A casi dos meses de que se denunció un presunto esquema de falsificación de firmas y cobro irregular de cheques en el Congreso de Guerrero, suman tres denuncias ante la Fiscalía estatal, sin que hasta ahora se hayan esclarecido las irregularidades.
La más reciente fue presentada por la morenista Gloria Citlalli Calixto Jiménez, quien denunció a «quien resulte responsable» por un presunto fraude de 13 millones de pesos, de acuerdo con documentos en posesión de REFORMA. La querella se suma a las de sus compañeras de bancada Catalina Apolinar Santiago y Guadalupe García Villalba.
Según fuentes del Congreso, el caso podría involucrar a 21 diputados de distintas bancadas. Las investigaciones se centran en cheques emitidos entre enero y junio de 2026, cuyas firmas y cobros son objeto de revisión por parte de la Fiscalía General del Estado.
Calixto Jiménez presidió la Junta de Coordinación Política (Jucopo) antes de Jesús Urióstegui García. Las presuntas irregularidades habrían ocurrido durante la gestión de este último, aunque uno de los funcionarios del área financiera señalados, Esli Joanan Navarrete Cisneros, también ocupó ese cargo durante la administración de Calixto.
La diputada se registró recientemente en el proceso interno de Morena para buscar la candidatura a la Alcaldía de Acapulco. Urióstegui, por su parte, aspira a la Alcaldía de Chilpancingo.
De acuerdo con fuentes legislativas, ocho exfuncionarios del área de Servicios Financieros y Administrativos fueron separados de sus cargos mientras avanzan las investigaciones. Entre ellos se encuentran Navarrete Cisneros y Héctor Avilés Cruz, diputado suplente de Urióstegui.
En entrevista, Catalina Apolinar relató que el caso salió a la luz durante una reunión plenaria de Morena, cuando Joaquín Badillo Escamilla, actual presidente de la Jucopo, entregó a los legisladores un listado de sus documentos financieros.
La diputada dijo que le pidieron revisar al menos 111 cheques y detectó que 76 no habían sido cobrados por ella, pese a que aparecían a su nombre y con firmas que desconoce. Según su testimonio, esos documentos sumaban alrededor de 12 millones de pesos.
«Unos cheques falsificados eran de cien, otros de 150 mil y otros hasta de 200 mil pesos en distintas fechas de enero a junio de este 2026», dijo.
La investigación incluye operaciones realizadas desde una cuenta de BBVA a nombre del Congreso de Guerrero. Entre las personas autorizadas para firmar cheques figuran Navarrete Cisneros, Urióstegui García, Avilés Cruz y Julio César Aguirre Bautista, según información relacionada con el expediente.
La Fiscalía investiga posibles delitos de abuso de confianza, administración fraudulenta, falsificación y uso indebido de documentos, fraude y peculado. La indagatoria deberá establecer quién autorizó y cobró los cheques, así como si existió un daño patrimonial.
En medio del escándalo, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, exigió investigar las presuntas irregularidades y sostuvo que nadie puede estar por encima de la ley. El monto global del caso ha sido reportado en más de 40 millones de pesos.
Fuentes del Congreso local señalaron que los diputados afectados también exigen auditar las administraciones de Calixto Jiménez y Urióstegui García.
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A casi dos meses de que se denunció un presunto esquema de falsificación de firmas y cobro irregular de cheques en el Congreso de Guerrero, suman tres denuncias ante la Fiscalía estatal, sin que hasta ahora se hayan esclarecido las irregularidades.
La más reciente fue presentada por la morenista Gloria Citlalli Calixto Jiménez, quien denunció a «quien resulte responsable» por un presunto fraude de 13 millones de pesos, de acuerdo con documentos en posesión de REFORMA. La querella se suma a las de sus compañeras de bancada Catalina Apolinar Santiago y Guadalupe García Villalba.
Según fuentes del Congreso, el caso podría involucrar a 21 diputados de distintas bancadas. Las investigaciones se centran en cheques emitidos entre enero y junio de 2026, cuyas firmas y cobros son objeto de revisión por parte de la Fiscalía General del Estado.
Calixto Jiménez presidió la Junta de Coordinación Política (Jucopo) antes de Jesús Urióstegui García. Las presuntas irregularidades habrían ocurrido durante la gestión de este último, aunque uno de los funcionarios del área financiera señalados, Esli Joanan Navarrete Cisneros, también ocupó ese cargo durante la administración de Calixto.
La diputada se registró recientemente en el proceso interno de Morena para buscar la candidatura a la Alcaldía de Acapulco. Urióstegui, por su parte, aspira a la Alcaldía de Chilpancingo.
De acuerdo con fuentes legislativas, ocho exfuncionarios del área de Servicios Financieros y Administrativos fueron separados de sus cargos mientras avanzan las investigaciones. Entre ellos se encuentran Navarrete Cisneros y Héctor Avilés Cruz, diputado suplente de Urióstegui.
En entrevista, Catalina Apolinar relató que el caso salió a la luz durante una reunión plenaria de Morena, cuando Joaquín Badillo Escamilla, actual presidente de la Jucopo, entregó a los legisladores un listado de sus documentos financieros.
La diputada dijo que le pidieron revisar al menos 111 cheques y detectó que 76 no habían sido cobrados por ella, pese a que aparecían a su nombre y con firmas que desconoce. Según su testimonio, esos documentos sumaban alrededor de 12 millones de pesos.
«Unos cheques falsificados eran de cien, otros de 150 mil y otros hasta de 200 mil pesos en distintas fechas de enero a junio de este 2026», dijo.
La investigación incluye operaciones realizadas desde una cuenta de BBVA a nombre del Congreso de Guerrero. Entre las personas autorizadas para firmar cheques figuran Navarrete Cisneros, Urióstegui García, Avilés Cruz y Julio César Aguirre Bautista, según información relacionada con el expediente.
La Fiscalía investiga posibles delitos de abuso de confianza, administración fraudulenta, falsificación y uso indebido de documentos, fraude y peculado. La indagatoria deberá establecer quién autorizó y cobró los cheques, así como si existió un daño patrimonial.
En medio del escándalo, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, exigió investigar las presuntas irregularidades y sostuvo que nadie puede estar por encima de la ley. El monto global del caso ha sido reportado en más de 40 millones de pesos.
Fuentes del Congreso local señalaron que los diputados afectados también exigen auditar las administraciones de Calixto Jiménez y Urióstegui García.
Diario MX
