La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, negó que los lineamientos sobre derechos de las audiencias representen un mecanismo de censura y aclaró que sus disposiciones no se aplicarán a la prensa escrita, las plataformas digitales ni las redes sociales.
En la conferencia Derecho de Réplica, realizada en Palacio Nacional, la funcionaria sostuvo que los lineamientos sometidos a consulta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) están dirigidos exclusivamente a la radio y la televisión.
«Se ha dicho que estos lineamientos aplicarán para diferentes medios. Vale la pena aclarar que se está hablando de radio y televisión. No son lineamientos aplicables para redes sociales. No son lineamientos aplicables para prensa escrita», afirmó.
Alcalde acusó que, desde el inicio de la consulta pública, medios de comunicación, articulistas y usuarios de redes sociales impulsaron una narrativa para presentar la regulación como un intento del Gobierno por controlar la información y silenciar las críticas.
La Consejería Jurídica presentó fragmentos de noticiarios, notas periodísticas, columnas y mensajes en redes sociales en los que los lineamientos fueron descritos como una «ley censura», una regresión democrática o una amenaza para la libertad de expresión.
De acuerdo con el análisis mostrado, la conversación digital acumuló 34 mil menciones, generadas por 17 mil autores únicos, y alcanzó una audiencia potencial de 74.2 millones de personas.
Alcalde aseguró que los picos de actividad reflejaron una reacción coordinada para instalar el concepto de censura en la agenda pública.
La funcionaria rechazó que los lineamientos hayan sido elaborados por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum y explicó que la CRT los emitió para cumplir el mandato establecido en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Recordó que esa legislación concedió a la Comisión un plazo de un año para elaborar las reglas que permitirán aplicar los derechos de las audiencias.
Los lineamientos comenzaron a consultarse el 27 de julio y el periodo para recibir observaciones de concesionarios, organizaciones, especialistas y ciudadanos concluirá el 21 de agosto.
La Consejera sostuvo que los derechos incluidos en el proyecto tampoco son nuevos.
Explicó que ya estaban contemplados en la legislación de telecomunicaciones aprobada en 2014 por el PRI, PAN y PRD. Esa regulación reconocía el derecho a recibir información veraz y oportuna, distinguir las noticias de las opiniones, separar la publicidad de los contenidos y solicitar el derecho de réplica.
También obligaba a los medios a contar con códigos de ética y personas defensoras de las audiencias, además de establecer la intervención de la autoridad ante posibles incumplimientos.
Alcalde recordó que una reforma aprobada en 2017 eliminó algunos derechos y mecanismos de aplicación, pero la Suprema Corte consideró en 2022 que esa modificación representó un retroceso.
La legislación aprobada en 2025 recuperó esos derechos y ordenó a la nueva CRT emitir los lineamientos correspondientes, sostuvo.
Defiende distinciones
Alcalde afirmó que exigir a los medios distinguir las noticias de las opiniones no limita la libertad de expresión, sino que evita presentar una postura personal como si fuera un hecho comprobado.
Explicó que las estaciones podrán utilizar menciones, mensajes en pantalla, cortinillas o plecas para advertir a sus audiencias sobre la naturaleza del contenido transmitido.
La funcionaria comparó esa obligación con las prácticas de la prensa escrita y digital, donde las columnas de opinión aparecen diferenciadas de las notas informativas.
Alcalde también defendió la obligación de separar la publicidad de los contenidos editoriales, al considerar que una recomendación patrocinada no debe mostrarse como una evaluación independiente.
Sostuvo que ocultar los intereses comerciales detrás de un mensaje debilita la confianza en los medios y puede provocar que la audiencia reciba publicidad como si fuera información objetiva.
La Consejera dijo que las plataformas digitales ya utilizan etiquetas para identificar contenidos publicitarios y cuestionó que imponer una obligación similar a la radio y la televisión sea considerado censura.
Como parte de su defensa, mencionó regulaciones aplicadas en Reino Unido, la Unión Europea, Argentina, Brasil y Canadá para distinguir información, opinión y publicidad, así como para garantizar derechos de réplica o rectificación.
Alcalde concluyó que las disposiciones sometidas a consulta buscan proteger a las audiencias frente a contenidos engañosos y no impedir la difusión de críticas u opiniones. Reiteró que su alcance actual se limita a concesionarios y programadores de radio y televisión.
