El Parlamento de Venezuela aprobó este martes una reforma a la ley del sistema eléctrico nacional que abre la puerta a la inversión privada en este sector, en medio de una fuerte crisis por los largos apagones que golpean a gran parte del país.
La estatización del servicio de electricidad en 2007 propició la falta de inversión, corrupción y malos manejos que condujeron a que el país enfrentara un fuerte déficit de generación eléctrica. La ley fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional.
Esta reforma es la más reciente impulsada por la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien busca fomentar la inversión privada en sectores clave como el petróleo, el gas y la minería tras la captura de Nicolás Maduro en enero, y a pesar de la persistente cautela de los inversores.
Desde hace años, los venezolanos sufren deficiencias en los servicios públicos -especialmente en el suministro eléctrico, nacionalizado en 2007-, con millones de personas padeciendo apagones que duran horas o incluso días.
Gran parte de la red eléctrica local requiere un mantenimiento exhaustivo que no se ha llevado a cabo debido a años de falta de inversión, hiperinflación, sanciones y en medio de una profunda crisis económica y social.
Aunque Rodríguez ha señalado que garantizar un suministro eléctrico estable es una de sus prioridades, el país -que atraviesa una grave escasez de recursos- no ha logrado asegurar los pagos a los proveedores que podrían ayudar a restablecer el servicio. Actualmente, menos del 40 por ciento de la capacidad de generación eléctrica de Venezuela se encuentra operativa.
La nueva ley permite que privados ingresen al sector mediante empresas mixtas con el Estado, con una vigencia de hasta 25 años. Las compañías podrán operar bajo el régimen de concesiones, lo que revierte una ley de 2010 que reservaba esta industria exclusivamente para el Estado.
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El Parlamento de Venezuela aprobó este martes una reforma a la ley del sistema eléctrico nacional que abre la puerta a la inversión privada en este sector, en medio de una fuerte crisis por los largos apagones que golpean a gran parte del país.
La estatización del servicio de electricidad en 2007 propició la falta de inversión, corrupción y malos manejos que condujeron a que el país enfrentara un fuerte déficit de generación eléctrica. La ley fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional.
Esta reforma es la más reciente impulsada por la Presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien busca fomentar la inversión privada en sectores clave como el petróleo, el gas y la minería tras la captura de Nicolás Maduro en enero, y a pesar de la persistente cautela de los inversores.
Desde hace años, los venezolanos sufren deficiencias en los servicios públicos -especialmente en el suministro eléctrico, nacionalizado en 2007-, con millones de personas padeciendo apagones que duran horas o incluso días.
Gran parte de la red eléctrica local requiere un mantenimiento exhaustivo que no se ha llevado a cabo debido a años de falta de inversión, hiperinflación, sanciones y en medio de una profunda crisis económica y social.
Aunque Rodríguez ha señalado que garantizar un suministro eléctrico estable es una de sus prioridades, el país -que atraviesa una grave escasez de recursos- no ha logrado asegurar los pagos a los proveedores que podrían ayudar a restablecer el servicio. Actualmente, menos del 40 por ciento de la capacidad de generación eléctrica de Venezuela se encuentra operativa.
La nueva ley permite que privados ingresen al sector mediante empresas mixtas con el Estado, con una vigencia de hasta 25 años. Las compañías podrán operar bajo el régimen de concesiones, lo que revierte una ley de 2010 que reservaba esta industria exclusivamente para el Estado.
Diario MX
