El diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, reconoció que es necesario reforzar la cooperación entre México y Estados Unidos para combatir el robo y contrabando de combustibles, al advertir la magnitud que ha alcanzado el mercado ilícito de hidrocarburos y su impacto en las finanzas públicas.
Sin citar la acusación desde Estados Unidos de que el Cártel Jalisco Nueva Generación controla en México el huachicol y con ello financia campañas electorales, dijo que el Congreso debe revisar el marco legal para endurecer sanciones y fortalecer los mecanismos de supervisión sobre ductos, aduanas, transporte y puntos de venta de combustibles.
El legislador afirmó que el objetivo es impedir el robo, el desvío y el lavado de recursos derivados del mercado ilegal de hidrocarburos, además de desarticular las redes de corrupción y del crimen organizado que facilitan estas operaciones.
Señaló que en dicho análisis debe considerarse la iniciativa «Stop Fueling Cartel Violence Act», presentada en el Senado de Estados Unidos por los senadores John Cornyn y Jacky Rosen, con la cual se confirma que el huachicol dejó de ser un problema exclusivamente nacional y requiere una estrategia coordinada entre ambos países.
«Dicha iniciativa confirma la dimensión transnacional del problema y refuerza la urgencia de colocar el robo de combustibles en el centro del debate público y legislativo, porque se trata de una actividad que debilita a Pemex, erosiona la recaudación y fortalece a organizaciones criminales que operan con redes de corrupción, empresas fachada y mecanismos de lavado», mencionó el vicecoordinador.
Dijo que México debe responder con cambios legales y administrativos para cerrar los espacios al robo de combustibles, fortalecer las aduanas, combatir la corrupción y mejorar la trazabilidad de los hidrocarburos mediante herramientas como marcadores químicos.
El morenista reconoció que el robo de combustible mantiene una tendencia al alza, en lugar de disminuir.
Recordó que en las estimaciones de Pemex, durante 2024 fueron sustraídos alrededor de 987 millones de litros, casi el triple de los registrados en 2019.
Refirió que la iniciativa estadounidense advierte que entre 16 y 27 por ciento del combustible consumido en México provendría de fuentes ilegales, mientras que las pérdidas para el erario alcanzarían miles de millones de dólares debido al contrabando y la evasión fiscal.
«El combate al robo de combustibles debe asumirse como una prioridad de Estado», sostuvo Ramírez Cuéllar, al argumentar que frenar el huachicol permitirá fortalecer a Pemex, proteger los ingresos públicos y reducir una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado.
Agregó que México debe aprovechar la coincidencia que hay con la iniciativa de Estados Unidos, con el fin de fortalecer sus propias estrategias de combate al huachicol mediante reformas legales y administrativas.
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El diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, reconoció que es necesario reforzar la cooperación entre México y Estados Unidos para combatir el robo y contrabando de combustibles, al advertir la magnitud que ha alcanzado el mercado ilícito de hidrocarburos y su impacto en las finanzas públicas.
Sin citar la acusación desde Estados Unidos de que el Cártel Jalisco Nueva Generación controla en México el huachicol y con ello financia campañas electorales, dijo que el Congreso debe revisar el marco legal para endurecer sanciones y fortalecer los mecanismos de supervisión sobre ductos, aduanas, transporte y puntos de venta de combustibles.
El legislador afirmó que el objetivo es impedir el robo, el desvío y el lavado de recursos derivados del mercado ilegal de hidrocarburos, además de desarticular las redes de corrupción y del crimen organizado que facilitan estas operaciones.
Señaló que en dicho análisis debe considerarse la iniciativa «Stop Fueling Cartel Violence Act», presentada en el Senado de Estados Unidos por los senadores John Cornyn y Jacky Rosen, con la cual se confirma que el huachicol dejó de ser un problema exclusivamente nacional y requiere una estrategia coordinada entre ambos países.
«Dicha iniciativa confirma la dimensión transnacional del problema y refuerza la urgencia de colocar el robo de combustibles en el centro del debate público y legislativo, porque se trata de una actividad que debilita a Pemex, erosiona la recaudación y fortalece a organizaciones criminales que operan con redes de corrupción, empresas fachada y mecanismos de lavado», mencionó el vicecoordinador.
Dijo que México debe responder con cambios legales y administrativos para cerrar los espacios al robo de combustibles, fortalecer las aduanas, combatir la corrupción y mejorar la trazabilidad de los hidrocarburos mediante herramientas como marcadores químicos.
El morenista reconoció que el robo de combustible mantiene una tendencia al alza, en lugar de disminuir.
Recordó que en las estimaciones de Pemex, durante 2024 fueron sustraídos alrededor de 987 millones de litros, casi el triple de los registrados en 2019.
Refirió que la iniciativa estadounidense advierte que entre 16 y 27 por ciento del combustible consumido en México provendría de fuentes ilegales, mientras que las pérdidas para el erario alcanzarían miles de millones de dólares debido al contrabando y la evasión fiscal.
«El combate al robo de combustibles debe asumirse como una prioridad de Estado», sostuvo Ramírez Cuéllar, al argumentar que frenar el huachicol permitirá fortalecer a Pemex, proteger los ingresos públicos y reducir una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado.
Agregó que México debe aprovechar la coincidencia que hay con la iniciativa de Estados Unidos, con el fin de fortalecer sus propias estrategias de combate al huachicol mediante reformas legales y administrativas.
Diario MX
