El edificio sede del Poder Judicial Federal en Oaxaca, construido en la década pasada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), presenta múltiples fallas y se ha convertido en un problema para el nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ).
Los defectos del edificio, que costó 857 millones de pesos y que fue inaugurado en octubre de 2016, fueron diagnosticados desde 2021, y cinco años después no se han terminado los estudios necesarios para corregir.
Los problemas detectados incluyen separaciones, hundimientos y desplazamientos severos de los muros de contención; bardas perimetrales que no fueron construidas acorde a la normativa; una losa de concreto armado al centro de la planta baja del edificio principal que está causando afectaciones al sótano, fracturas en pisos de mármol y separaciones de muros interiores respecto de los pisos.
También se realizaron estudios de geotecnia, con radar de penetración y de riesgo sísmico, que tampoco han sido suficientes.
Fue hasta el pasado 21 de julio cuando el OAJ convocó a licitación para contratar a la empresa que complete estudios y se puedan mitigar los daños en 2027.
A finales de 2024, el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) demandó a la Sedena ante la Corte para exigir un finiquito de 255 millones de pesos por la obra derivada del convenio firmado en 2013, el cual solo duró dos años y fue calificado de ilegal por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya que el Ejército no tenía atribuciones para realizar obras públicas de otras dependencias.
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El edificio sede del Poder Judicial Federal en Oaxaca, construido en la década pasada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), presenta múltiples fallas y se ha convertido en un problema para el nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ).
Los defectos del edificio, que costó 857 millones de pesos y que fue inaugurado en octubre de 2016, fueron diagnosticados desde 2021, y cinco años después no se han terminado los estudios necesarios para corregir.
Los problemas detectados incluyen separaciones, hundimientos y desplazamientos severos de los muros de contención; bardas perimetrales que no fueron construidas acorde a la normativa; una losa de concreto armado al centro de la planta baja del edificio principal que está causando afectaciones al sótano, fracturas en pisos de mármol y separaciones de muros interiores respecto de los pisos.
También se realizaron estudios de geotecnia, con radar de penetración y de riesgo sísmico, que tampoco han sido suficientes.
Fue hasta el pasado 21 de julio cuando el OAJ convocó a licitación para contratar a la empresa que complete estudios y se puedan mitigar los daños en 2027.
A finales de 2024, el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) demandó a la Sedena ante la Corte para exigir un finiquito de 255 millones de pesos por la obra derivada del convenio firmado en 2013, el cual solo duró dos años y fue calificado de ilegal por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya que el Ejército no tenía atribuciones para realizar obras públicas de otras dependencias.
Diario MX
