Jalisco, México.- Diputados de Oposición advirtieron que la acción penal contra los dueños Portacelis Gas and Oil, una empresa de Tabasco vinculada con Jorge Amílcar Olán, amigo de Andrés Manuel López Beltrán, es la confirmación del tráfico de influencias en el Gobierno pasado y de la creación de una red criminal para traficar combustible.
REFORMA publicó que la Secretaría de Hacienda pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer la acción penal por delitos fiscales contra los dueños Portacelis, a la cual se le imputan operaciones de huachicol fiscal que ocasionaron un daño al fisco por más de 834 millones de pesos.
Su administrador único fue Juan Carlos de la Cruz Murillo, el operador de confianza de Jorge Amílcar Olán, amigo de «Andy» López Beltrán.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez, dijo que la petición de acción penal comprueba que sí se investiga la participación de López Beltrán en dichos negocios ilícitos.
«Se demuestra que de todas las redes de huachicol fiscal, en el SAT han investigado también una que se opera directamente desde Tabasco y por medio del principal señalado por ser prestanombres de Andy, lo que indica que el SAT tiene pleno conocimiento de esas redes desde hace varios meses.
«Se da cuenta de que la Secretaría de Hacienda pidió a la FGR el ejercicio de acción penal, lo que ya habría sucedido con otros casos asociados al mismo agente aduanal, como es el caso de Ernesto Ruffo«, destacó.
Resaltó que ello es una muestra «incontestable» del doble rasero de la Fiscalía y habla de una tensión importante dentro del Gobierno mismo.
«En el Gobierno cada vez es más difícil mantener la solidez de las redes de complicidad. Hay un trato claramente diferenciado, pero que cada vez permanece menos en las sombras», opinó.
Marcelo Torres, diputado por el PAN, subrayó que la denuncia por los 834 millones de pesos por huachicol fiscal contra una empresa ligada a Olán no es un hecho aislado.
«Es una prueba irrefutable del tráfico de influencias que está operando o que ha operado desde el círculo del poder, porque Amílcar Olán no es un empresario cualquiera, es el prestanombre y operador logístico de los hijos del ex Presidente (Andrés Manuel) López Obrador, particularmente de Andrés Manuel López Beltrán, el famoso ‘Andy'», aseveró.
Consideró que no hay «errores de cálculo», sino que el hecho representa un «robo descarado» desde el Gobierno a plena luz del día.
«El verdadero rostro de la austeridad resultó ser una red de contrabandistas, que usó las aduanas como su caja chica familiar.
«Estos delincuentes se llenaron la boca hablando de moralidad, mientras los amigos de la familia presidencial metían trenes enteros de combustible robados al país, haciendo, claro, negocios multimillonarios al amparo del nepotismo», señaló.
Agregó que no solo hubo un desfalco con contratos en el abastecimiento ni en la compra del balastro del Tren Maya, sino que también se está confirmando el contrabando de hidrocarburos entre los allegados de López Beltrán.
«Ahora, que no nos vengan ahora con la farsa de entregar a 2 o 3 ejecutivos de paja para tapar las espaldas a los verdaderos beneficiarios, porque a la Fiscalía General de la República se lo digo de frente, o meten en la cárcel a los articuladores de esta red, tengan el apellido que tengan, o confirman que la justicia en México es selectiva y que está secuestrada para garantizar la impunidad a los hijos del poder, así de claro», sostuvo el diputado de Acción Nacional.
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[#content_wordai] Jalisco, México.- Diputados de Oposición advirtieron que la acción penal contra los dueños Portacelis Gas and Oil, una empresa de Tabasco vinculada con Jorge Amílcar Olán, amigo de Andrés Manuel López Beltrán, es la confirmación del tráfico de influencias en el Gobierno pasado y de la creación de una red criminal para traficar combustible.
REFORMA publicó que la Secretaría de Hacienda pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) ejercer la acción penal por delitos fiscales contra los dueños Portacelis, a la cual se le imputan operaciones de huachicol fiscal que ocasionaron un daño al fisco por más de 834 millones de pesos.
Su administrador único fue Juan Carlos de la Cruz Murillo, el operador de confianza de Jorge Amílcar Olán, amigo de «Andy» López Beltrán.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez, dijo que la petición de acción penal comprueba que sí se investiga la participación de López Beltrán en dichos negocios ilícitos.
«Se demuestra que de todas las redes de huachicol fiscal, en el SAT han investigado también una que se opera directamente desde Tabasco y por medio del principal señalado por ser prestanombres de Andy, lo que indica que el SAT tiene pleno conocimiento de esas redes desde hace varios meses.
«Se da cuenta de que la Secretaría de Hacienda pidió a la FGR el ejercicio de acción penal, lo que ya habría sucedido con otros casos asociados al mismo agente aduanal, como es el caso de Ernesto Ruffo«, destacó.
Resaltó que ello es una muestra «incontestable» del doble rasero de la Fiscalía y habla de una tensión importante dentro del Gobierno mismo.
«En el Gobierno cada vez es más difícil mantener la solidez de las redes de complicidad. Hay un trato claramente diferenciado, pero que cada vez permanece menos en las sombras», opinó.
Marcelo Torres, diputado por el PAN, subrayó que la denuncia por los 834 millones de pesos por huachicol fiscal contra una empresa ligada a Olán no es un hecho aislado.
«Es una prueba irrefutable del tráfico de influencias que está operando o que ha operado desde el círculo del poder, porque Amílcar Olán no es un empresario cualquiera, es el prestanombre y operador logístico de los hijos del ex Presidente (Andrés Manuel) López Obrador, particularmente de Andrés Manuel López Beltrán, el famoso ‘Andy'», aseveró.
Consideró que no hay «errores de cálculo», sino que el hecho representa un «robo descarado» desde el Gobierno a plena luz del día.
«El verdadero rostro de la austeridad resultó ser una red de contrabandistas, que usó las aduanas como su caja chica familiar.
«Estos delincuentes se llenaron la boca hablando de moralidad, mientras los amigos de la familia presidencial metían trenes enteros de combustible robados al país, haciendo, claro, negocios multimillonarios al amparo del nepotismo», señaló.
Agregó que no solo hubo un desfalco con contratos en el abastecimiento ni en la compra del balastro del Tren Maya, sino que también se está confirmando el contrabando de hidrocarburos entre los allegados de López Beltrán.
«Ahora, que no nos vengan ahora con la farsa de entregar a 2 o 3 ejecutivos de paja para tapar las espaldas a los verdaderos beneficiarios, porque a la Fiscalía General de la República se lo digo de frente, o meten en la cárcel a los articuladores de esta red, tengan el apellido que tengan, o confirman que la justicia en México es selectiva y que está secuestrada para garantizar la impunidad a los hijos del poder, así de claro», sostuvo el diputado de Acción Nacional.
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