Actores de Oposición advirtieron que la forma en que Ernesto Ruffo fue incluido de última hora en la indagatoria de la FGR sobre huachicol fiscal y el cambio de la instrucción con una juez electa por voto popular son prueba de que se construyó un caso por consigna y de justicia selectiva.
El asesor jurídico del Partido Acción Nacional, Roberto Gil, y los diputados panistas Germán Martínez y Federico Döring, y el emecista Gibrán Ramírez, expresaron su preocupación de cómo la elección de jueces es utilizada con fines políticos.
Sin opinar sobre el fondo de la acusación a Ernesto Ruffo sobre huachicol fiscal, sino de la forma en que fue imputado de último momento, con una juez recién electa, Roberto Gil opinó que la reforma judicial dinamitó la independencia y, por tanto, la imparcialidad de los jueces.
«Eso tiene nombre en la doctrina procesal: salir a pescar por el juez más a modo.
«La acusación no mejoró su prueba, mejoró su juez. Y cuando el resultado del proceso depende de quién resuelve, y quien resuelve depende de la conveniencia del acusador, la justicia pierde su imparcialidad, el imputado pierde su garantía y la Constitución pierde su imperio», aseguró.
Consideró que los hechos son preocupantes, cuando un juez de carrera negó 23 órdenes de aprehensión, porque la Fiscalía sostenía su acusación en «inferencias» sin fundamento.
Y tres semanas después, indicó, la misma Fiscalía, con las mismas constancias, presentó nueva solicitud, con dos imputados añadidos de último momento, entre ellos Ruffo, ante «una jueza de elección y de probable acordeón» que estaba de guardia y que libró las capturas en 24 horas, con prisión preventiva oficiosa de por medio.
En su momento, dijo, se advirtió que la elección popular de jueces produciría juzgadores disponibles para el Poder.
«El caso Ruffo es otra advertencia de la gravedad de la situación en la que nos ha puesto el régimen: el primer Gobernador de la alternancia democrática, fundador de una nueva Oposición, encarcelado por una orden dudosa de una juez que suple turno.
«Quien aplauda o valide hoy este modo de proceder debería preguntarse quién lo padecerá mañana. Cualquiera de nosotros puede estar en la situación que hoy enfrenta Ruffo», alertó Gil, al tiempo de remarcar que el ex Gobernador de Baja California enfrentará además la prisión preventiva, que es un castigo anticipado sin remedio efectivo.
Denunció que la audiencia de Ruffo ha sido a puerta cerrada, sin la presencia de su familia, de medios de comunicación ni público, cuando el proceso penal debe ser público, por disposición del artículo 20 constitucional.
Llamó a exigir que todas las audiencias del caso Ruffo sean públicas, para conocer pruebas, escuchar las partes y ver al juez de frente.
El diputado Germán Martínez aseguró que el caso de Ruffo es ejemplo de la justicia selectiva del Gobierno de Claudia Sheinbaum y de cómo se debió presionar a la juez de voto popular para que otorgara las órdenes de aprensión que antes habían sido negadas por un juez de carrera.
«Estos jueces no nos defienden, no defienden a los ciudadanos en México, defienden al Poder en México.
«No conozco el expediente de Ernesto Ruffo, pero jurídicamente no hay nada que hacer frente a jueces que no oyen la ley o frente a consignas del Poder.
«No hay nada que hacer jurídicamente, estamos indefensos. Lo debemos entender los mexicanos: no hay nada que hacer frente a la consigna del poderoso, a un juez arrodillado, a un juez del acordeón, a un juez del Bienestar. La Presidenta ya dijo que no había que seguir la ley, que había que seguir el sentido común», mencionó sobre cómo podrá Ruffo presentar su defensa.
Martínez Cázares agregó que el caso del ex Gobernador es muy grave porque muestra el derrumbe del Poder Judicial en México, porque ya no es cuestión de que se aplique la ley.
«Frente a la sorpresa y frente a la consigna, no hay defensa. ¿Por qué no hizo nada antes?, pues porque él acudió como testigo y luego le cambiaron su situación jurídica, de la noche a la mañana, literalmente, sin haberle hablado.
«Ya ha habido otras persecuciones políticas, pero esta es la más emblemática. Y sí, tristísimamente, Claudia Sheinbaum inaugura el México de perseguidos políticos que ellos dijeron combatir en el 68, que ellos dijeron combatir en el 88», expresó.
