Tenía que haber un error, recordó que les dijo Martin Padilla a los agentes de inmigración.
Inspector en la industria del petróleo y el gas, estaba a punto de volar a Sacramento, California, por trabajo cuando los agentes lo detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Corpus Christi, Texas, el pasado agosto. Detenido en el escáner de rayos X de seguridad, les dijo que tenía estatus DACA, en referencia al programa de la era Obama diseñado para proteger a los inmigrantes traídos ilegalmente a Estados Unidos de niños. Su tarjeta DACA, dijo, estaba en su billetera.
No importó.
Pocas horas después del encuentro del 5 de agosto, Padilla había sido detenido. Días después fue deportado a su México natal, dejando atrás a su esposa estadounidense, sus tres hijos y la nueva casa de la familia.
Padilla, de 35 años, es uno de los aproximadamente 500 mil personas inscritas en el programa DACA —Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, por sus siglas en inglés—, que se supone debe protegerlos de la deportación y permitirles trabajar legalmente. Y es uno de las decenas de beneficiarios del DACA que han sido expulsados del país por la administración Trump.
El rápido esfuerzo por deportar a Padilla subraya el precario estado de muchas protecciones migratorias bajo el presidente Donald Trump, quien busca cumplir su promesa de deportar a millones de personas y transformar el sistema migratorio del país.
El Gobierno federal ha prácticamente eliminado el reasentamiento de refugiados. El sistema para evaluar las solicitudes de asilo ha sido llevado a un virtual punto muerto. Y la Corte Suprema pronto decidirá si la administración Trump puede eliminar el Estatus de Protección Temporal para más de un millón de personas provenientes de algunas de las naciones más convulsionadas del mundo.
Los abogados de Padilla impugnaron su deportación, argumentando en una presentación ante un tribunal federal que se habían violado sus derechos al debido proceso. Después de siete meses, a Padilla se le permitió regresar a Estados Unidos.
“Mi enfoque es volver al trabajo y proveer para mi familia”, dijo en una entrevista.
De vuelta en Estados Unidos…
pero aún en peligro
Pero Padilla está lejos de encontrarse fuera de peligro. Existe una orden de deportación pendiente que fue emitida contra su familia cuando era niño. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que esa orden fue una base para su detención el año pasado, aunque el DACA estaba destinado a protegerlo. Y la agencia también citó dos cargos por manejar en estado de ebriedad en los últimos 14 años, que pueden ser considerados por las autoridades de inmigración aunque ninguno haya llevado a una condena penal.
Con la administración Trump trabajando para debilitar una amplia gama de protecciones, los beneficiarios del DACA se están dando cuenta de que el programa, nacido del apoyo bipartidista para una generación de jóvenes inmigrantes, ya no es el escudo confiable que pareció ser durante la mayor parte de las últimas dos décadas.
La experiencia de Padilla deja en claro cuánto ha cambiado y cuán incierto puede ser el futuro para las medio millón de personas que actualmente tienen DACA.
Desde que Trump asumió el cargo el año pasado, 650 beneficiarios del DACA han sido detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y casi el 90% de las personas arrestadas habían sido previamente acusadas o condenadas por un delito en Estados Unidos, según el Departamento de Seguridad Nacional. Los abogados sostienen que la administración Trump está recurriendo a infracciones menores y órdenes de deportación de hace décadas para justificar la detención y expulsión de un grupo protegido.
Ni Padilla ni su abogada recibieron una explicación oficial de su deportación, dijeron.
“Parece tan arbitrario que hayan decidido detenerlo”, dijo su abogada, Danielle Claffey. “El propósito completo de la acción diferida es diferir la deportación de alguien, incluso si tiene una orden de deportación”.
Tildados de ‘criminales’
En respuesta a una consulta de The New York Times, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que Padilla era un “criminal”, citando dos cargos por manejar en estado de ebriedad y una orden de deportación de 2003, cuando tenía 12 años. Los registros muestran que un cargo por manejar en estado de ebriedad en 2012 fue desestimado. Una declaración de culpabilidad en 2023 por otro cargo similar fue archivada por un juez sin condena.
El caso que impugnaba su deportación nunca llegó a una audiencia judicial, dijo Claffey, porque el Departamento de Seguridad Nacional optó por resolver el asunto facilitando el regreso de Padilla.
