La Presidenta Claudia Sheinbaum admitió que los 59 millones de litros de combustible asegurados en Guanajuato, cuyo decomiso fue anunciado como un golpe contra el huachicol, no eran ilegales y que la instalación donde se encontraban contaba con los permisos correspondientes.
A más de un mes del operativo, que fue presentado como uno de los mayores aseguramientos de combustible en el País, la Mandataria reconoció que las irregularidades detectadas estaban relacionadas con el transporte hacia el inmueble y que la empresa involucrada ya las había subsanado.
«Pero en realidad había algunos asuntos ilegales de transporte que estaba entrando al lugar y la empresa resolvió ese tema, pero en general toda la instalación era una instalación que tenía sus permisos», afirmó.
Sheinbaum respondió así al ser cuestionada sobre los resultados de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar si el combustible asegurado en San José Iturbide, Guanajuato, era huachicol.
«No, se hizo la investigación por parte de la Fiscalía, el conocimiento que tenemos es que tendría que informarlo la Fiscalía, con todo detalle», respondió.
El 17 de septiembre, autoridades de Guanajuato anunciaron el aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de combustible en una terminal vinculada con Grupo SIMSA, junto con tanques de almacenamiento, unidades de carga y documentación.
Al día siguiente, el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que el caso se originó con la detención de una pipa el 3 de julio y que las investigaciones habían llevado a las autoridades hasta el inmueble.
La empresa sostuvo desde entonces que sus operaciones eran legales y que contaba con un permiso vigente para almacenar petrolíferos.
El caso fue atraído por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para revisar la documentación y determinar la procedencia del combustible.
El 25 de septiembre, García Harfuch confirmó la destitución de Juan Francisco Vera, delegado de la FGR en Guanajuato, tras detectarse irregularidades en el procedimiento.
El funcionario reconoció que el operativo se había realizado dos semanas antes de que se anunciara públicamente el aseguramiento.
Sheinbaum había señalado entonces que la Fiscalía debía concluir la revisión de los permisos antes de determinar si el combustible era ilegal.
Ahora, la Presidenta afirmó que la empresa resolvió la irregularidad identificada durante las investigaciones.
«Había una ilegalidad y esa la resolvió la empresa», sostuvo.
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La Presidenta Claudia Sheinbaum admitió que los 59 millones de litros de combustible asegurados en Guanajuato, cuyo decomiso fue anunciado como un golpe contra el huachicol, no eran ilegales y que la instalación donde se encontraban contaba con los permisos correspondientes.
A más de un mes del operativo, que fue presentado como uno de los mayores aseguramientos de combustible en el País, la Mandataria reconoció que las irregularidades detectadas estaban relacionadas con el transporte hacia el inmueble y que la empresa involucrada ya las había subsanado.
«Pero en realidad había algunos asuntos ilegales de transporte que estaba entrando al lugar y la empresa resolvió ese tema, pero en general toda la instalación era una instalación que tenía sus permisos», afirmó.
Sheinbaum respondió así al ser cuestionada sobre los resultados de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar si el combustible asegurado en San José Iturbide, Guanajuato, era huachicol.
«No, se hizo la investigación por parte de la Fiscalía, el conocimiento que tenemos es que tendría que informarlo la Fiscalía, con todo detalle», respondió.
El 17 de septiembre, autoridades de Guanajuato anunciaron el aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de combustible en una terminal vinculada con Grupo SIMSA, junto con tanques de almacenamiento, unidades de carga y documentación.
Al día siguiente, el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que el caso se originó con la detención de una pipa el 3 de julio y que las investigaciones habían llevado a las autoridades hasta el inmueble.
La empresa sostuvo desde entonces que sus operaciones eran legales y que contaba con un permiso vigente para almacenar petrolíferos.
El caso fue atraído por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para revisar la documentación y determinar la procedencia del combustible.
El 25 de septiembre, García Harfuch confirmó la destitución de Juan Francisco Vera, delegado de la FGR en Guanajuato, tras detectarse irregularidades en el procedimiento.
El funcionario reconoció que el operativo se había realizado dos semanas antes de que se anunciara públicamente el aseguramiento.
Sheinbaum había señalado entonces que la Fiscalía debía concluir la revisión de los permisos antes de determinar si el combustible era ilegal.
Ahora, la Presidenta afirmó que la empresa resolvió la irregularidad identificada durante las investigaciones.
«Había una ilegalidad y esa la resolvió la empresa», sostuvo.
Diario MX
