Chihuahua.- Mientras Patricia Domínguez, de la Barra de Abogados de Parral, advirtió que el traslado de las salas Penal, Civil y Familiar a Chihuahua afectará la seguridad jurídica y mantendrán los amparos para revertirlo, Cruz David Palma Jáquez, representante de la Barra de Abogados de Camargo, respaldó la medida al considerar que permitirá mayor diversidad de criterios y reducirá tiempos y gastos para los litigantes.
La diferencia de posturas ocurre dentro de la misma región que durante más de una década concentró en Parral la atención de segunda instancia. Las salas Civil y Penal Regional fueron creadas formalmente en 2013 y posteriormente recibieron asuntos de los distritos judiciales Hidalgo, Andrés del Río, Arteaga, Camargo, Jiménez y Mina.
La cobertura comprende 24 municipios: Allende, Balleza, El Tule, Hidalgo del Parral, Huejotitán, Matamoros, Rosario, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Valle de Zaragoza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Guachochi, Morelos, Chínipas, Guazapares, Urique, Camargo, La Cruz, San Francisco de Conchos, Saucillo, Coronado, Jiménez, López y Guadalupe y Calvo.
El esquema cambió el pasado 13 de julio, cuando el Órgano de Administración Judicial (OAJ) autorizó trasladar ambas salas a Chihuahua capital, a petición de sus titulares, María Elizabeth Macías Márquez y Yamil Athie Gómez. Posteriormente, la Sala Penal Regional pasó a operar como Novena Sala Penal y la Civil y Familiar Regional como Segunda Sala Civil y Familiar, ambas con sede en Chihuahua.
El nuevo modelo también modifica el turno de las apelaciones, debido a que los asuntos procedentes de los seis distritos ya no quedarían concentrados en los dos magistrados radicados en Parral, sino distribuidos entre distintas salas de Chihuahua. El Poder Judicial planteó mantener en Parral personal para recibir promociones, digitalizar documentos y facilitar consultas y audiencias a distancia.
Ese cambio constituye el principal argumento de Palma Jáquez para respaldar la medida. El abogado explicó que para los litigantes del Distrito Judicial Camargo, integrado por Camargo, La Cruz, San Francisco de Conchos y Saucillo, acudir a Chihuahua representa una distancia similar a viajar a Parral, pero con la ventaja de que en la capital también operan los juzgados y tribunales federales que conocen de los amparos.
Según Palma Jáquez, actualmente un asunto puede requerir atención de la apelación en Parral y posteriormente obligar al abogado a trasladarse a Chihuahua por un juicio de amparo, lo que incrementa gastos y tiempos para los clientes. Añadió que en materia penal existen casos de personas originarias de aquella región recluidas en la capital, mientras sus recursos de apelación eran atendidos en Parral.
El representante de la Barra de Camargo reconoció que su agrupación no había solicitado previamente el traslado y que desde la regionalización adoptada hace más de una década los litigantes simplemente asumieron los costos de acudir a Parral. Sin embargo, afirmó que la mayoría de sus integrantes observa ahora un beneficio en concentrar trámites en Chihuahua.
Palma Jáquez también consideró que distribuir los asuntos entre distintos magistrados puede generar una mayor percepción de transparencia entre abogados y justiciables, al evitar que las resoluciones de una región permanezcan concentradas en una sola sala.
Mientras algunos aceptan juzgados en Distrito Parral, otros reclaman el traslado de salas a la capital
La postura contrasta con la planteada por Domínguez durante la reunión sostenida con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Marcela Herrera Sandoval; Macías Márquez y Athie Gómez, a la que también acudieron el presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, empresarios y abogados de Parral, Jiménez y Chihuahua.
Domínguez señaló que los asistentes expusieron afectaciones económicas y sociales para Parral, posibles violaciones al principio de progresividad y no regresión de los derechos humanos, además de cuestionar las facultades jurídicas empleadas para modificar la sede de las salas.
La abogada sostuvo que el argumento del Tribunal sobre una mayor diversidad de criterios genera el efecto contrario al planteado por Palma Jáquez, debido a que desde la perspectiva de los litigantes de Parral la variación entre magistrados puede afectar la seguridad jurídica de quienes recurren a una segunda instancia.
Durante el encuentro, añadió, el Tribunal no planteó la posibilidad de reconsiderar la decisión y únicamente pidió un voto de confianza a los asistentes, petición que fue rechazada por los representantes empresariales y jurídicos que mantienen su oposición al traslado.
Los abogados de Parral también cuestionaron el ofrecimiento del Poder Judicial para crear dos nuevos juzgados y gestionar más jueces para la región, al considerar que fortalecer la primera instancia no sustituye la permanencia de las salas de apelación y que la creación de nuevas plazas tendría que ajustarse al nuevo sistema de elección judicial.
Los primeros amparos contra el traslado ya fueron promovidos por litigantes de Parral, mientras la Barra de Abogados mantiene la intención de recurrir a otras vías jurídicas hasta conseguir que la determinación sea revisada y las salas regresen a la ciudad.
Así, mientras Parral mantiene un frente jurídico y empresarial para recuperar las salas que operaron en la ciudad durante más de una década, la Barra de Camargo sostiene que el mismo cambio puede representar menores costos, mayor agilidad y una distribución más amplia de los asuntos de segunda instancia.
