La Fiscalía paraguaya imputó al ex Presidente Santiago Peña por los cargos de lesión de confianza y administración en derecho propio, y solicitó su prisión preventiva, poco después de haber sido destituido por el Congreso en un juicio político tras el colapso de un banco digital que sacudió la institucionalidad en el país.
También fue imputado el ex jefe del Banco Central, Carlos Carvallo, por los cargos de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en derecho propio.
Los fiscales señalaron que Peña debería cumplir prisión preventiva en un lugar determinado por el tribunal, si el juez así lo ordena.
Los abogados de Peña y Carvallo no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters.
La fiscalía alega que Peña utilizó su cargo de Presidente para influir en las decisiones de organismos gubernamentales y entidades estatales, permitiendo que grandes cantidades de dinero público permanecieran depositadas en el intervenido banco Ueno, a pesar de mantener vínculos financieros con la entidad.
Afirman que dicha relación generó un conflicto de intereses, ya que Peña presuntamente alentó, facilitó o influyó en decisiones que beneficiaban al banco.
Peña llegó a la audiencia el sábado en la mañana luego de haber pasado la noche en una unidad militar a la que fue trasladado por motivos de seguridad desde su domicilio en Asunción, donde manifestantes que exigían su reclusión se enfrentaron con la policía.
«Existe la sospecha de la comisión de estos hechos punibles (…) estamos empezando una investigación», dijo la fiscal de delitos económicos, Nancy Salomón a la prensa.
Según la fiscalía, cada uno de los dos cargos que enfrenta Peña podría conllevar una pena de hasta 10 años de prisión.
La destitución de Peña llevó al poder al Vicepresidente Pedro Alliana, un veterano político del gobernante Partido Colorado, quien prestó juramento el viernes para completar el mandato de Peña hasta agosto de 2028.
Los legisladores que respaldaron el juicio político contra Peña lo acusaron de incurrir en conflictos de intereses, manipular la supervisión regulatoria y participar en un encubrimiento institucional que involucra al Banco Central.
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La Fiscalía paraguaya imputó al ex Presidente Santiago Peña por los cargos de lesión de confianza y administración en derecho propio, y solicitó su prisión preventiva, poco después de haber sido destituido por el Congreso en un juicio político tras el colapso de un banco digital que sacudió la institucionalidad en el país.
También fue imputado el ex jefe del Banco Central, Carlos Carvallo, por los cargos de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en derecho propio.
Los fiscales señalaron que Peña debería cumplir prisión preventiva en un lugar determinado por el tribunal, si el juez así lo ordena.
Los abogados de Peña y Carvallo no respondieron inmediatamente a una solicitud de comentarios de Reuters.
La fiscalía alega que Peña utilizó su cargo de Presidente para influir en las decisiones de organismos gubernamentales y entidades estatales, permitiendo que grandes cantidades de dinero público permanecieran depositadas en el intervenido banco Ueno, a pesar de mantener vínculos financieros con la entidad.
Afirman que dicha relación generó un conflicto de intereses, ya que Peña presuntamente alentó, facilitó o influyó en decisiones que beneficiaban al banco.
Peña llegó a la audiencia el sábado en la mañana luego de haber pasado la noche en una unidad militar a la que fue trasladado por motivos de seguridad desde su domicilio en Asunción, donde manifestantes que exigían su reclusión se enfrentaron con la policía.
«Existe la sospecha de la comisión de estos hechos punibles (…) estamos empezando una investigación», dijo la fiscal de delitos económicos, Nancy Salomón a la prensa.
Según la fiscalía, cada uno de los dos cargos que enfrenta Peña podría conllevar una pena de hasta 10 años de prisión.
La destitución de Peña llevó al poder al Vicepresidente Pedro Alliana, un veterano político del gobernante Partido Colorado, quien prestó juramento el viernes para completar el mandato de Peña hasta agosto de 2028.
Los legisladores que respaldaron el juicio político contra Peña lo acusaron de incurrir en conflictos de intereses, manipular la supervisión regulatoria y participar en un encubrimiento institucional que involucra al Banco Central.
Diario MX
