Tres estados republicanos recurrieron hoy a la Corte Suprema de Estados Unidos para impugnar las «leyes escudo» sobre el aborto que protegen a proveedores en tres estados demócratas, lo que intensifica el conflicto legal por las píldoras que representan la mayoría de los tratamientos para la interrupción del embarazo.
Los fiscales generales de Alabama, Arkansas y Luisiana sostienen que las leyes de California, Massachusetts y Nueva York socavan sus prohibiciones del aborto y la soberanía de sus estados.
Las regulaciones federales permiten que las recetas de píldoras abortivas se emitan mediante telesalud y se surtan por correo postal, y los tres estados gobernados por republicanos quieren mantener las píldoras fuera y castigar a proveedores de otros estados por enviarlas.
«Esta es la primera vez que vemos a un estado o a un grupo de estados demandar a otros estados para cuestionar la validez de las leyes escudo», señaló Mary Ziegler, profesora de derecho de la Universidad de California en Davis y autora de siete libros sobre la legislación y la historia del aborto.
La Corte Suprema puede conocer directamente de disputas entre estados, aunque rara vez lo hace.
Si el máximo tribunal interviene, podría dejar sin efecto demandas ya existentes.
Luisiana y activistas antiaborto se han mostrado frustrados por la falta de acción federal del Gobierno del Presidente Donald Trump contra el aborto con medicamentos.
La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, demandó a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) por sus normas que permiten recetas por correo. La Corte Suprema mantuvo en mayo el acceso a los medicamentos abortivos mientras ese caso sigue su curso.
El procurador de Alabama, Steve Marshall, declaró durante una conferencia de prensa junto con Murrill y su colega de Arkansas, Tim Griffin: «Necesitamos y merecemos la oportunidad de hacer cumplir nuestras leyes contra quienes han optado, pese a saber que es ilegal, por seguir fomentando el aborto en nuestro estado».
Trece estados prohíben el aborto en todas las etapas del embarazo, algo que la Corte Suprema permitió al anular en 2022 el fallo Roe vs. Wade de 1978 que declaró constitucional el derecho de abortar.
La mayoría de los estados controlados por demócratas adoptaron protecciones al aborto, incluidos ocho con leyes destinadas a proteger a proveedores que recetan píldoras abortivas a pacientes en estados con prohibiciones.
Luisiana y Texas han impulsado cargos penales y demandas civiles contra médicos radicados en Nueva York y California. Funcionarios de California y Nueva York se han negado a cooperar, citando sus leyes escudo.
«Luisiana, Alabama y Arkansas le están pidiendo a la Corte Suprema que les permita imponer sus prohibiciones del aborto a Nueva York y castigar a nuestros médicos por brindar atención médica legal», comentó la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un comunicado.
Ziegler indicó que Alabama, Arkansas y Luisiana tendrían un caso más sólido si primero hubieran intentado que el máximo tribunal de uno de los otros tres estados obligara a sus funcionarios a cooperar.
También afirmó que el momento de la demanda es extraño: seis semanas antes de las elecciones de mitad de mandato, en noviembre, que podrían resultar difíciles para el Partido Republicano.
«Esto puede ser un ejemplo de que los incentivos políticos no son los mismos para los republicanos a nivel estatal que para los republicanos a nivel federal», explicó.
«Si te postulas en una contienda reñida, llamar la atención sobre el aborto no es una gran idea, pero si eres fiscal general de Luisiana, en realidad no estás en esa situación».
Pero Rachel Rebouche, profesora de derecho de la Universidad de Texas, dijo que demandar a otros estados ha sido una estrategia legal potencial para estados gobernados por republicanos desde que se promulgaron las primeras leyes escudo.
«Que haya tardado tanto es bastante notable», comentó.
Incluso antes de que se anulara el fallo Roe vs. Wade, las píldoras abortivas eran el medio más común para interrumpir embarazos en Estados Unidos, y la telesalud hace que el aborto esté disponible incluso donde está prohibido.
Los tres fiscales generales republicanos dijeron que cientos de pacientes en sus estados usan píldoras para terminar embarazos cada mes.
También Alabama, Arkansas y Luisiana presentaron una demanda contra 30 proveedores de píldoras abortivas de otros estados y sus directivos, acusándolos de publicidad engañosa y otras conductas indebidas que perjudican a pacientes en estados con prohibiciones del aborto.
Científicos de la FDA han determinado repetidamente que el tratamiento es inocuo y eficaz, aunque la agencia ahora está revisando sus normas.