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Chihuahua.- Mientras Patricia Domínguez, de la Barra de Abogados de Parral, advirtió que el traslado de las salas Penal, Civil y Familiar a Chihuahua afectará la seguridad jurídica y mantendrán los amparos para revertirlo, Cruz David Palma Jáquez, representante de la Barra de Abogados de Camargo, respaldó la medida al considerar que permitirá mayor diversidad de criterios y reducirá tiempos y gastos para los litigantes.
La diferencia de posturas ocurre dentro de la misma región que durante más de una década concentró en Parral la atención de segunda instancia. Las salas Civil y Penal Regional fueron creadas formalmente en 2013 y posteriormente recibieron asuntos de los distritos judiciales Hidalgo, Andrés del Río, Arteaga, Camargo, Jiménez y Mina.
La cobertura comprende 24 municipios: Allende, Balleza, El Tule, Hidalgo del Parral, Huejotitán, Matamoros, Rosario, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Valle de Zaragoza, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Guachochi, Morelos, Chínipas, Guazapares, Urique, Camargo, La Cruz, San Francisco de Conchos, Saucillo, Coronado, Jiménez, López y Guadalupe y Calvo.
El esquema cambió el pasado 13 de julio, cuando el Órgano de Administración Judicial (OAJ) autorizó trasladar ambas salas a Chihuahua capital, a petición de sus titulares, María Elizabeth Macías Márquez y Yamil Athie Gómez. Posteriormente, la Sala Penal Regional pasó a operar como Novena Sala Penal y la Civil y Familiar Regional como Segunda Sala Civil y Familiar, ambas con sede en Chihuahua.
El nuevo modelo también modifica el turno de las apelaciones, debido a que los asuntos procedentes de los seis distritos ya no quedarían concentrados en los dos magistrados radicados en Parral, sino distribuidos entre distintas salas de Chihuahua. El Poder Judicial planteó mantener en Parral personal para recibir promociones, digitalizar documentos y facilitar consultas y audiencias a distancia.
Ese cambio constituye el principal argumento de Palma Jáquez para respaldar la medida. El abogado explicó que para los litigantes del Distrito Judicial Camargo, integrado por Camargo, La Cruz, San Francisco de Conchos y Saucillo, acudir a Chihuahua representa una distancia similar a viajar a Parral, pero con la ventaja de que en la capital también operan los juzgados y tribunales federales que conocen de los amparos.
Según Palma Jáquez, actualmente un asunto puede requerir atención de la apelación en Parral y posteriormente obligar al abogado a trasladarse a Chihuahua por un juicio de amparo, lo que incrementa gastos y tiempos para los clientes. Añadió que en materia penal existen casos de personas originarias de aquella región recluidas en la capital, mientras sus recursos de apelación eran atendidos en Parral.
El representante de la Barra de Camargo reconoció que su agrupación no había solicitado previamente el traslado y que desde la regionalización adoptada hace más de una década los litigantes simplemente asumieron los costos de acudir a Parral. Sin embargo, afirmó que la mayoría de sus integrantes observa ahora un beneficio en concentrar trámites en Chihuahua.
Palma Jáquez también consideró que distribuir los asuntos entre distintos magistrados puede generar una mayor percepción de transparencia entre abogados y justiciables, al evitar que las resoluciones de una región permanezcan concentradas en una sola sala.
Mientras algunos aceptan juzgados en Distrito Parral, otros reclaman el traslado de salas a la capital
La postura contrasta con la planteada por Domínguez durante la reunión sostenida con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Marcela Herrera Sandoval; Macías Márquez y Athie Gómez, a la que también acudieron el presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, empresarios y abogados de Parral, Jiménez y Chihuahua.
Domínguez señaló que los asistentes expusieron afectaciones económicas y sociales para Parral, posibles violaciones al principio de progresividad y no regresión de los derechos humanos, además de cuestionar las facultades jurídicas empleadas para modificar la sede de las salas.
La abogada sostuvo que el argumento del Tribunal sobre una mayor diversidad de criterios genera el efecto contrario al planteado por Palma Jáquez, debido a que desde la perspectiva de los litigantes de Parral la variación entre magistrados puede afectar la seguridad jurídica de quienes recurren a una segunda instancia.
Durante el encuentro, añadió, el Tribunal no planteó la posibilidad de reconsiderar la decisión y únicamente pidió un voto de confianza a los asistentes, petición que fue rechazada por los representantes empresariales y jurídicos que mantienen su oposición al traslado.
Los abogados de Parral también cuestionaron el ofrecimiento del Poder Judicial para crear dos nuevos juzgados y gestionar más jueces para la región, al considerar que fortalecer la primera instancia no sustituye la permanencia de las salas de apelación y que la creación de nuevas plazas tendría que ajustarse al nuevo sistema de elección judicial.
Los primeros amparos contra el traslado ya fueron promovidos por litigantes de Parral, mientras la Barra de Abogados mantiene la intención de recurrir a otras vías jurídicas hasta conseguir que la determinación sea revisada y las salas regresen a la ciudad.
Así, mientras Parral mantiene un frente jurídico y empresarial para recuperar las salas que operaron en la ciudad durante más de una década, la Barra de Camargo sostiene que el mismo cambio puede representar menores costos, mayor agilidad y una distribución más amplia de los asuntos de segunda instancia.
Diario MX
