La iniciativa de Ley de Economía Digital (LED) busca modernizar el sistema de pagos en el País, facilitar la inclusión financiera y dar a los negocios mayor acceso al crédito, pero su implementación sin garantías de conectividad, capacitación y ciberseguridad podría excluir a sectores vulnerables, advirtió México Evalúa.
El centro de análisis reconoció que la propuesta -también conocida como «ley cero efectivo»- puede impulsar la formalización económica mediante una mayor utilización de pagos electrónicos, aunque alertó sobre deficiencias en su diseño, como los plazos de apenas 15 días hábiles para determinar los sectores obligados a aceptar estos medios y la falta de criterios objetivos para aplicar las nuevas disposiciones.
«La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) queda facultada para determinar los sectores y actividades en los que los medios digitales serán la única forma de pago aceptada. La facultad de la SHCP para determinar sectores estratégicos no está acompañada de criterios metodológicos, indicadores ni condiciones previas verificables en la propia ley», indicó México Evalúa en un análisis publicado este 14 de octubre.
«La ley no especifica qué debe demostrarse -nivel de bancarización, cobertura digital, tamaño de las empresas- antes de que un sector sea designado. Sin estos criterios, la designación queda sujeta a discrecionalidad, con el riesgo de que avance en territorios o segmentos donde las condiciones habilitadoras no están dadas».
El reto, señaló, es avanzar hacia una economía menos dependiente del efectivo sin imponer costos o barreras adicionales a trabajadores informales, comunidades rurales, adultos mayores y pequeños comercios.
«Si la migración forzada avanza antes de que las condiciones estén dadas, los segmentos más vulnerables -trabajadores informales, adultos mayores, comunidades rurales- quedarán excluidos del sistema», alertó el organismo.
«La ley otorga a la SHCP y a las autoridades sectoriales la facultad de imponer el pago digital obligatorio, pero no establece un mecanismo accesible para que personas o comercios puedan reclamar cuando consideren que las condiciones para la transición no están dadas en su territorio o segmento. Sin este recurso, los usuarios en situación de exclusión financiera o territorial no tienen vía formal de defensa», añadió.
De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) citadas por México Evalúa, 85.2 por ciento de los adultos utiliza efectivo en compras menores a 500 pesos y el 73.5 por ciento en operaciones de mayor cuantía. Además, 86 por ciento de los micronegocios cobra en efectivo.
Aunque el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) procesa cerca de 20 millones de operaciones diarias y existen herramientas como CoDi y DiMo, México Evalúa señaló que la adopción digital enfrenta barreras legales y dificultades para incorporar simultáneamente a comercios y consumidores.
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La iniciativa de Ley de Economía Digital (LED) busca modernizar el sistema de pagos en el País, facilitar la inclusión financiera y dar a los negocios mayor acceso al crédito, pero su implementación sin garantías de conectividad, capacitación y ciberseguridad podría excluir a sectores vulnerables, advirtió México Evalúa.
El centro de análisis reconoció que la propuesta -también conocida como «ley cero efectivo»- puede impulsar la formalización económica mediante una mayor utilización de pagos electrónicos, aunque alertó sobre deficiencias en su diseño, como los plazos de apenas 15 días hábiles para determinar los sectores obligados a aceptar estos medios y la falta de criterios objetivos para aplicar las nuevas disposiciones.
«La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) queda facultada para determinar los sectores y actividades en los que los medios digitales serán la única forma de pago aceptada. La facultad de la SHCP para determinar sectores estratégicos no está acompañada de criterios metodológicos, indicadores ni condiciones previas verificables en la propia ley», indicó México Evalúa en un análisis publicado este 14 de octubre.
«La ley no especifica qué debe demostrarse -nivel de bancarización, cobertura digital, tamaño de las empresas- antes de que un sector sea designado. Sin estos criterios, la designación queda sujeta a discrecionalidad, con el riesgo de que avance en territorios o segmentos donde las condiciones habilitadoras no están dadas».
El reto, señaló, es avanzar hacia una economía menos dependiente del efectivo sin imponer costos o barreras adicionales a trabajadores informales, comunidades rurales, adultos mayores y pequeños comercios.
«Si la migración forzada avanza antes de que las condiciones estén dadas, los segmentos más vulnerables -trabajadores informales, adultos mayores, comunidades rurales- quedarán excluidos del sistema», alertó el organismo.
«La ley otorga a la SHCP y a las autoridades sectoriales la facultad de imponer el pago digital obligatorio, pero no establece un mecanismo accesible para que personas o comercios puedan reclamar cuando consideren que las condiciones para la transición no están dadas en su territorio o segmento. Sin este recurso, los usuarios en situación de exclusión financiera o territorial no tienen vía formal de defensa», añadió.
De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) citadas por México Evalúa, 85.2 por ciento de los adultos utiliza efectivo en compras menores a 500 pesos y el 73.5 por ciento en operaciones de mayor cuantía. Además, 86 por ciento de los micronegocios cobra en efectivo.
Aunque el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) procesa cerca de 20 millones de operaciones diarias y existen herramientas como CoDi y DiMo, México Evalúa señaló que la adopción digital enfrenta barreras legales y dificultades para incorporar simultáneamente a comercios y consumidores.
Diario MX