Agregó que la ciudadanía debe tomar conciencia de que lo que le pasó a Ruffo le puede pasar a cualquiera persona.
El vicecoordinador de los diputados del PAN, Federico Döring, también opinó que la FGR aplicó el refrán de que «a los amigos, gracia».
«Para distraer la atención del caso de Marina del Pilar y sus intentos de volverse ‘sapo’ en Panamá, de último momento, meten a Ernesto Ruffo (en el expediente) y cambian el juez con uno de consigna.
«Es lo mismo que hacía Ernestina (Godoy) en la Ciudad de México: inventar delitos con consigna política. Nada nuevo, así lo hicieron con Alejandra Cuevas, por presiones de Alejandro Gertz, y le quitaron más de 500 días de su vida y de su libertad, inventándole un delito
«Ahora lo harán con todos aquellos que cometan el delito de estorbarle al régimen, para seguir robando y enriqueciéndose en la impunidad», aseveró.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez, consideró que la forma en que fue detenido Ruffo Appel comprueba para qué se quería la reforma judicial.
«Se trata de la confirmación, casi confesión, de para qué buscaban partidizar el Poder Judicial y que, aunque en México ha sido una tradición la impartición selectiva de la justicia y su uso político, ahora no hay ni siquiera pudor para hacerlo», expresó.
Agregó que si revelara toda la trama mafiosa del huachicol fiscal en Baja California, la FGR tendría que llegar a muchos personajes de Morena.
Por ejemplo, dijo, tienen que explicar qué sucedió con el predio del senador de Morena Gerardo Novelo, quien fue vinculado en una investigación por el presunto almacenamiento ilícito de combustibles, tras el decomiso de 8 millones de litros en una propiedad.
El senador y ex dirigente del PAN, Marko Cortés, sostuvo que la ley debe aplicarse con el mismo rigor para todos, sin distingos políticos.
«Y el buen juez por su casa empieza. La pregunta sigue siendo ¿cuándo dejarán de proteger a gobernantes, funcionarios y ex funcionarios de Morena señalados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada», cuestionó.
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Actores de Oposición advirtieron que la forma en que Ernesto Ruffo fue incluido de última hora en la indagatoria de la FGR sobre huachicol fiscal y el cambio de la instrucción con una juez electa por voto popular son prueba de que se construyó un caso por consigna y de justicia selectiva.
El asesor jurídico del Partido Acción Nacional, Roberto Gil, y los diputados panistas Germán Martínez y Federico Döring, y el emecista Gibrán Ramírez, expresaron su preocupación de cómo la elección de jueces es utilizada con fines políticos.
Sin opinar sobre el fondo de la acusación a Ernesto Ruffo sobre huachicol fiscal, sino de la forma en que fue imputado de último momento, con una juez recién electa, Roberto Gil opinó que la reforma judicial dinamitó la independencia y, por tanto, la imparcialidad de los jueces.
«Eso tiene nombre en la doctrina procesal: salir a pescar por el juez más a modo.
«La acusación no mejoró su prueba, mejoró su juez. Y cuando el resultado del proceso depende de quién resuelve, y quien resuelve depende de la conveniencia del acusador, la justicia pierde su imparcialidad, el imputado pierde su garantía y la Constitución pierde su imperio», aseguró.
Consideró que los hechos son preocupantes, cuando un juez de carrera negó 23 órdenes de aprehensión, porque la Fiscalía sostenía su acusación en «inferencias» sin fundamento.
Y tres semanas después, indicó, la misma Fiscalía, con las mismas constancias, presentó nueva solicitud, con dos imputados añadidos de último momento, entre ellos Ruffo, ante «una jueza de elección y de probable acordeón» que estaba de guardia y que libró las capturas en 24 horas, con prisión preventiva oficiosa de por medio.
En su momento, dijo, se advirtió que la elección popular de jueces produciría juzgadores disponibles para el Poder.
«El caso Ruffo es otra advertencia de la gravedad de la situación en la que nos ha puesto el régimen: el primer Gobernador de la alternancia democrática, fundador de una nueva Oposición, encarcelado por una orden dudosa de una juez que suple turno.