[#content_wordai]
La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, negó que los lineamientos sobre derechos de las audiencias representen un mecanismo de censura y aclaró que sus disposiciones no se aplicarán a la prensa escrita, las plataformas digitales ni las redes sociales.
En la conferencia Derecho de Réplica, realizada en Palacio Nacional, la funcionaria sostuvo que los lineamientos sometidos a consulta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) están dirigidos exclusivamente a la radio y la televisión.
«Se ha dicho que estos lineamientos aplicarán para diferentes medios. Vale la pena aclarar que se está hablando de radio y televisión. No son lineamientos aplicables para redes sociales. No son lineamientos aplicables para prensa escrita», afirmó.
Alcalde acusó que, desde el inicio de la consulta pública, medios de comunicación, articulistas y usuarios de redes sociales impulsaron una narrativa para presentar la regulación como un intento del Gobierno por controlar la información y silenciar las críticas.
La Consejería Jurídica presentó fragmentos de noticiarios, notas periodísticas, columnas y mensajes en redes sociales en los que los lineamientos fueron descritos como una «ley censura», una regresión democrática o una amenaza para la libertad de expresión.
De acuerdo con el análisis mostrado, la conversación digital acumuló 34 mil menciones, generadas por 17 mil autores únicos, y alcanzó una audiencia potencial de 74.2 millones de personas.
Alcalde aseguró que los picos de actividad reflejaron una reacción coordinada para instalar el concepto de censura en la agenda pública.
La funcionaria rechazó que los lineamientos hayan sido elaborados por instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum y explicó que la CRT los emitió para cumplir el mandato establecido en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Recordó que esa legislación concedió a la Comisión un plazo de un año para elaborar las reglas que permitirán aplicar los derechos de las audiencias.
Los lineamientos comenzaron a consultarse el 27 de julio y el periodo para recibir observaciones de concesionarios, organizaciones, especialistas y ciudadanos concluirá el 21 de agosto.
La Consejera sostuvo que los derechos incluidos en el proyecto tampoco son nuevos.
Explicó que ya estaban contemplados en la legislación de telecomunicaciones aprobada en 2014 por el PRI, PAN y PRD. Esa regulación reconocía el derecho a recibir información veraz y oportuna, distinguir las noticias de las opiniones, separar la publicidad de los contenidos y solicitar el derecho de réplica.
También obligaba a los medios a contar con códigos de ética y personas defensoras de las audiencias, además de establecer la intervención de la autoridad ante posibles incumplimientos.
Alcalde recordó que una reforma aprobada en 2017 eliminó algunos derechos y mecanismos de aplicación, pero la Suprema Corte consideró en 2022 que esa modificación representó un retroceso.
La legislación aprobada en 2025 recuperó esos derechos y ordenó a la nueva CRT emitir los lineamientos correspondientes, sostuvo.
Defiende distinciones
Alcalde afirmó que exigir a los medios distinguir las noticias de las opiniones no limita la libertad de expresión, sino que evita presentar una postura personal como si fuera un hecho comprobado.
Explicó que las estaciones podrán utilizar menciones, mensajes en pantalla, cortinillas o plecas para advertir a sus audiencias sobre la naturaleza del contenido transmitido.
La funcionaria comparó esa obligación con las prácticas de la prensa escrita y digital, donde las columnas de opinión aparecen diferenciadas de las notas informativas.
Alcalde también defendió la obligación de separar la publicidad de los contenidos editoriales, al considerar que una recomendación patrocinada no debe mostrarse como una evaluación independiente.
Sostuvo que ocultar los intereses comerciales detrás de un mensaje debilita la confianza en los medios y puede provocar que la audiencia reciba publicidad como si fuera información objetiva.
La Consejera dijo que las plataformas digitales ya utilizan etiquetas para identificar contenidos publicitarios y cuestionó que imponer una obligación similar a la radio y la televisión sea considerado censura.
Como parte de su defensa, mencionó regulaciones aplicadas en Reino Unido, la Unión Europea, Argentina, Brasil y Canadá para distinguir información, opinión y publicidad, así como para garantizar derechos de réplica o rectificación.
Alcalde concluyó que las disposiciones sometidas a consulta buscan proteger a las audiencias frente a contenidos engañosos y no impedir la difusión de críticas u opiniones. Reiteró que su alcance actual se limita a concesionarios y programadores de radio y televisión.
Diario MX