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Tres estados republicanos recurrieron hoy a la Corte Suprema de Estados Unidos para impugnar las «leyes escudo» sobre el aborto que protegen a proveedores en tres estados demócratas, lo que intensifica el conflicto legal por las píldoras que representan la mayoría de los tratamientos para la interrupción del embarazo.
Los fiscales generales de Alabama, Arkansas y Luisiana sostienen que las leyes de California, Massachusetts y Nueva York socavan sus prohibiciones del aborto y la soberanía de sus estados.
Las regulaciones federales permiten que las recetas de píldoras abortivas se emitan mediante telesalud y se surtan por correo postal, y los tres estados gobernados por republicanos quieren mantener las píldoras fuera y castigar a proveedores de otros estados por enviarlas.
«Esta es la primera vez que vemos a un estado o a un grupo de estados demandar a otros estados para cuestionar la validez de las leyes escudo», señaló Mary Ziegler, profesora de derecho de la Universidad de California en Davis y autora de siete libros sobre la legislación y la historia del aborto.
La Corte Suprema puede conocer directamente de disputas entre estados, aunque rara vez lo hace.
Si el máximo tribunal interviene, podría dejar sin efecto demandas ya existentes.
Luisiana y activistas antiaborto se han mostrado frustrados por la falta de acción federal del Gobierno del Presidente Donald Trump contra el aborto con medicamentos.
La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, demandó a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) por sus normas que permiten recetas por correo. La Corte Suprema mantuvo en mayo el acceso a los medicamentos abortivos mientras ese caso sigue su curso.
El procurador de Alabama, Steve Marshall, declaró durante una conferencia de prensa junto con Murrill y su colega de Arkansas, Tim Griffin: «Necesitamos y merecemos la oportunidad de hacer cumplir nuestras leyes contra quienes han optado, pese a saber que es ilegal, por seguir fomentando el aborto en nuestro estado».
Trece estados prohíben el aborto en todas las etapas del embarazo, algo que la Corte Suprema permitió al anular en 2022 el fallo Roe vs. Wade de 1978 que declaró constitucional el derecho de abortar.
La mayoría de los estados controlados por demócratas adoptaron protecciones al aborto, incluidos ocho con leyes destinadas a proteger a proveedores que recetan píldoras abortivas a pacientes en estados con prohibiciones.
Luisiana y Texas han impulsado cargos penales y demandas civiles contra médicos radicados en Nueva York y California. Funcionarios de California y Nueva York se han negado a cooperar, citando sus leyes escudo.
«Luisiana, Alabama y Arkansas le están pidiendo a la Corte Suprema que les permita imponer sus prohibiciones del aborto a Nueva York y castigar a nuestros médicos por brindar atención médica legal», comentó la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un comunicado.
Ziegler indicó que Alabama, Arkansas y Luisiana tendrían un caso más sólido si primero hubieran intentado que el máximo tribunal de uno de los otros tres estados obligara a sus funcionarios a cooperar.
También afirmó que el momento de la demanda es extraño: seis semanas antes de las elecciones de mitad de mandato, en noviembre, que podrían resultar difíciles para el Partido Republicano.
«Esto puede ser un ejemplo de que los incentivos políticos no son los mismos para los republicanos a nivel estatal que para los republicanos a nivel federal», explicó.
«Si te postulas en una contienda reñida, llamar la atención sobre el aborto no es una gran idea, pero si eres fiscal general de Luisiana, en realidad no estás en esa situación».
Pero Rachel Rebouche, profesora de derecho de la Universidad de Texas, dijo que demandar a otros estados ha sido una estrategia legal potencial para estados gobernados por republicanos desde que se promulgaron las primeras leyes escudo.
«Que haya tardado tanto es bastante notable», comentó.
Incluso antes de que se anulara el fallo Roe vs. Wade, las píldoras abortivas eran el medio más común para interrumpir embarazos en Estados Unidos, y la telesalud hace que el aborto esté disponible incluso donde está prohibido.
Los tres fiscales generales republicanos dijeron que cientos de pacientes en sus estados usan píldoras para terminar embarazos cada mes.
También Alabama, Arkansas y Luisiana presentaron una demanda contra 30 proveedores de píldoras abortivas de otros estados y sus directivos, acusándolos de publicidad engañosa y otras conductas indebidas que perjudican a pacientes en estados con prohibiciones del aborto.
Científicos de la FDA han determinado repetidamente que el tratamiento es inocuo y eficaz, aunque la agencia ahora está revisando sus normas.
Diario MX
