Hay cifras que obligan a mirar de frente. En Ciudad Juárez, durante el primer trimestre de 2026, se registraron 31 víctimas de tortura. El dato coloca a la ciudad entre las de mayor incidencia en el país y abre un cuestionamiento directo sobre cómo se está ejerciendo la seguridad en esta frontera.
La tortura es una violación grave a los derechos humanos, tipificada en la ley y sancionada con penas de hasta 20 años de prisión. Implica causar dolor físico o psicológico con fines de obtener información, castigar o intimidar. En Juárez, además de las víctimas, hay 20 carpetas de investigación abiertas en ese mismo periodo, con un incremento marcado hacia marzo.
Las cifras muestran una tendencia al alza. Siete casos en enero, cinco en febrero y doce en marzo. El crecimiento exige revisar lo que ocurre dentro de las instituciones encargadas de investigar y garantizar justicia. La seguridad no puede sostenerse si en su ejercicio se vulneran derechos fundamentales.
En este escenario, la responsabilidad alcanza a los tres órdenes de gobierno. La prevención, la vigilancia y la sanción requieren coordinación efectiva. Las acciones en territorio deben acompañarse de mecanismos sólidos de control interno y supervisión.
La denuncia es clave. Visibilizar estos hechos permite activar procesos legales y fortalecer la rendición de cuentas. En Ciudad Juárez, el reto en materia de seguridad sigue abierto, y atenderlo implica garantizar que la justicia se aplique con apego a la ley y respeto a los derechos humanos.
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Hay cifras que obligan a mirar de frente. En Ciudad Juárez, durante el primer trimestre de 2026, se registraron 31 víctimas de tortura. El dato coloca a la ciudad entre las de mayor incidencia en el país y abre un cuestionamiento directo sobre cómo se está ejerciendo la seguridad en esta frontera.
La tortura es una violación grave a los derechos humanos, tipificada en la ley y sancionada con penas de hasta 20 años de prisión. Implica causar dolor físico o psicológico con fines de obtener información, castigar o intimidar. En Juárez, además de las víctimas, hay 20 carpetas de investigación abiertas en ese mismo periodo, con un incremento marcado hacia marzo.
Las cifras muestran una tendencia al alza. Siete casos en enero, cinco en febrero y doce en marzo. El crecimiento exige revisar lo que ocurre dentro de las instituciones encargadas de investigar y garantizar justicia. La seguridad no puede sostenerse si en su ejercicio se vulneran derechos fundamentales.
En este escenario, la responsabilidad alcanza a los tres órdenes de gobierno. La prevención, la vigilancia y la sanción requieren coordinación efectiva. Las acciones en territorio deben acompañarse de mecanismos sólidos de control interno y supervisión.
La denuncia es clave. Visibilizar estos hechos permite activar procesos legales y fortalecer la rendición de cuentas. En Ciudad Juárez, el reto en materia de seguridad sigue abierto, y atenderlo implica garantizar que la justicia se aplique con apego a la ley y respeto a los derechos humanos.
Diario MX