Creado por la administración Obama en 2012, el DACA fue concebido como una medida provisional hasta que el Congreso pudiera aprobar una legislación, conocida como la Ley DREAM, para proporcionar estatus legal a una generación de jóvenes inmigrantes traídos a Estados Unidos sin que fuera su elección.
Para muchos de los llamados dreamers, Estados Unidos es el único hogar que han conocido. El ex presidente Barack Obama los describió como “estadounidenses en todo sentido salvo en el papel”. El DACA les permitió obtener licencias de conducir, pagar colegiaturas universitarias de residentes estatales y construir carreras. Muchos tienen ahora más de 30 años.
En una carta a los senadores demócratas en febrero, Kristi Noem, entonces secretaria de Seguridad Nacional, justificó el arresto y deportación de beneficiarios del DACA argumentando que el programa “no conlleva ningún derecho ni prerrogativa de permanecer indefinidamente en Estados Unidos”.
En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que cualquier persona cubierta por el DACA “puede estar sujeta a arresto y deportación por varias razones, incluyendo si ha cometido un delito”.
El mes pasado, la Junta de Apelaciones de Inmigración, que forma parte del Departamento de Justicia y supervisa los tribunales de inmigración, dictaminó que el estatus DACA no impide que sus beneficiarios sean deportados.
Miedo e incertidumbre
La decisión profundizó el miedo y la incertidumbre que se apoderan de los dreamers.
Muchos ya enfrentaban retrasos en la renovación de su estatus “diferido” y la autorización de empleo que lo acompaña. Históricamente, estas renovaciones, requeridas cada dos años, han tardado semanas en procesarse. Pero las esperas de meses se han vuelto comunes, y eso está costándoles a algunos beneficiarios su sustento. Abogados y grupos de defensa reportan una avalancha de llamadas de enfermeras, maestros y otros trabajadores en pánico que han sido expulsados de sus empleos.
Si bien un permiso de trabajo vencido puede significar una carrera en pausa y pérdida de ingresos, para beneficiarios del DACA como Padilla, el enfoque de la administración Trump significó una expulsión repentina.
En las primeras horas del 18 de agosto, estaba en la pista de un aeropuerto en Harlingen, Texas, un centro de deportaciones. Encadenado por la cintura, las muñecas y los tobillos, intentó una vez más exponer su caso. Su DACA estaba vigente, le dijo a las personas que lo transportaban, sin resultado.
“Fue como, Dios mío, he estado aquí toda mi vida, tengo una casa, tengo una esposa ciudadana estadounidense y tres hijos nacidos en Estados Unidos”, recordó haber pensado mientras subía a trompicones las escaleras del avión.
Aterrizó en el sureste de México desorientado, como un extraño en el país de su nacimiento. Su esposa le envió dinero y voló hacia el norte hasta Reynosa, frente a McAllen, Texas, para estar más cerca de su familia.
Sin importar los intentos
de regularización
Padilla y su esposa, Cynthia, están casados desde 2015. Pero no fue sino hasta junio de 2024 que ella comenzó a tramitar los papeles para patrocinarlo para una tarjeta de residencia permanente, un proceso que puede tomar años.
Mientras su abogada trabajaba para que regresara a Estados Unidos, Padilla encontró trabajo en una planta de manufactura de propiedad estadounidense.
Su esposa cerró su casa cerca de Corpus Christi y se fue a vivir con familiares cerca de McAllen. La reubicación les permitió a ella y a sus hijos, de 10, 7 y 4 años, cruzar la frontera los fines de semana para visitar a Padilla. La menor, una niña, lloraba cada vez que se despedía de su padre.
La abogada de Padilla presentó una queja en un tribunal federal en diciembre. Antes de que el juez resolviera, los abogados del gobierno acordaron en febrero readmitir a Padilla en Estados Unidos. Una semana después, un funcionario del ICE envió un correo electrónico a Claffey diciéndole que Padilla sería detenido a su llegada. Esto generó varias semanas más de incertidumbre, hasta que el ICE acordó no detenerlo de inmediato.
El 24 de abril, Padilla fue admitido por el puerto de entrada de Brownsville, Texas.
Él y su esposa saben que su odisea migratoria no habrá terminado verdaderamente hasta que tenga una tarjeta de residencia permanente.
“Todo lo que quiero es arreglar su estatus”, dijo Padilla. “Es un gran esposo, padre y trabajador”.
