Una jueza colombiana ordenó provisionalmente al Gobierno de Abelardo de la Espriella abstenerse de ejecutar bombardeos cuando exista información acerca de la presencia de menores reclutados por grupos armados ilegales.
La decisión judicial, fechada ayer y conocida por la prensa hoy, responde a una acción de amparo elevada por un ciudadano que dijo actuar en nombre de los menores víctimas de reclutamiento que se encuentren en campamentos de grupos ilegales y que puedan resultar afectados por operaciones aéreas ofensivas.
En menos de un mes de Gobierno, De la Espriella ha ejecutado al menos tres bombardeos contra distintos grupos armados ilegales, como parte de su estrategia de seguridad en la que ha prometido tener «mano de hierro».
Tres menores de edad fueron identificados por el instituto forense entre una decena de cuerpos que dejaron los operativos militares, que incluyeron un bombardeo el 27 de agosto en una zona selvática del municipio de El Retorno, en el departamento de Guaviare, en el centro-sur del país.
El Presidente y el Ministerio de Defensa defendieron la operación militar contra las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que continuaron en armas pese a que el Estado firmó un acuerdo de paz con la guerrilla hace una década.
Aseguraron que eran «combatientes» y responsabilizaron al grupo armado de violar el Derecho Internacional Humanitario al reclutar menores y utilizarlos como «escudos».
La jueza de un juzgado de Familia de Bogotá les ordenó, como medida provisional mientras decide de fondo el caso, que se «abstengan de ejecutar operaciones aéreas ofensivas sobre objetivos respecto de los cuales exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable acerca de la presencia» de menores reclutados, hasta tanto «se adopten y verifiquen las medidas de precaución y protección necesarias».
El Ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró en la red social X que se trata de un «fallo absurdo e inconstitucional» que será apelado.
Argumentó que establece un «criterio de una amplitud extraordinaria», que en un conflicto interno como el colombiano termina haciendo «materialmente imposible el empleo de los bombardeos aéreos».
El debate sobre los menores de edad reclutados en Colombia se ha sostenido a través de los años.
El Gobierno de Petro también fue cuestionado por ordenar bombardeos en los que murieron menores.
Tras ser reclutados bajo engaños, persuadidos con lujos o a la fuerza, los menores suelen ser utilizados para labores de vigilancia, tareas logísticas o de combate.
Además, la organización internacional Human Rights Watch denunció en su más reciente informe que los grupos armados ilegales los estarían entrenando en el manejo de drones cargados con explosivos.
Al menos 97 menores han sido reclutados forzadamente entre enero y julio, según la estatal Defensoría del Pueblo, especialmente en departamentos como Cauca y Nariño, en el suroeste, y Norte de Santander, en el noreste.
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Una jueza colombiana ordenó provisionalmente al Gobierno de Abelardo de la Espriella abstenerse de ejecutar bombardeos cuando exista información acerca de la presencia de menores reclutados por grupos armados ilegales.
La decisión judicial, fechada ayer y conocida por la prensa hoy, responde a una acción de amparo elevada por un ciudadano que dijo actuar en nombre de los menores víctimas de reclutamiento que se encuentren en campamentos de grupos ilegales y que puedan resultar afectados por operaciones aéreas ofensivas.
En menos de un mes de Gobierno, De la Espriella ha ejecutado al menos tres bombardeos contra distintos grupos armados ilegales, como parte de su estrategia de seguridad en la que ha prometido tener «mano de hierro».
Tres menores de edad fueron identificados por el instituto forense entre una decena de cuerpos que dejaron los operativos militares, que incluyeron un bombardeo el 27 de agosto en una zona selvática del municipio de El Retorno, en el departamento de Guaviare, en el centro-sur del país.
El Presidente y el Ministerio de Defensa defendieron la operación militar contra las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que continuaron en armas pese a que el Estado firmó un acuerdo de paz con la guerrilla hace una década.
Aseguraron que eran «combatientes» y responsabilizaron al grupo armado de violar el Derecho Internacional Humanitario al reclutar menores y utilizarlos como «escudos».
La jueza de un juzgado de Familia de Bogotá les ordenó, como medida provisional mientras decide de fondo el caso, que se «abstengan de ejecutar operaciones aéreas ofensivas sobre objetivos respecto de los cuales exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable acerca de la presencia» de menores reclutados, hasta tanto «se adopten y verifiquen las medidas de precaución y protección necesarias».
El Ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró en la red social X que se trata de un «fallo absurdo e inconstitucional» que será apelado.
Argumentó que establece un «criterio de una amplitud extraordinaria», que en un conflicto interno como el colombiano termina haciendo «materialmente imposible el empleo de los bombardeos aéreos».
El debate sobre los menores de edad reclutados en Colombia se ha sostenido a través de los años.
El Gobierno de Petro también fue cuestionado por ordenar bombardeos en los que murieron menores.
Tras ser reclutados bajo engaños, persuadidos con lujos o a la fuerza, los menores suelen ser utilizados para labores de vigilancia, tareas logísticas o de combate.
Además, la organización internacional Human Rights Watch denunció en su más reciente informe que los grupos armados ilegales los estarían entrenando en el manejo de drones cargados con explosivos.
Al menos 97 menores han sido reclutados forzadamente entre enero y julio, según la estatal Defensoría del Pueblo, especialmente en departamentos como Cauca y Nariño, en el suroeste, y Norte de Santander, en el noreste.
Diario MX
