El ex Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a autoridades de Estados Unidos de recurrir a calumnias y fabricar expedientes con pruebas hechizas en el caso del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del senador morenista Enrique Inzunza Cázarez.
En su libro Pueblo, el tabasqueño aborda la acusación presentada por el Departamento de Justicia contra ambos políticos y otros ocho funcionarios o ex funcionarios de Sinaloa y, al revisar lo ocurrido cinco meses después, atribuye el expediente a prácticas que considera habituales de las autoridades del vecino país.
«El miércoles 29 de abril me enteré de la acusación del Departamento de Justicia y agencias en contra del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; del senador Enrique Inzunza Cázarez de ese estado y de 8 funcionarios o ex funcionarios más, por presuntos delitos vinculados con sobornos de narcotraficantes», relata.
«Pues bien, ¿qué ha sucedido desde entonces, es decir, en estos cinco meses? Pues que, desde que entregué el original de este libro el 1.º de septiembre, no ha pasado, en esencia, nada nuevo; lo predecible: nuestros vecinos han aplicado el modus operandi de casi siempre; el de uso de testigos protegidos, el manejo de publicidad, las filtraciones, calumnias, los guiones a modo que entregan sus abogados a los acusados, la fabricación de expedientes con pruebas hechizas, premio o castigo y muchos otros viejos trucos».
López Obrador sostiene además que el procedimiento estadounidense tiene una motivación política o electoral, con la intención de responsabilizar a México de los problemas de drogadicción y migración que enfrenta Estados Unidos.
«No hay duda de ese sucio proceder, ni que se trata de un asunto político o electorero para impresionar o seguir manipulando a los ciudadanos estadounidenses sobre que México es el causante de la drogadicción en Estados Unidos y que ellos, los del partido gobernante, están acabando con la migración de gente mala y de narcotraficantes que envenenan a sus jóvenes», afirma.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública el 29 de abril una acusación contra Rocha, Inzunza y otros ocho funcionarios y ex funcionarios sinaloenses por presuntamente asociarse con el Cártel de Sinaloa para distribuir narcóticos en territorio estadounidense.
La imputación señala a Rocha y los otros acusados por una presunta colaboración con integrantes de la organización criminal a cambio de sobornos, apoyo político y protección institucional.
En el libro, López Obrador recuerda que, después de conocer las acusaciones, supo por los medios de comunicación que la Presidenta Claudia Sheinbaum había condicionado cualquier actuación de las autoridades mexicanas a la presentación de pruebas.
«También ese mismo día o al siguiente, supe por los medios de comunicación que la presidenta Claudia Sheinbaum había declarado de manera acertada y categórica que, si había pruebas, se procedería, porque los gobiernos de la Cuarta Transformación, a diferencia de los de antes, no otorgan a nadie impunidad», escribe.
El ex Mandatario refiere que Sheinbaum también advirtió que, de no existir elementos para proceder y tratarse de una acusación con fines políticos, el Gobierno mexicano denunciaría una intromisión de Washington.
«También sostuvo que si no había elementos para proceder y solo se trataba de una acusación con propósitos políticos y propagandísticos, se informaría al pueblo y se denunciarían el chantaje, la represalia y la intromisión del Gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo corresponden a los mexicanos», agrega.
La Fiscalía General de la República informó en julio que hasta entonces no contaba con pruebas que alcanzaran el parámetro probatorio mínimo requerido por la legislación mexicana contra Rocha, Inzunza y los otros señalados, aunque aclaró que la investigación continuaba.
López Obrador aborda el caso como parte una crítica más amplia a la estrategia estadounidense contra las drogas y acusa a Washington de utilizar el combate al narcotráfico como mecanismo de presión contra gobiernos que no se someten a sus decisiones.
«Pero nada de eso lo quieren ver, aceptan, ni mucho menos lo atienden los gobernantes de ese país y, por motivos fundamentalmente de índole político electoral, más bien de politiquería.
«Y últimamente, para controlar a gobiernos de países no alineados, solo simulan enfrentar este grave problema mediante el uso de la fuerza, la propaganda y la amenaza de acusar de narcoterroristas a las autoridades extranjeras que no se someten al mandato de quienes actúan como vulgares chantajistas y filibusteros», sostiene.
