Un corredor aduanal de El Paso fue condenado en Estados Unidos por encabezar un esquema de sobornos de entre 2 mil y 3 mil dólares por embarque a funcionarios mexicanos encargados de inspeccionar productos agrícolas en la frontera, una práctica que permitía evitar multas, fumigaciones y costos que podían superar los 100 mil dólares por cada tren cuando las autoridades detectaban tierra u otras impurezas en la mercancía.
Carlos Leopoldo Alvelais Alarcón, ciudadano estadounidense y propietario de una agencia aduanal con oficinas en El Paso y una subsidiaria en Ciudad Juárez, recibió una sentencia de 18 meses de prisión tras declararse culpable de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA).
Además, deberá cumplir tres años de libertad supervisada y pagar una multa de 250 mil dólares.
El acuerdo de culpabilidad revela que el esquema giraba alrededor de las inspecciones realizadas por la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), cuya autorización era indispensable para que cada tren con maíz, trigo y otros productos agrícolas pudiera ingresar a México.
Si durante la revisión los inspectores detectaban «suelo» —tierra, polvo u otras impurezas— la dependencia podía impedir temporalmente el ingreso del cargamento, ordenar fumigaciones y aplicar cargos por demora que, en conjunto, superaban los 100 mil dólares por tren, según la investigación federal.
De acuerdo con la Fiscalía, fue precisamente para evitar esos costos que The Scoular Company, una empresa de la cadena de suministro agrícola con sede en Omaha, Nebraska, contrató en 2013 a Alvelais y a sus empresas para gestionar el paso de trenes por los cruces fronterizos de El Paso, Laredo y Eagle Pass.
La investigación sostiene que Scoular recurrió al esquema de corrupción porque, a diferencia de otras compañías del sector agrícola estadounidense, no contaba con la autorización de las autoridades mexicanas para limpiar en México los cargamentos contaminados, por lo que optó por pagar sobornos para evitar inspecciones, sanciones y retrasos en lugar de cumplir con el procedimiento regulatorio.
Para financiar los pagos ilícitos, Alvelais agregaba a las facturas un concepto ficticio denominado «SAGARPA process», con cargos de entre 2 mil y 3 mil dólares por cada embarque. Ese dinero era utilizado para sobornar a funcionarios mexicanos responsables de las inspecciones agrícolas.
El acuerdo de culpabilidad señala que esa cuota era cobrada incluso cuando finalmente no era necesario pagar un soborno, lo que convirtió el mecanismo en una fuente permanente de ingresos para los participantes del esquema.
Los documentos judiciales muestran además que empleados de Scoular autorizaban esos pagos con pleno conocimiento de que parte del dinero sería destinado a funcionarios mexicanos. Las conversaciones sobre los embarques y los sobornos se realizaban habitualmente mediante WhatsApp, utilizando mensajes cifrados para ocultar la naturaleza de las operaciones.
Uno de los intercambios incorporados al expediente ocurrió en agosto de 2015, cuando un empleado de la agencia informó que un tren había sido liberado pese a que las inspecciones habían detectado tierra en la carga y notificó que se aplicaría un cargo adicional de 2 mil dólares por esa gestión.
La investigación sostiene que el esquema comenzó en junio de 2013 y continuó al menos hasta 2023. Ese año, los participantes incorporaron una tercera empresa al mecanismo de pagos para que Scoular dejara de recibir directamente las facturas relacionadas con los sobornos, aunque éstos continuaron realizándose para facilitar el cruce de mercancías hacia México.
En una investigación paralela, el Departamento de Justicia de Estados Unidos alcanzó un acuerdo con The Scoular Company, que aceptó pagar más de 10 millones de dólares para resolver los cargos derivados del esquema de corrupción. Según las autoridades, la empresa autorizó más de 400 mil dólares en sobornos y evitó costos superiores a 6.5 millones de dólares gracias a la liberación de cargamentos que, de otro modo, habrían enfrentado retrasos y sanciones en México.
El Departamento de Justicia reveló además que, sin conocimiento de Scoular, una parte de los sobornos terminó beneficiando a personas vinculadas con un cártel que opera en la frontera entre Estados Unidos y México, un elemento que llevó a los fiscales a considerar el caso no sólo como un acto de corrupción internacional, sino también como un asunto con implicaciones para la seguridad nacional.