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Tenía que haber un error, recordó que les dijo Martin Padilla a los agentes de inmigración.
Inspector en la industria del petróleo y el gas, estaba a punto de volar a Sacramento, California, por trabajo cuando los agentes lo detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Corpus Christi, Texas, el pasado agosto. Detenido en el escáner de rayos X de seguridad, les dijo que tenía estatus DACA, en referencia al programa de la era Obama diseñado para proteger a los inmigrantes traídos ilegalmente a Estados Unidos de niños. Su tarjeta DACA, dijo, estaba en su billetera.
No importó.
Pocas horas después del encuentro del 5 de agosto, Padilla había sido detenido. Días después fue deportado a su México natal, dejando atrás a su esposa estadounidense, sus tres hijos y la nueva casa de la familia.
Padilla, de 35 años, es uno de los aproximadamente 500 mil personas inscritas en el programa DACA —Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, por sus siglas en inglés—, que se supone debe protegerlos de la deportación y permitirles trabajar legalmente. Y es uno de las decenas de beneficiarios del DACA que han sido expulsados del país por la administración Trump.
El rápido esfuerzo por deportar a Padilla subraya el precario estado de muchas protecciones migratorias bajo el presidente Donald Trump, quien busca cumplir su promesa de deportar a millones de personas y transformar el sistema migratorio del país.
El Gobierno federal ha prácticamente eliminado el reasentamiento de refugiados. El sistema para evaluar las solicitudes de asilo ha sido llevado a un virtual punto muerto. Y la Corte Suprema pronto decidirá si la administración Trump puede eliminar el Estatus de Protección Temporal para más de un millón de personas provenientes de algunas de las naciones más convulsionadas del mundo.
Los abogados de Padilla impugnaron su deportación, argumentando en una presentación ante un tribunal federal que se habían violado sus derechos al debido proceso. Después de siete meses, a Padilla se le permitió regresar a Estados Unidos.
“Mi enfoque es volver al trabajo y proveer para mi familia”, dijo en una entrevista.
De vuelta en Estados Unidos…
pero aún en peligro
Pero Padilla está lejos de encontrarse fuera de peligro. Existe una orden de deportación pendiente que fue emitida contra su familia cuando era niño. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que esa orden fue una base para su detención el año pasado, aunque el DACA estaba destinado a protegerlo. Y la agencia también citó dos cargos por manejar en estado de ebriedad en los últimos 14 años, que pueden ser considerados por las autoridades de inmigración aunque ninguno haya llevado a una condena penal.
Con la administración Trump trabajando para debilitar una amplia gama de protecciones, los beneficiarios del DACA se están dando cuenta de que el programa, nacido del apoyo bipartidista para una generación de jóvenes inmigrantes, ya no es el escudo confiable que pareció ser durante la mayor parte de las últimas dos décadas.
La experiencia de Padilla deja en claro cuánto ha cambiado y cuán incierto puede ser el futuro para las medio millón de personas que actualmente tienen DACA.
Desde que Trump asumió el cargo el año pasado, 650 beneficiarios del DACA han sido detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y casi el 90% de las personas arrestadas habían sido previamente acusadas o condenadas por un delito en Estados Unidos, según el Departamento de Seguridad Nacional. Los abogados sostienen que la administración Trump está recurriendo a infracciones menores y órdenes de deportación de hace décadas para justificar la detención y expulsión de un grupo protegido.
Ni Padilla ni su abogada recibieron una explicación oficial de su deportación, dijeron.
“Parece tan arbitrario que hayan decidido detenerlo”, dijo su abogada, Danielle Claffey. “El propósito completo de la acción diferida es diferir la deportación de alguien, incluso si tiene una orden de deportación”.
Tildados de ‘criminales’
En respuesta a una consulta de The New York Times, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que Padilla era un “criminal”, citando dos cargos por manejar en estado de ebriedad y una orden de deportación de 2003, cuando tenía 12 años. Los registros muestran que un cargo por manejar en estado de ebriedad en 2012 fue desestimado. Una declaración de culpabilidad en 2023 por otro cargo similar fue archivada por un juez sin condena.
El caso que impugnaba su deportación nunca llegó a una audiencia judicial, dijo Claffey, porque el Departamento de Seguridad Nacional optó por resolver el asunto facilitando el regreso de Padilla.
