Expertos constitucionalistas y en materia electoral alertaron que la propuesta de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias ponen en peligro el ejercicio de la democracia en el País, por el efecto negativo que habrá en particular sobre los procesos electorales.
Integrantes del llamado Observatorio Ciudadano, del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo (CEPNA), manifestaron que dicho documento afectaría la libertad de expresión y el derecho a la información, por el hecho de que el propio Gobierno podrá decidir qué es una noticia y qué es una opinión en los medios de comunicación.
Exigieron que, en el proceso de consulta sobre el tema que se lleva a cabo, se tomen en cuenta las opiniones que ya han expresado los especialistas y la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT).
«A la luz del sistema de acceso de partidos y candidatos a radio y televisión en precampañas y campañas electorales, que alienta el debate abierto, el contraste de las ideas y la crítica informada a través de esos medios, que el Gobierno pueda decidir qué es información, qué es opinión, qué es tratamiento noticioso y la aplicación de sanciones a los concesionarios, sería un paso más en el desmantelamiento de la democracia.
«Alertamos sobre el inevitable efecto negativo de esos lineamientos en el debate político diario y durante los procesos electorales. Sin libertad de expresión, no hay democracia real», expresaron en un pronunciamiento el investigador emérito de la UNAM, Diego Valadés, así como el experto en materia electoral Jorge Alcocer y el ex ministro José Ramón Cossío.
Destacaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha definido a la libertad de expresión como piedra angular de toda sociedad democrática, por lo que sin ella no existe opinión pública informada ni ciudadanía capaz de decidir.
El voto libre supone escuchar, contrastar, cuestionar, ejercer la crítica y discernir entre opciones diversas, subrayaron los expertos en su escrito, también firmado por Elba Arjona, doctora en derecho; Mariana Calderón, maestra en derecho electoral; Morelos Canseco, maestro en derecho constitucional y Fernán González de Castilla del Valle, académico.
Así como José de Jesús Orozco, ex magistrado electoral e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM); Natalia Reyes Heroles; ex secretaria general de la Suprema Corte; y Alma Zamora, secretaria técnica del CEPNA.
«Ninguna elección puede considerarse auténtica si la conversación pública se desarrolla bajo la limitación del debate en los medios por la amenaza de una multa o por la autocensura preventiva», advirtieron.
Recordaron que, desde la reforma del 2024, se destacó que otorgar las facultades para la salvaguarda de los derechos de las audiencias a una dependencia del Gobierno, desapareciendo al organismo autónomo que tenía esa tarea era un retroceso y un riesgo.
Señalaron que, desde entonces, también se advirtió que con dicha reforma el Gobierno podía erigirse en censor de los contenidos noticiosos, lo que abría el paso a una «autoritaria vigilancia» del debate público, con el único propósito de proteger al mismo Gobierno y a su partido.
Los expertos precisaron que por la relevancia de la televisión y la radio, durante las campañas electorales la ley entrega durante ese periodo su administración y vigilancia al INE, y su control constitucional y legalidad al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
«Eso se hizo para quitar al Gobierno la valoración y el juicio sobre el ejercicio de la libertad de expresión en el debate político -electoral.
«Imponer una nueva regulación, formulada unilateralmente por una dependencia del Gobierno, limitará gravemente el ejercicio pleno de la libertad de expresión, será una presión gubernamental para la autocensura en la televisión y la radio, que pronto podría extenderse a la prensa impresa y digital», previnieron.
Por eso, exigieron que la consulta pública sobre los lineamientos sea real.
«Que el gobierno atienda las críticas y propuestas, que han expresado periodistas, académicos, juristas, estudiosos de esta materia y la CIRT, quienes demandan preservar la libertad de expresión y el derecho a la información, en todo tiempo, en todos los espacios de comunicación y en particular en los procesos electorales que están por iniciar», manifestaron.
Expresaron su rechazo a los lineamientos, con la frase: «Sin debate libre no hay elecciones libres. No a la censura ni a la autocensura».
Indicaron que lo único positivo de dichos lineamientos son las medidas en materia de accesibilidad y fortalecimiento para los derechos de las audiencias.