La investigación fue realizada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y forma parte de la estrategia del Gobierno estadounidense para perseguir actos de corrupción internacional que involucren a empresas y ciudadanos de ese país.
newsroom@diariousa.com
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Un corredor aduanal de El Paso fue condenado en Estados Unidos por encabezar un esquema de sobornos de entre 2 mil y 3 mil dólares por embarque a funcionarios mexicanos encargados de inspeccionar productos agrícolas en la frontera, una práctica que permitía evitar multas, fumigaciones y costos que podían superar los 100 mil dólares por cada tren cuando las autoridades detectaban tierra u otras impurezas en la mercancía.
Carlos Leopoldo Alvelais Alarcón, ciudadano estadounidense y propietario de una agencia aduanal con oficinas en El Paso y una subsidiaria en Ciudad Juárez, recibió una sentencia de 18 meses de prisión tras declararse culpable de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA).
Además, deberá cumplir tres años de libertad supervisada y pagar una multa de 250 mil dólares.
El acuerdo de culpabilidad revela que el esquema giraba alrededor de las inspecciones realizadas por la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), hoy Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), cuya autorización era indispensable para que cada tren con maíz, trigo y otros productos agrícolas pudiera ingresar a México.
Si durante la revisión los inspectores detectaban «suelo» —tierra, polvo u otras impurezas— la dependencia podía impedir temporalmente el ingreso del cargamento, ordenar fumigaciones y aplicar cargos por demora que, en conjunto, superaban los 100 mil dólares por tren, según la investigación federal.
De acuerdo con la Fiscalía, fue precisamente para evitar esos costos que The Scoular Company, una empresa de la cadena de suministro agrícola con sede en Omaha, Nebraska, contrató en 2013 a Alvelais y a sus empresas para gestionar el paso de trenes por los cruces fronterizos de El Paso, Laredo y Eagle Pass.
La investigación sostiene que Scoular recurrió al esquema de corrupción porque, a diferencia de otras compañías del sector agrícola estadounidense, no contaba con la autorización de las autoridades mexicanas para limpiar en México los cargamentos contaminados, por lo que optó por pagar sobornos para evitar inspecciones, sanciones y retrasos en lugar de cumplir con el procedimiento regulatorio.
Para financiar los pagos ilícitos, Alvelais agregaba a las facturas un concepto ficticio denominado «SAGARPA process», con cargos de entre 2 mil y 3 mil dólares por cada embarque. Ese dinero era utilizado para sobornar a funcionarios mexicanos responsables de las inspecciones agrícolas.
El acuerdo de culpabilidad señala que esa cuota era cobrada incluso cuando finalmente no era necesario pagar un soborno, lo que convirtió el mecanismo en una fuente permanente de ingresos para los participantes del esquema.
Los documentos judiciales muestran además que empleados de Scoular autorizaban esos pagos con pleno conocimiento de que parte del dinero sería destinado a funcionarios mexicanos. Las conversaciones sobre los embarques y los sobornos se realizaban habitualmente mediante WhatsApp, utilizando mensajes cifrados para ocultar la naturaleza de las operaciones.
Uno de los intercambios incorporados al expediente ocurrió en agosto de 2015, cuando un empleado de la agencia informó que un tren había sido liberado pese a que las inspecciones habían detectado tierra en la carga y notificó que se aplicaría un cargo adicional de 2 mil dólares por esa gestión.
La investigación sostiene que el esquema comenzó en junio de 2013 y continuó al menos hasta 2023. Ese año, los participantes incorporaron una tercera empresa al mecanismo de pagos para que Scoular dejara de recibir directamente las facturas relacionadas con los sobornos, aunque éstos continuaron realizándose para facilitar el cruce de mercancías hacia México.
En una investigación paralela, el Departamento de Justicia de Estados Unidos alcanzó un acuerdo con The Scoular Company, que aceptó pagar más de 10 millones de dólares para resolver los cargos derivados del esquema de corrupción. Según las autoridades, la empresa autorizó más de 400 mil dólares en sobornos y evitó costos superiores a 6.5 millones de dólares gracias a la liberación de cargamentos que, de otro modo, habrían enfrentado retrasos y sanciones en México.
El Departamento de Justicia reveló además que, sin conocimiento de Scoular, una parte de los sobornos terminó beneficiando a personas vinculadas con un cártel que opera en la frontera entre Estados Unidos y México, un elemento que llevó a los fiscales a considerar el caso no sólo como un acto de corrupción internacional, sino también como un asunto con implicaciones para la seguridad nacional.
La investigación fue realizada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y forma parte de la estrategia del Gobierno estadounidense para perseguir actos de corrupción internacional que involucren a empresas y ciudadanos de ese país.
newsroom@diariousa.com
Diario MX
