La disputa territorial entre grupos del crimen organizado, en particular en el área del llamado Triángulo Dorado, en los límites con Durango y Sinaloa, y diversos proyectos mineros han incrementado el desplazamiento forzado de personas en Chihuahua, advirtieron organizaciones civiles.
Al presentar este martes el informe sobre una Misión Civil de Observación (MCO) realizada en mayo de este año, afirmaron que el desplazamiento se ve precedido en muchos casos por ataques focalizados, como amenazas, asesinatos, desapariciones forzadas, contra liderazgos comunitarios y por ataques generalizados con armas de alto calibre y drones con explosivos a la población civil de forma indiscriminada.
El informe de la MCO señala que, de acuerdo con estimaciones de organizaciones civiles y fuentes periodísticas, en 2025 se registraron al menos 4 mil 492 personas desplazadas en Chihuahua, de las cuales mil 335 salieron del municipio de Guadalupe y Calvo.
La mayoría de las personas desplazadas se han trasladado a la capital Chihuahua, a Delicias y a Parral.
Si bien la presencia y el control del crimen organizado en la zona del Triángulo Dorado, indica, no son fenómenos nuevos, en las últimas dos décadas la violencia se ha exacerbado, provocando el desplazamiento masivo de sus habitantes.
«En los casos documentados la MCO identificó una disputa geoestratégica por el control de territorios en el Triángulo Dorado, enmarcada en una reorganización profunda del crimen organizado, tanto a escala regional como nacional», explica.
«Esta disputa no involucra a la población civil como parte activa del conflicto, sino que la convierte en su principal víctima: ante la presencia y el avance de los grupos criminales en disputa, las y los habitantes de las comunidades afectadas se enfrentan prácticamente a tres únicas opciones: integrarse de manera forzada a las filas del crimen organizado, sufrir ataques directos, o desplazarse».
Vinculado con lo anterior, alerta, la MCO documentó un patrón sistemático de reclutamiento forzado como mecanismo de control y expansión de los grupos criminales en la región.
Además, la MCO identificó también un patrón en el que el desplazamiento forzado de comunidades precede al inicio de proyectos de explotación de recursos naturales.
El patrón fue documentado en los casos concretos de Monterde, municipio de Guazapares; de Los Trigos, municipio de Guachochi, y San Julián, municipio de Guadalupe y Calvo.
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La disputa territorial entre grupos del crimen organizado, en particular en el área del llamado Triángulo Dorado, en los límites con Durango y Sinaloa, y diversos proyectos mineros han incrementado el desplazamiento forzado de personas en Chihuahua, advirtieron organizaciones civiles.
Al presentar este martes el informe sobre una Misión Civil de Observación (MCO) realizada en mayo de este año, afirmaron que el desplazamiento se ve precedido en muchos casos por ataques focalizados, como amenazas, asesinatos, desapariciones forzadas, contra liderazgos comunitarios y por ataques generalizados con armas de alto calibre y drones con explosivos a la población civil de forma indiscriminada.
El informe de la MCO señala que, de acuerdo con estimaciones de organizaciones civiles y fuentes periodísticas, en 2025 se registraron al menos 4 mil 492 personas desplazadas en Chihuahua, de las cuales mil 335 salieron del municipio de Guadalupe y Calvo.
La mayoría de las personas desplazadas se han trasladado a la capital Chihuahua, a Delicias y a Parral.
Si bien la presencia y el control del crimen organizado en la zona del Triángulo Dorado, indica, no son fenómenos nuevos, en las últimas dos décadas la violencia se ha exacerbado, provocando el desplazamiento masivo de sus habitantes.
«En los casos documentados la MCO identificó una disputa geoestratégica por el control de territorios en el Triángulo Dorado, enmarcada en una reorganización profunda del crimen organizado, tanto a escala regional como nacional», explica.
«Esta disputa no involucra a la población civil como parte activa del conflicto, sino que la convierte en su principal víctima: ante la presencia y el avance de los grupos criminales en disputa, las y los habitantes de las comunidades afectadas se enfrentan prácticamente a tres únicas opciones: integrarse de manera forzada a las filas del crimen organizado, sufrir ataques directos, o desplazarse».
Vinculado con lo anterior, alerta, la MCO documentó un patrón sistemático de reclutamiento forzado como mecanismo de control y expansión de los grupos criminales en la región.
Además, la MCO identificó también un patrón en el que el desplazamiento forzado de comunidades precede al inicio de proyectos de explotación de recursos naturales.
El patrón fue documentado en los casos concretos de Monterde, municipio de Guazapares; de Los Trigos, municipio de Guachochi, y San Julián, municipio de Guadalupe y Calvo.
Diario MX
