En representación de unos 200 magistrados y trabajadores en retiro del Poder Judicial Federal (PJF), un grupo de ex juzgadores acudió al Senado a abogar por el pago de sus indemnizaciones.
Integrantes de la Comisión de Justicia del Senado tomaron nota de la inconformidad, valoraron la justeza de la petición y se comprometieron a abogar para que se les indemnice conforme a la ley.
«Si es un tema de recursos, tenemos que hablar a la Secretaría de Hacienda y acudir a la Presidencia de la República para poner fin a esta conflictividad frente a una demanda razonable», ofreció el presidente de la comisión, el morenista Javier Corral.
Por la Asociación Civil de Personas Juzgadoras en Retiro, asistieron su presidenta, Elba Sánchez Pozos, Froylán Muñoz Alvarado, Manuel Cano Máynez, Baltazar Castañón Gutiérrez y Reynaldo Manuel Reyes Rosas.
Los ex juxgadores alegaron que el artículo décimo transitorio de la reforma al PJF les confiere el incuestionable derecho del pago de tres meses de salario y 20 días por cada año de servicio prestado.
La doctora Sánchez Pozos intervino para explicar que, después de un año de gestiones ante varias instancias, no habían alcanzado una respuesta satisfactoria.
«Hoy acudimos al Senado para exponer una problemática institucional que afecta a 200 juzgadores, de los cuales 80 reclaman indemnizaciones y 120, pensiones complementarias», resumió.
«No venimos a solicitar privilegios, como se ha dicho en medios: venimos a evidenciar el incumplimiento de derechos expresamente protegidos por el poder reformador de la Constitución».
Sánchez Pozos explicó que el origen de la falta de pago de indemnizaciones y de una pensión complementaria, tenía que ver «en la interpretación del Órgano de Administración Judicial al artículo décimo transitorio de la reforma judicial vigente a partir del 16 de septiembre de 2024, que reconoció el derecho al pago de tres meses de salario integrado y 20 días por cada año de servicio prestados»
La doctora en Ciencias Jurídicas hizo notar que estas condiciones las cumplían los juzgadores que «concluyéramos el encargo por declinar su candidatura o no resultar electos sin establecer requisito alguno cuando este artículo entrara en vigor, cuya omisión tuviera como efecto la improcedencia del pago indemnizatorio».
«¿Por qué nos niegan el pago de la indemnización»?, protestó el Magistrado en retiro Manuel Cano Máynez, «después de que laboramos más de 30 años al servicio del PJF, exponiendo mi integridad y la de mi familia».
Tas considerar que los ex juzgadores habían quedado en un estado de indefensión, la senadora panista Guadalupe Murguía dijo que se sumaba a la propuesta planteada por la Magistrada Sánchez Pozos para que se impulsara un punto de acuerdo con el cual el Órgano de Administración de Justicia fuese apremiado a cubrir el pago de las indemnizaciones.
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En representación de unos 200 magistrados y trabajadores en retiro del Poder Judicial Federal (PJF), un grupo de ex juzgadores acudió al Senado a abogar por el pago de sus indemnizaciones.
Integrantes de la Comisión de Justicia del Senado tomaron nota de la inconformidad, valoraron la justeza de la petición y se comprometieron a abogar para que se les indemnice conforme a la ley.
«Si es un tema de recursos, tenemos que hablar a la Secretaría de Hacienda y acudir a la Presidencia de la República para poner fin a esta conflictividad frente a una demanda razonable», ofreció el presidente de la comisión, el morenista Javier Corral.
Por la Asociación Civil de Personas Juzgadoras en Retiro, asistieron su presidenta, Elba Sánchez Pozos, Froylán Muñoz Alvarado, Manuel Cano Máynez, Baltazar Castañón Gutiérrez y Reynaldo Manuel Reyes Rosas.
Los ex juxgadores alegaron que el artículo décimo transitorio de la reforma al PJF les confiere el incuestionable derecho del pago de tres meses de salario y 20 días por cada año de servicio prestado.
La doctora Sánchez Pozos intervino para explicar que, después de un año de gestiones ante varias instancias, no habían alcanzado una respuesta satisfactoria.
«Hoy acudimos al Senado para exponer una problemática institucional que afecta a 200 juzgadores, de los cuales 80 reclaman indemnizaciones y 120, pensiones complementarias», resumió.
«No venimos a solicitar privilegios, como se ha dicho en medios: venimos a evidenciar el incumplimiento de derechos expresamente protegidos por el poder reformador de la Constitución».
Sánchez Pozos explicó que el origen de la falta de pago de indemnizaciones y de una pensión complementaria, tenía que ver «en la interpretación del Órgano de Administración Judicial al artículo décimo transitorio de la reforma judicial vigente a partir del 16 de septiembre de 2024, que reconoció el derecho al pago de tres meses de salario integrado y 20 días por cada año de servicio prestados»
La doctora en Ciencias Jurídicas hizo notar que estas condiciones las cumplían los juzgadores que «concluyéramos el encargo por declinar su candidatura o no resultar electos sin establecer requisito alguno cuando este artículo entrara en vigor, cuya omisión tuviera como efecto la improcedencia del pago indemnizatorio».
«¿Por qué nos niegan el pago de la indemnización»?, protestó el Magistrado en retiro Manuel Cano Máynez, «después de que laboramos más de 30 años al servicio del PJF, exponiendo mi integridad y la de mi familia».
Tas considerar que los ex juzgadores habían quedado en un estado de indefensión, la senadora panista Guadalupe Murguía dijo que se sumaba a la propuesta planteada por la Magistrada Sánchez Pozos para que se impulsara un punto de acuerdo con el cual el Órgano de Administración de Justicia fuese apremiado a cubrir el pago de las indemnizaciones.
Diario MX