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El ex Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a autoridades de Estados Unidos de recurrir a calumnias y fabricar expedientes con pruebas hechizas en el caso del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del senador morenista Enrique Inzunza Cázarez.
En su libro Pueblo, el tabasqueño aborda la acusación presentada por el Departamento de Justicia contra ambos políticos y otros ocho funcionarios o ex funcionarios de Sinaloa y, al revisar lo ocurrido cinco meses después, atribuye el expediente a prácticas que considera habituales de las autoridades del vecino país.
«El miércoles 29 de abril me enteré de la acusación del Departamento de Justicia y agencias en contra del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; del senador Enrique Inzunza Cázarez de ese estado y de 8 funcionarios o ex funcionarios más, por presuntos delitos vinculados con sobornos de narcotraficantes», relata.
«Pues bien, ¿qué ha sucedido desde entonces, es decir, en estos cinco meses? Pues que, desde que entregué el original de este libro el 1.º de septiembre, no ha pasado, en esencia, nada nuevo; lo predecible: nuestros vecinos han aplicado el modus operandi de casi siempre; el de uso de testigos protegidos, el manejo de publicidad, las filtraciones, calumnias, los guiones a modo que entregan sus abogados a los acusados, la fabricación de expedientes con pruebas hechizas, premio o castigo y muchos otros viejos trucos».
López Obrador sostiene además que el procedimiento estadounidense tiene una motivación política o electoral, con la intención de responsabilizar a México de los problemas de drogadicción y migración que enfrenta Estados Unidos.
«No hay duda de ese sucio proceder, ni que se trata de un asunto político o electorero para impresionar o seguir manipulando a los ciudadanos estadounidenses sobre que México es el causante de la drogadicción en Estados Unidos y que ellos, los del partido gobernante, están acabando con la migración de gente mala y de narcotraficantes que envenenan a sus jóvenes», afirma.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública el 29 de abril una acusación contra Rocha, Inzunza y otros ocho funcionarios y ex funcionarios sinaloenses por presuntamente asociarse con el Cártel de Sinaloa para distribuir narcóticos en territorio estadounidense.
La imputación señala a Rocha y los otros acusados por una presunta colaboración con integrantes de la organización criminal a cambio de sobornos, apoyo político y protección institucional.
En el libro, López Obrador recuerda que, después de conocer las acusaciones, supo por los medios de comunicación que la Presidenta Claudia Sheinbaum había condicionado cualquier actuación de las autoridades mexicanas a la presentación de pruebas.
«También ese mismo día o al siguiente, supe por los medios de comunicación que la presidenta Claudia Sheinbaum había declarado de manera acertada y categórica que, si había pruebas, se procedería, porque los gobiernos de la Cuarta Transformación, a diferencia de los de antes, no otorgan a nadie impunidad», escribe.
El ex Mandatario refiere que Sheinbaum también advirtió que, de no existir elementos para proceder y tratarse de una acusación con fines políticos, el Gobierno mexicano denunciaría una intromisión de Washington.
«También sostuvo que si no había elementos para proceder y solo se trataba de una acusación con propósitos políticos y propagandísticos, se informaría al pueblo y se denunciarían el chantaje, la represalia y la intromisión del Gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo corresponden a los mexicanos», agrega.
La Fiscalía General de la República informó en julio que hasta entonces no contaba con pruebas que alcanzaran el parámetro probatorio mínimo requerido por la legislación mexicana contra Rocha, Inzunza y los otros señalados, aunque aclaró que la investigación continuaba.
López Obrador aborda el caso como parte una crítica más amplia a la estrategia estadounidense contra las drogas y acusa a Washington de utilizar el combate al narcotráfico como mecanismo de presión contra gobiernos que no se someten a sus decisiones.
«Pero nada de eso lo quieren ver, aceptan, ni mucho menos lo atienden los gobernantes de ese país y, por motivos fundamentalmente de índole político electoral, más bien de politiquería.
«Y últimamente, para controlar a gobiernos de países no alineados, solo simulan enfrentar este grave problema mediante el uso de la fuerza, la propaganda y la amenaza de acusar de narcoterroristas a las autoridades extranjeras que no se someten al mandato de quienes actúan como vulgares chantajistas y filibusteros», sostiene.
Diario MX