«Quien aplauda o valide hoy este modo de proceder debería preguntarse quién lo padecerá mañana. Cualquiera de nosotros puede estar en la situación que hoy enfrenta Ruffo», alertó Gil, al tiempo de remarcar que el ex Gobernador de Baja California enfrentará además la prisión preventiva, que es un castigo anticipado sin remedio efectivo.
Denunció que la audiencia de Ruffo ha sido a puerta cerrada, sin la presencia de su familia, de medios de comunicación ni público, cuando el proceso penal debe ser público, por disposición del artículo 20 constitucional.
Llamó a exigir que todas las audiencias del caso Ruffo sean públicas, para conocer pruebas, escuchar las partes y ver al juez de frente.
El diputado Germán Martínez aseguró que el caso de Ruffo es ejemplo de la justicia selectiva del Gobierno de Claudia Sheinbaum y de cómo se debió presionar a la juez de voto popular para que otorgara las órdenes de aprensión que antes habían sido negadas por un juez de carrera.
«Estos jueces no nos defienden, no defienden a los ciudadanos en México, defienden al Poder en México.
«No conozco el expediente de Ernesto Ruffo, pero jurídicamente no hay nada que hacer frente a jueces que no oyen la ley o frente a consignas del Poder.
«No hay nada que hacer jurídicamente, estamos indefensos. Lo debemos entender los mexicanos: no hay nada que hacer frente a la consigna del poderoso, a un juez arrodillado, a un juez del acordeón, a un juez del Bienestar. La Presidenta ya dijo que no había que seguir la ley, que había que seguir el sentido común», mencionó sobre cómo podrá Ruffo presentar su defensa.
Martínez Cázares agregó que el caso del ex Gobernador es muy grave porque muestra el derrumbe del Poder Judicial en México, porque ya no es cuestión de que se aplique la ley.
«Frente a la sorpresa y frente a la consigna, no hay defensa. ¿Por qué no hizo nada antes?, pues porque él acudió como testigo y luego le cambiaron su situación jurídica, de la noche a la mañana, literalmente, sin haberle hablado.
«Ya ha habido otras persecuciones políticas, pero esta es la más emblemática. Y sí, tristísimamente, Claudia Sheinbaum inaugura el México de perseguidos políticos que ellos dijeron combatir en el 68, que ellos dijeron combatir en el 88», expresó.
Agregó que la ciudadanía debe tomar conciencia de que lo que le pasó a Ruffo le puede pasar a cualquiera persona.
El vicecoordinador de los diputados del PAN, Federico Döring, también opinó que la FGR aplicó el refrán de que «a los amigos, gracia».
«Para distraer la atención del caso de Marina del Pilar y sus intentos de volverse ‘sapo’ en Panamá, de último momento, meten a Ernesto Ruffo (en el expediente) y cambian el juez con uno de consigna.
«Es lo mismo que hacía Ernestina (Godoy) en la Ciudad de México: inventar delitos con consigna política. Nada nuevo, así lo hicieron con Alejandra Cuevas, por presiones de Alejandro Gertz, y le quitaron más de 500 días de su vida y de su libertad, inventándole un delito
«Ahora lo harán con todos aquellos que cometan el delito de estorbarle al régimen, para seguir robando y enriqueciéndose en la impunidad», aseveró.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez, consideró que la forma en que fue detenido Ruffo Appel comprueba para qué se quería la reforma judicial.
«Se trata de la confirmación, casi confesión, de para qué buscaban partidizar el Poder Judicial y que, aunque en México ha sido una tradición la impartición selectiva de la justicia y su uso político, ahora no hay ni siquiera pudor para hacerlo», expresó.
Agregó que si revelara toda la trama mafiosa del huachicol fiscal en Baja California, la FGR tendría que llegar a muchos personajes de Morena.
Por ejemplo, dijo, tienen que explicar qué sucedió con el predio del senador de Morena Gerardo Novelo, quien fue vinculado en una investigación por el presunto almacenamiento ilícito de combustibles, tras el decomiso de 8 millones de litros en una propiedad.
El senador y ex dirigente del PAN, Marko Cortés, sostuvo que la ley debe aplicarse con el mismo rigor para todos, sin distingos políticos.
«Y el buen juez por su casa empieza. La pregunta sigue siendo ¿cuándo dejarán de proteger a gobernantes, funcionarios y ex funcionarios de Morena señalados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada», cuestionó.
Diario MX