Creado por la administración Obama en 2012, el DACA fue concebido como una medida provisional hasta que el Congreso pudiera aprobar una legislación, conocida como la Ley DREAM, para proporcionar estatus legal a una generación de jóvenes inmigrantes traídos a Estados Unidos sin que fuera su elección.
Para muchos de los llamados dreamers, Estados Unidos es el único hogar que han conocido. El ex presidente Barack Obama los describió como “estadounidenses en todo sentido salvo en el papel”. El DACA les permitió obtener licencias de conducir, pagar colegiaturas universitarias de residentes estatales y construir carreras. Muchos tienen ahora más de 30 años.
En una carta a los senadores demócratas en febrero, Kristi Noem, entonces secretaria de Seguridad Nacional, justificó el arresto y deportación de beneficiarios del DACA argumentando que el programa “no conlleva ningún derecho ni prerrogativa de permanecer indefinidamente en Estados Unidos”.
En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que cualquier persona cubierta por el DACA “puede estar sujeta a arresto y deportación por varias razones, incluyendo si ha cometido un delito”.
El mes pasado, la Junta de Apelaciones de Inmigración, que forma parte del Departamento de Justicia y supervisa los tribunales de inmigración, dictaminó que el estatus DACA no impide que sus beneficiarios sean deportados.
Miedo e incertidumbre
La decisión profundizó el miedo y la incertidumbre que se apoderan de los dreamers.
Muchos ya enfrentaban retrasos en la renovación de su estatus “diferido” y la autorización de empleo que lo acompaña. Históricamente, estas renovaciones, requeridas cada dos años, han tardado semanas en procesarse. Pero las esperas de meses se han vuelto comunes, y eso está costándoles a algunos beneficiarios su sustento. Abogados y grupos de defensa reportan una avalancha de llamadas de enfermeras, maestros y otros trabajadores en pánico que han sido expulsados de sus empleos.
Si bien un permiso de trabajo vencido puede significar una carrera en pausa y pérdida de ingresos, para beneficiarios del DACA como Padilla, el enfoque de la administración Trump significó una expulsión repentina.
En las primeras horas del 18 de agosto, estaba en la pista de un aeropuerto en Harlingen, Texas, un centro de deportaciones. Encadenado por la cintura, las muñecas y los tobillos, intentó una vez más exponer su caso. Su DACA estaba vigente, le dijo a las personas que lo transportaban, sin resultado.
“Fue como, Dios mío, he estado aquí toda mi vida, tengo una casa, tengo una esposa ciudadana estadounidense y tres hijos nacidos en Estados Unidos”, recordó haber pensado mientras subía a trompicones las escaleras del avión.
Aterrizó en el sureste de México desorientado, como un extraño en el país de su nacimiento. Su esposa le envió dinero y voló hacia el norte hasta Reynosa, frente a McAllen, Texas, para estar más cerca de su familia.
Sin importar los intentos
de regularización
Padilla y su esposa, Cynthia, están casados desde 2015. Pero no fue sino hasta junio de 2024 que ella comenzó a tramitar los papeles para patrocinarlo para una tarjeta de residencia permanente, un proceso que puede tomar años.
Mientras su abogada trabajaba para que regresara a Estados Unidos, Padilla encontró trabajo en una planta de manufactura de propiedad estadounidense.
Su esposa cerró su casa cerca de Corpus Christi y se fue a vivir con familiares cerca de McAllen. La reubicación les permitió a ella y a sus hijos, de 10, 7 y 4 años, cruzar la frontera los fines de semana para visitar a Padilla. La menor, una niña, lloraba cada vez que se despedía de su padre.
La abogada de Padilla presentó una queja en un tribunal federal en diciembre. Antes de que el juez resolviera, los abogados del gobierno acordaron en febrero readmitir a Padilla en Estados Unidos. Una semana después, un funcionario del ICE envió un correo electrónico a Claffey diciéndole que Padilla sería detenido a su llegada. Esto generó varias semanas más de incertidumbre, hasta que el ICE acordó no detenerlo de inmediato.
El 24 de abril, Padilla fue admitido por el puerto de entrada de Brownsville, Texas.
Él y su esposa saben que su odisea migratoria no habrá terminado verdaderamente hasta que tenga una tarjeta de residencia permanente.
“Todo lo que quiero es arreglar su estatus”, dijo Padilla. “Es un gran esposo, padre y trabajador”.
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