarán modificar.
Sostuvo que los cambios deberán permitir a PCE responder al crecimiento de la derechohabiencia y de la demanda médica sin comprometer su funcionamiento futuro, además de garantizar la continuidad de los servicios para los trabajadores y sus familias.
icarrillo@diarioch.com.mx
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Chihuahua— Los familiares de derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado (PCE) utilizan los servicios médicos hasta 70 por ciento más que los trabajadores activos, situación que ha incrementado la demanda de atención y el gasto de la institución, por lo que preparan una propuesta para reformar la Ley de Pensiones y actualizar el Reglamento del Servicio Médico, vigente desde 1981, informó el director general, Heriberto Miranda Pérez.
El funcionario señaló que el crecimiento de la derechohabiencia y la incorporación de familiares con mayores necesidades de atención obligan a revisar las condiciones bajo las cuales opera actualmente PCE, debido a que una parte importante de estos usuarios requiere tratamiento por enfermedades crónicas, problemas oncológicos, cirugías y otros servicios especializados.
Explicó que la demanda de atención entre este sector supera hasta en 70 por ciento la registrada entre los trabajadores activos, lo que repercute directamente en el gasto médico y plantea la necesidad de ajustar la normatividad para mantener la capacidad financiera de la institución en los próximos años.
“Tenemos que pensar a futuro, no solamente dentro de la institución, sino también a través del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, trabajar todos de la mano para tratar de buscar una nueva reforma a la Ley de Pensiones y también al Reglamento del Servicio Médico”, apuntó.
El peso de los beneficiarios dentro de PCE ya supera al de los propios trabajadores. De acuerdo con el Cuarto Informe de Resultados del Gobierno del Estado, durante 2025 el padrón de servicio médico estuvo integrado por 97 mil 601 personas, de las cuales 50 mil 688 eran beneficiarios, equivalentes al 51.9 por ciento; otros 24 mil 618 eran trabajadores activos y 22 mil 295 jubilados y pensionados.
La misma información muestra que el padrón aumentó de 90 mil 330 derechohabientes en 2021 a 97 mil 601 durante 2025, mientras que sólo en ese último año PCE otorgó un millón 724 mil 850 atenciones entre consultas, estudios, hospitalizaciones, tratamientos y otros servicios médicos.
Miranda Pérez indicó que la propuesta deberá considerar esta nueva composición de la derechohabiencia y el aumento de las necesidades médicas, particularmente conforme avanza la edad de los usuarios, con el objetivo de establecer condiciones que permitan sostener financieramente la prestación de los servicios.
Uno de los principales puntos será la actualización del Reglamento de Servicios Médicos para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua. El ordenamiento fue expedido el 28 de diciembre de 1981 y publicado en el Periódico Oficial el 16 de enero de 1982, por lo que tiene más de cuatro décadas sin una sustitución integral.
“Es necesario que Pensiones tenga una reforma en su ley y que también tenga una reforma en el Reglamento del Servicio Médico, que es un reglamento que está prácticamente obsoleto”, expresó el director general.
La Ley de Pensiones vigente es más reciente: fue publicada en diciembre de 2013 y regula el sistema de seguridad social de los trabajadores, las pensiones, préstamos y prestaciones económicas. La propia legislación faculta a la Junta Directiva de PCE para conocer y aprobar los proyectos de reforma que presente la Dirección General antes de continuar con el procedimiento correspondiente.
El planteamiento se suma a la revisión normativa que ya realiza la institución. En junio, la Junta Directiva acordó elaborar un estudio técnico y establecer una mesa de trabajo para analizar adecuaciones legales, luego de una reforma constitucional publicada en abril que modificó parámetros relacionados con pensiones y jubilaciones de los entes públicos.
Miranda Pérez adelantó que la propuesta será presentada tanto al Ejecutivo como al Congreso del Estado, aunque todavía no existe una fecha definida para enviarla ni precisó los artículos, cuotas o condiciones específicas que buscarán modificar.
Sostuvo que los cambios deberán permitir a PCE responder al crecimiento de la derechohabiencia y de la demanda médica sin comprometer su funcionamiento futuro, además de garantizar la continuidad de los servicios para los trabajadores y sus familias.
icarrillo@diarioch.com.mx
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