El hijo de un cazarrecompensas de Las Cruces acusado de delitos sexuales enfrenta ahora sus propios problemas legales, luego de que investigadores dijeran haber encontrado presuntamente pornografía infantil en su teléfono celular.
De acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Nuevo México, Matthew Esai Hernández, de 37 años, hijo del cazarrecompensas Robert Jay Hernández, de 62 años —conocido por las autoridades como el «fiador corrupto»—, fue acusado de intentar atraer a menores de edad a actividades sexuales, así como de recibir y poseer pornografía infantil, luego de que agentes federales catearan una vivienda en Las Cruces como parte de una investigación sobre el presunto caso de tráfico sexual y trabajo forzado de su padre.
Según documentos judiciales, el 12 de mayo de 2026 agentes federales ejecutaron una orden de cateo en la residencia, como parte de la investigación en curso contra Robert Jay Hernández. Durante el operativo, el FBI decomisó varios dispositivos electrónicos, entre ellos un teléfono celular perteneciente al hijo adulto del cazarrecompensas.
Una extracción forense del teléfono, realizada conforme a órdenes judiciales adicionales, reveló evidencia de que Matthew Hernández sostuvo comunicaciones de contenido sexual explícito con personas que se identificaron como menores de edad, y de que poseía Material de Abuso Sexual Infantil (CSAM, por sus siglas en inglés).
Según la acusación, Hernández utilizó aplicaciones de mensajería, entre ellas Telegram y Kik Messenger, para solicitar imágenes de contenido sexual explícito. En una conversación de Telegram, confirmó la edad de un menor y solicitó fotografías explícitas. En múltiples conversaciones de Kik, sostuvo intercambios de mensajes de contenido sexual con personas que dijeron ser menores de edad y recibió imágenes de CSAM.
En otra conversación prolongada de Telegram, que se extendió por aproximadamente 21 meses, Hernández presuntamente recibió numerosas imágenes y videos de CSAM que mostraban el abuso sexual de niños pequeños, y continuó recibiendo y poseyendo dicho material a lo largo de la comunicación.
Hernández está acusado de intento de coerción y captación de menores, recepción de pornografía infantil y posesión de pornografía infantil. Permanecerá bajo custodia mientras se define el juicio, para el cual aún no se ha fijado fecha. De ser declarado culpable de los cargos actuales, enfrenta una pena mínima de 25 años de prisión y hasta cadena perpetua.
El anuncio lo hicieron el primer fiscal federal auxiliar Ryan Ellison y Justin A. Garris, agente especial a cargo de la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Albuquerque.
El caso fue investigado por la agencia residente del FBI en Las Cruces, adscrita a la oficina de campo de Albuquerque, y es procesado por los fiscales federales auxiliares María Armijo y Grant Gardner, como parte del Proyecto Infancia Segura (Project Safe Childhood), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil, lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia. Encabezado por las oficinas de los fiscales federales y por la Sección de Explotación y Obscenidad Infantil (CEOS, por sus siglas en inglés), el Proyecto Infancia Segura moviliza recursos federales, estatales y locales para ubicar, detener y procesar de mejor manera a quienes explotan a menores a través de internet, así como para identificar y rescatar a las víctimas. Para más información sobre el Proyecto Infancia Segura, visite Justice.gov/PSC.
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El hijo de un cazarrecompensas de Las Cruces acusado de delitos sexuales enfrenta ahora sus propios problemas legales, luego de que investigadores dijeran haber encontrado presuntamente pornografía infantil en su teléfono celular.
De acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Nuevo México, Matthew Esai Hernández, de 37 años, hijo del cazarrecompensas Robert Jay Hernández, de 62 años —conocido por las autoridades como el «fiador corrupto»—, fue acusado de intentar atraer a menores de edad a actividades sexuales, así como de recibir y poseer pornografía infantil, luego de que agentes federales catearan una vivienda en Las Cruces como parte de una investigación sobre el presunto caso de tráfico sexual y trabajo forzado de su padre.
Según documentos judiciales, el 12 de mayo de 2026 agentes federales ejecutaron una orden de cateo en la residencia, como parte de la investigación en curso contra Robert Jay Hernández. Durante el operativo, el FBI decomisó varios dispositivos electrónicos, entre ellos un teléfono celular perteneciente al hijo adulto del cazarrecompensas.
Una extracción forense del teléfono, realizada conforme a órdenes judiciales adicionales, reveló evidencia de que Matthew Hernández sostuvo comunicaciones de contenido sexual explícito con personas que se identificaron como menores de edad, y de que poseía Material de Abuso Sexual Infantil (CSAM, por sus siglas en inglés).
Según la acusación, Hernández utilizó aplicaciones de mensajería, entre ellas Telegram y Kik Messenger, para solicitar imágenes de contenido sexual explícito. En una conversación de Telegram, confirmó la edad de un menor y solicitó fotografías explícitas. En múltiples conversaciones de Kik, sostuvo intercambios de mensajes de contenido sexual con personas que dijeron ser menores de edad y recibió imágenes de CSAM.
En otra conversación prolongada de Telegram, que se extendió por aproximadamente 21 meses, Hernández presuntamente recibió numerosas imágenes y videos de CSAM que mostraban el abuso sexual de niños pequeños, y continuó recibiendo y poseyendo dicho material a lo largo de la comunicación.
Hernández está acusado de intento de coerción y captación de menores, recepción de pornografía infantil y posesión de pornografía infantil. Permanecerá bajo custodia mientras se define el juicio, para el cual aún no se ha fijado fecha. De ser declarado culpable de los cargos actuales, enfrenta una pena mínima de 25 años de prisión y hasta cadena perpetua.
El anuncio lo hicieron el primer fiscal federal auxiliar Ryan Ellison y Justin A. Garris, agente especial a cargo de la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en Albuquerque.
El caso fue investigado por la agencia residente del FBI en Las Cruces, adscrita a la oficina de campo de Albuquerque, y es procesado por los fiscales federales auxiliares María Armijo y Grant Gardner, como parte del Proyecto Infancia Segura (Project Safe Childhood), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil, lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia. Encabezado por las oficinas de los fiscales federales y por la Sección de Explotación y Obscenidad Infantil (CEOS, por sus siglas en inglés), el Proyecto Infancia Segura moviliza recursos federales, estatales y locales para ubicar, detener y procesar de mejor manera a quienes explotan a menores a través de internet, así como para identificar y rescatar a las víctimas. Para más información sobre el Proyecto Infancia Segura, visite Justice.gov/PSC.
Diario MX