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Expertos constitucionalistas y en materia electoral alertaron que la propuesta de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias ponen en peligro el ejercicio de la democracia en el País, por el efecto negativo que habrá en particular sobre los procesos electorales.
Integrantes del llamado Observatorio Ciudadano, del Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo (CEPNA), manifestaron que dicho documento afectaría la libertad de expresión y el derecho a la información, por el hecho de que el propio Gobierno podrá decidir qué es una noticia y qué es una opinión en los medios de comunicación.
Exigieron que, en el proceso de consulta sobre el tema que se lleva a cabo, se tomen en cuenta las opiniones que ya han expresado los especialistas y la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT).
«A la luz del sistema de acceso de partidos y candidatos a radio y televisión en precampañas y campañas electorales, que alienta el debate abierto, el contraste de las ideas y la crítica informada a través de esos medios, que el Gobierno pueda decidir qué es información, qué es opinión, qué es tratamiento noticioso y la aplicación de sanciones a los concesionarios, sería un paso más en el desmantelamiento de la democracia.
«Alertamos sobre el inevitable efecto negativo de esos lineamientos en el debate político diario y durante los procesos electorales. Sin libertad de expresión, no hay democracia real», expresaron en un pronunciamiento el investigador emérito de la UNAM, Diego Valadés, así como el experto en materia electoral Jorge Alcocer y el ex ministro José Ramón Cossío.
Destacaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ha definido a la libertad de expresión como piedra angular de toda sociedad democrática, por lo que sin ella no existe opinión pública informada ni ciudadanía capaz de decidir.
El voto libre supone escuchar, contrastar, cuestionar, ejercer la crítica y discernir entre opciones diversas, subrayaron los expertos en su escrito, también firmado por Elba Arjona, doctora en derecho; Mariana Calderón, maestra en derecho electoral; Morelos Canseco, maestro en derecho constitucional y Fernán González de Castilla del Valle, académico.
Así como José de Jesús Orozco, ex magistrado electoral e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM); Natalia Reyes Heroles; ex secretaria general de la Suprema Corte; y Alma Zamora, secretaria técnica del CEPNA.
«Ninguna elección puede considerarse auténtica si la conversación pública se desarrolla bajo la limitación del debate en los medios por la amenaza de una multa o por la autocensura preventiva», advirtieron.
Recordaron que, desde la reforma del 2024, se destacó que otorgar las facultades para la salvaguarda de los derechos de las audiencias a una dependencia del Gobierno, desapareciendo al organismo autónomo que tenía esa tarea era un retroceso y un riesgo.
Señalaron que, desde entonces, también se advirtió que con dicha reforma el Gobierno podía erigirse en censor de los contenidos noticiosos, lo que abría el paso a una «autoritaria vigilancia» del debate público, con el único propósito de proteger al mismo Gobierno y a su partido.
Los expertos precisaron que por la relevancia de la televisión y la radio, durante las campañas electorales la ley entrega durante ese periodo su administración y vigilancia al INE, y su control constitucional y legalidad al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
«Eso se hizo para quitar al Gobierno la valoración y el juicio sobre el ejercicio de la libertad de expresión en el debate político -electoral.
«Imponer una nueva regulación, formulada unilateralmente por una dependencia del Gobierno, limitará gravemente el ejercicio pleno de la libertad de expresión, será una presión gubernamental para la autocensura en la televisión y la radio, que pronto podría extenderse a la prensa impresa y digital», previnieron.
Por eso, exigieron que la consulta pública sobre los lineamientos sea real.
«Que el gobierno atienda las críticas y propuestas, que han expresado periodistas, académicos, juristas, estudiosos de esta materia y la CIRT, quienes demandan preservar la libertad de expresión y el derecho a la información, en todo tiempo, en todos los espacios de comunicación y en particular en los procesos electorales que están por iniciar», manifestaron.
Expresaron su rechazo a los lineamientos, con la frase: «Sin debate libre no hay elecciones libres. No a la censura ni a la autocensura».
Indicaron que lo único positivo de dichos lineamientos son las medidas en materia de accesibilidad y fortalecimiento para los derechos de las audiencias.
Diario MX
